La Justicia de Brasil autorizó ayer martes la apertura de una tercera investigación por tráfico de influencias contra Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La nueva investigación contra “Lulinha” fue ordenada por el magistrado Flávio Dino, un importante aliado de Lula, de quien fue ministro de Justicia, a petición de la Policía Federal.
Dino, a petición de los abogados de Lulinha, también autorizó la apertura de una investigación para determinar quién filtró a la prensa detalles sobre los otros dos procesos, que están protegidos por sigilo y fueron autorizados por otro magistrado.
La apertura de las investigaciones se conoce a dos meses de las elecciones en las que Lula intentará su reelección y en las que su principal rival será el senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.
En un comunicado divulgado por sus abogados, el hijo de Lula, que reside en España, afirmó que recibió “con tranquilidad” la información de la apertura de una nueva investigación en su contra. Lulinha dio a entender igualmente que las acusaciones tienen finalidades electorales.
Pese a que sus abogados llegaron a mencionarlo la semana pasada, Lulinha se abstuvo de indicar si regresará a Brasil para responder a los respectivos interrogatorios. En una entrevista que concedió la semana pasada, Lula afirmó que su hijo no gozará de ningún tipo de privilegio.
“Si mi hijo es acusado de cualquier cosa, será tratado como el hijo de cualquier persona. Jamás le pediré a un comisario o a un juez que no haga las cosas correctas. Él tendrá que probar que es inocente como yo lo hice (en sus procesos por corrupción) y, si es culpable, tendrá que pagar como todo el mundo paga cuando se equivoca”, aseguró.
En las tres investigaciones, el hijo de Lula es acusado de haber practicado tráfico de influencias ante organismos del Gobierno para favorecer intereses empresariales.
En el primer caso es acusado de haber intermediado ante el Ministerio de Salud a favor de un empresario que requirió autorizaciones para comercializar medicinas fabricadas con cannabis. En el segundo se intenta establecer si intermedió ante la estatal Empresa de Tecnología e Informaciones de la Seguridad Social (Dataprev) para beneficiar a un empresario a adjudicarse contratos.
La nueva investigación tiene como blanco un grupo de empresarios que supuestamente promovió negocios irregulares con organismos del Gobierno.
Asesor investigado
Además de la nueva investigación a su hijo, Lula también está salpicado por una sospecha contra uno de sus principales asesores.
Reunidos ayer martes en Brasilia, el comité ejecutivo nacional del Partido de los Trabajadores (PT) analizó la situación del exjefe de gabinete de la Presidencia, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como Marcola, quien recibió una transferencia de fondos de la empresaria Roberta Luchsinger. Se considera que, para que el asesor de Lula permanezca en el equipo de coordinación de su campaña de reelección, deberá presentar pruebas de haber reembolsado el supuesto préstamo.
Romênio Pereira, secretario de asuntos internacionales, afirmó que el caso del exjefe de gabinete es un “problema” que debe ser analizado por la dirección del PT, al igual que los episodios que involucran al senador Jaques Wagner, también del PT, y a Lulinha, erl hijo del presidente. Según miembros del comité ejecutivo, tras bambalinas de la reunión en la sede del PT en Brasilia, se hicieron comentarios que cuestionaban la continuidad de Marcola en la coordinación de la campaña.
La transferencia financiera realizada por Roberta a Marcola está siendo investigada por la Policía Federal. La empresaria ha sido identificada como lobista involucrada en el esquema de fraude del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). EFE, OGlobo (GDA)