Los múltiples cambios al proyecto original de la Ley Ómnibus que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso terminaron de reconfigurar el plan de ajuste fiscalen Argentina.

Ante la falta de consensos incluso con la oposición más dialoguista, la Casa Rosada se vio forzada a ceder y a retirar de la iniciativa el controvertido capítulo fiscal. Con la eliminación de la suba de retenciones, el blanqueo de capitales, las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias para que unas 800.000 personas vuelvan a pagarlo y los cambios en la fórmula de actualización de las jubilaciones, el gobierno ahora deberá compensar con otros recortes el ajuste equivalente al 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB) contenido en las medidas finalmente retiradas del proyecto.

“Las modificaciones representan un impacto para el plan económico del gobierno. Sin embargo, el objetivo continúa siendo alcanzar el equilibrio financiero este año. Para llegar a esa meta, no habrá otra opción que introducir más recortes, sobre todo en el área de seguridad social, además de actualizar el impuesto a los combustibles y continuar con la licuación del gasto público por el aumento de la inflación”, dijo a El País Fernando Baer, economista asociado de Quantum Finanzas, en Buenos Aires.

Con una bancada propia de apenas 38 diputados sobre un total de 257 y de solo siete senadores sobre 72, Milei descubrió a poco de comenzar su mandato los límites a los que se enfrenta para aprobar iniciativas en el Congreso.

De hecho, de los 664 artículos que tenía el proyecto original de Ley Ómnibus, solo 224 quedaron en pie. Al término del proceso, la poda podría ser mayor. Parte de la oposición que acepta negociar con el gobierno anticipó el voto favorable en general para el proyecto de ley recortado, pero podría rechazar varios artículos cuando se desarrolle la votación en particular.

No obstante, aún en medio de esas dificultades, el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, continúan apostando a alcanzar el equilibrio financiero este año. Se trata de un objetivo difícil de lograr dado que el déficit financiero total del año pasado fue equivalente al 6,1% del PIB. Sin la suba de impuestos y los recortes que habían sido incluidos en el proyecto de Ley Ómnibus, el gobierno deberá encarar una reducción adicional de gastos por unos US$ 5.500 millones.

“Es un gran desafío, pero no es imposible de alcanzar. En el déficit financiero del año pasado hay más de 1,5% del PIB que se sumó por un pago anticipado de una deuda con el Banco Central. Con eso, el punto de partida corregido es 4,4% del PIB. Hay 0,8% del PIB menos que hay que ajustar”, dijo a El País Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, en Buenos Aires.

Aún con esas correcciones, el gobierno deberá recortar varias partidas y una de las apuntadas es la que corresponde a las transferencias discrecionales a las provincias.

Esos envíos, que se diferencian de las transferencias automáticas establecidas por el régimen de coparticipación federal, representaron el año pasado el 0,7% del PIB. Esos fondos suelen destinarse a complementar los salarios de los docentes y policías provinciales, además de aportar a las cajas de jubilaciones de las provincias, entre otros rubros.

El destino arbitrario de esos recursos ha respondido en los últimos años a intereses políticos. Así, en 2023 la provincia más favorecida fue Buenos Aires, un distrito en el que el gobernador Axel Kicillof jugaba su reelección. Según un informe de Ieral, de la Fundación Mediterránea, hacia esa provincia se dirigió el 49,5% de las transferencias corrientes distribuidas en 2023.

Otras provincias que recibieron el año pasado transferencias discrecionales por arriba de su participación en la población fueron La Rioja, Chaco, Santa Cruz, Santiago del Estero, Neuquén, Formosa, Catamarca, La Pampa y Tierra del Fuego, todas afines al anterior gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Las transferencias crecieron muy fuerte el año pasado y gran parte se dirigió a la provincia de Buenos Aires. Al gobierno nacional no le costaría mucho confrontar con el gobernador Kicillof y pasar a girarle fondos que se correspondan con lo que históricamente recibía la provincia de Buenos Aires”, dijo Repetto.

La otra partida clave que el gobierno tiene en la mira es seguridad social, que representa el 40% del gasto público total. Si bien el gobierno no logró eliminar la actual fórmula que actualiza los haberes de jubilados y beneficiarios de planes sociales, el tijeretazo previsto del 0,4% del PIB en ese rubro se concretaría de todos modos.

“Desde el punto de vista de los gastos, el ajuste en seguridad social puede darse dado que la actual fórmula (sobre cuánto deben variar las pasividades) no se ajusta por inflación, sino por recaudación e ingresos reales, con lo que el mecanismo actual continuará perjudicando a los jubilados. Esa es la partida de mayor participación en el gasto y es adonde el gobierno apunta para lograr el mayor ahorro”, dijo Baer.