Finanzas abiertas en Uruguay: abrir los datos no alcanza

Por Ernesto Scayola, socio de Consultoría de EY Uruguay

Una persona o una pyme puede acumular durante años información valiosa sobre sus ingresos, pagos, ventas y comportamiento financiero. Cuando esos datos permanecen dispersos entre distintas instituciones, sin embargo, sirven de poco a quien los generó: cuesta comparar ofertas, demostrar capacidad de pago o acceder a nuevos servicios.

El anteproyecto de ley de Finanzas Abiertas del Banco Central del Uruguay, presentado en junio de 2026 y remitido al Ministerio de Economía y Finanzas, apunta a cambiar eso: propone una infraestructura regulada, interoperable e interconectada para compartir información financiera y de pagos de manera segura. La oportunidad es importante, pero abrir los datos no alcanza. El desafío será que esa infraestructura se traduzca en soluciones confiables, simples y con beneficios concretos para personas y empresas.

El modelo parte de un principio: el usuario es dueño de los datos que genera con sus transacciones y debe poder decidir con quién los comparte y con qué finalidad. De ahí la exigencia de un consentimiento previo, expreso, informado y revocable.

Lo novedoso no es declarar que los datos pertenecen al usuario, sino darle la capacidad efectiva de usarlos en su beneficio. Hoy esa información está repartida entre distintas instituciones, lo que dificulta comparar ofertas, cambiar de proveedor y abrirle la cancha a nuevos competidores.

El sistema busca sustituir gradualmente esa fragmentación por interfaces seguras y estandarizadas, a las que los participantes habilitados accederán con autorización del usuario. El alcance de la información compartida, los estándares aplicables y el cronograma de incorporación los definirá el Banco Central.

Para las personas, el futuro sistema podría facilitar la integración de información de distintas instituciones, la comparación de productos y condiciones, y el acceso a servicios más ajustados a su perfil. También les daría mejores elementos para demostrar su comportamiento financiero.

Esto importa sobre todo a quienes hoy tienen poca historia crediticia. El uso seguro y consentido de datos transaccionales puede complementar los mecanismos tradicionales de evaluación de riesgo y acercarlos al crédito formal.

Ahora bien, más información no significa automáticamente mejores tasas ni mayor financiamiento. Para que eso ocurra harán falta proveedores dispuestos a usar esos datos, modelos de evaluación adecuados y competencia suficiente para trasladar al usuario la reducción de las asimetrías de información.

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La posibilidad de iniciar operaciones, incluidos pagos, desde plataformas de terceros habilitados abre además la puerta a experiencias más integradas: ver cuentas de distintas instituciones en un mismo lugar o autorizar un pago sin pasar por la aplicación del banco donde se tiene la cuenta. Todo dependerá, claro, de la regulación final y de los servicios que efectivamente se desarrollen.

Para las pequeñas y medianas empresas el impacto puede ser todavía mayor. Una pyme acumula años de movimientos de cuenta, pagos y ventas, pero rara vez logra usar esa historia cuando pide financiamiento a una institución con la que no tiene relación previa. El acceso consentido a esos datos permite construir evaluaciones crediticias más completas y más cercanas a la realidad del negocio.

En los hechos, eso podría facilitar el acceso al crédito formal, complementar la información contable y crediticia tradicional, ampliar las alternativas de financiamiento, reducir la dependencia de mecanismos informales y empujar hacia una mayor formalización de la actividad económica.

El propio anteproyecto reconoce que las fricciones de información pesan en el acceso al financiamiento y golpean con más fuerza a quienes tienen escasa historia crediticia. Aun así, la sola disponibilidad de datos no baja los costos financieros: eso dependerá de la calidad de la información, de cómo se la interprete y de que exista competencia real entre los oferentes.

El anteproyecto incorpora nuevos actores: los Terceros Proveedores de Servicios. Con autorización del usuario, y previo registro y habilitación ante el Banco Central, podrán ofrecer soluciones basadas en el acceso y tratamiento de información financiera o prestar servicios de iniciación de operaciones a través de las interfaces del sistema.

Ahí hay espacio para agregadores de información, herramientas de gestión financiera, modelos alternativos de evaluación crediticia y servicios de iniciación de pagos.

Del otro lado, las instituciones alcanzadas como Proveedores de Acceso a Información deberán desarrollar y mantener interfaces interoperables y seguras. El cambio, entonces, no es solo tecnológico: los actores tradicionales tendrán que competir en un entorno donde la información circula con más facilidad, y los nuevos proveedores deberán probar que generan valor sin resentir la privacidad ni la seguridad de los usuarios.

Conviene, de todos modos, no leer esto solamente como una carga para las instituciones financieras. El régimen funciona en las dos direcciones: en la medida en que la regulación lo habilite, un banco también podrá acceder, con consentimiento del cliente, a información que hoy está en poder de un competidor. Eso altera la lógica de captación. Hasta ahora la ventaja la tenía quien concentraba la cuenta sueldo o el historial transaccional de una empresa; en adelante, esa ventaja pasa a ser disputable en ambos sentidos.

Las oportunidades son bastante concretas: procesos de alta de clientes más rápidos y con menos papeleo, modelos de riesgo alimentados con la foto completa de ingresos y egresos y no solo con la porción que ve cada institución, precios mejor ajustados al riesgo real y ofertas basadas en necesidades observadas en lugar de supuestos. En un mercado chico y concentrado como el uruguayo, donde la relación con el cliente suele pesar más que el producto, la pregunta relevante para cada institución no es tanto cómo cumplir con la norma, sino si va a usar el nuevo régimen para salir a competir o se va a limitar a abrir sus interfaces y esperar.

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El diseño propuesto incorpora elementos alineados con las prácticas que el propio anteproyecto identifica como necesarias:

· consentimiento informado y revocable;

· prohibición del uso de credenciales financieras por terceros;

· interfaces estandarizadas y seguras;

· regulación, supervisión y vigilancia a cargo del Banco Central del Uruguay;

· implementación gradual;

· condiciones de acceso bajo criterios de transparencia y no discriminación.

Pero la experiencia internacional que cita la propia exposición de motivos muestra que la infraestructura, por sí sola, no garantiza los beneficios esperados. La efectividad dependerá de estándares técnicos comunes, reglas claras de consentimiento y revocación, protección de datos, seguridad y una gobernanza capaz de coordinar a los participantes. Y también de algo más terrenal: si compartir información resulta engorroso, si la propuesta de valor no se entiende o si las personas no confían en los nuevos proveedores, la adopción será marginal.

Las finanzas abiertas son una oportunidad real para mejorar la eficiencia del sistema, promover la innovación y ampliar la inclusión financiera. Para las personas y las pymes, su valor estará en convertir información hoy dispersa en mejores decisiones y en evaluaciones más ajustadas. Para bancos, fintech y demás participantes, en definir a tiempo si el nuevo régimen será una obligación que se cumple o una herramienta con la que salir a competir.

El éxito, sin embargo, no debería medirse por la aprobación de la ley, la cantidad de participantes registrados ni el número de interfaces disponibles, sino por resultados concretos: que una persona pueda decidir mejor, que una pyme acceda a una evaluación de riesgos más adecuada y que aparezcan servicios capaces de resolver necesidades hoy mal atendidas. Abrir el sistema es el punto de partida. Lo que venga después dependerá de la ejecución del regulador, de las instituciones y de los propios usuarios, y de algo menos técnico, pero igual de decisivo: que quien entrega su información confíe en quien la recibe.