El Congreso del estado mexicano de Sinaloa (noroeste) designó ayer sábado a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, minutos después de aprobar por unanimidad la licencia temporal solicitada por el mandatario Rubén Rocha Moya, en medio de una investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico que pusieron nervioso al gobierno de EE.UU. y ha tensado las relaciones entre ambos países.
La designación se realizó durante una sesión extraordinaria del Congreso local, en la que previamente el pleno avaló la separación del cargo de Rocha Moya por un periodo mayor a 30 días. Con este nombramiento, Bonilla Valverde se convierte en la primera mujer en asumir la gubernatura de Sinaloa.
La decisión ocurre en un contexto de tensión política, luego de que el gobernador solicitara licencia el viernes tras las acusaciones formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo señalan, junto con otros funcionarios, de presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa. Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y afirmó que su separación del cargo busca facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con experiencia en el ámbito social y educativo, donde participó en actividades de atención a la infancia y trabajó como asistente educativa para niños indígenas en el sector agrícola. En 2024 regresó al Congreso local como diputada de la LXV Legislatura, en esta ocasión postulada por el Partido Verde Ecologista de México.
Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil -otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU.-, solicitó licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal entró como su sustituta. Entre los acusados también están el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez y el excomandante de la Policía municipal de Culiacán Juan Valenzuela Millán. Asimismo, figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad, como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.
El impacto en Estados Unidos
Sinaloa atraviesa un contexto de violencia que se ha prolongado por más de un año y medio, lo que añade presión al proceso de designación del Gobierno interino. Esto ha puesto en jaque al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y también a la administración Trump por el impacto potencial de esta situación vinculado al narcotráfico en su país.
Relación de EE.UU.
La reciente petición de EE.UU para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien acusan de vínculos con el narcotráfico, supone para México entrar en terreno desconocido en su relación con su vecino del norte, ya que apunta directamente a las presuntas actividades criminales de un gobernador activo perteneciente al partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En medio de una tormenta política después de que saliera a la luz la acusación del Departamento de Justicia contra el gobernador y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa, el Ejecutivo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se enfrenta a un “punto de inflexión” con Estados Unidos en la relación bilateral, advirtió ayer sábado Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte.
Para el especialista en seguridad, esta petición de extradición contra Rocha Moya, del mismo partido que Sheinbaum, genera a México “problemas en todos los sentidos” al ser un “golpe muy fuerte” para el Gobierno federal y su estrategia de cooperación con la Casa Blanca, sobre todo desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump. Además, es todo un “reto” para la política de seguridad de México, que había tenido recientemente resultados “muy notables” como el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, y la detención la semana pasada de su supuesto sucesor, conocido como El Jardinero.
En el hipotético caso de que México opte por no entregar al gobernador de Sinaloa, podrían abrirse diversas represalias por parte del Gobierno estadounidense.
Acusados de vínculos con cártel
El gobernador mexicano del oficialismo acusado de nexos con el narcotráfico por Estados Unidos, Rubén Rocha Moya, es cercano al expresidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y tachó de “falsas y dolosas” las acusaciones de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que pidió su captura con fines de extradición. “Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia (separación) temporal al cargo de gobernador”, dijo en un anuncio difundido en YouTube. Estados Unidos transmitió al gobierno mexicano la solicitud para que Rocha Moya sea detenido junto con otros nueve políticos del oficialismo. La fiscalía estadounidense acusa al gobernador y a los otros nueve políticos de haberse asociado con el cártel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”. Ocurrieron dos renuncias que se conocieron unas horas después de que la fiscalía general mexicana señalara que no hay pruebas para detenerlos, y de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera que su gobierno no aceptará intervenciones de gobiernos extranjeros. EFE
Con información de EFE y AFP
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