La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se enfrenta a diferencias con Estados Unidos por el pedido de extradición del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de vínculos con el narcotráfico. "Ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos un pueblo que ama la libertad y soberanía y que está dispuesto a defenderla", sostuvo este martes la mandataria. Advirtió que “quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”.
Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios estatales están acusados de presuntos nexos con el narcotráfico.
Al encabezar la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, la jefa del Ejecutivo también advirtió: "Están destinados a la derrota quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, así como aquellos quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades".
En la capital poblana y acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como por representantes del Poder Legislativo y Judicial, la Sheinbaum pidió al gobierno de Estados Unidos recordar la relación que hubo entre los presidentes Benito Juárez; y su homólogo estadounidense Abraham Lincoln, cuando este último reconoció al gobierno republicano y apoyó al gobierno juarista.
La mandataria aseguró que estas fueron de las acciones "más loables de la histórica relación bilateral".
Sin embargo, advirtió a cualquier gobierno extranjero que "los mexicanos no se equivocan cuando se trata de defender la soberanía nacional".
Rubén Rocha Moya, acusado de vinuclación con cártel de Sinaloa
Los fiscales de Manhattan acusan a Rocha y a otros funcionarios de un plan que duró años para proteger al cártel de Sinaloa —la organización criminal dominante de su estado y el principal proveedor de fentanilo a Estados Unidos— a cambio de sobornos y ayuda para ser elegidos.
Rocha calificó las acusaciones como un complot estadounidense para atacar a Morena, el partido político de izquierda al que pertenecen tanto él como Sheinbaum. "Es parte de una estrategia perversa para violar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional" de México, afirmó en un comunicado la semana pasada.
El jueves, Sheinbaum habló públicamente por primera vez desde que se hizo pública la acusación formal, e inmediatamente dejó claro que estaba preparada para enfrentarse a Estados Unidos.
“No vamos a encubrir a nadie que haya cometido un delito”, declaró en el comunicado con el que abrió su conferencia de prensa diaria. “Sin embargo, si no hay pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas acusaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Permítanme ser absolutamente clara: bajo ninguna circunstancia permitiremos que un gobierno extranjero interfiera o se inmiscuya en decisiones que pertenecen exclusivamente al pueblo mexicano”.
Añadió que Estados Unidos no había aportado pruebas suficientes para justificar la detención de los funcionarios acusados y que la Fiscalía General de la República de México abriría su propia investigación. Las autoridades mexicanas solo detendrían a Rocha si concluyeran de forma independiente que había cometido un delito, o si recibieran pruebas contundentes e irrefutables de Estados Unidos.
En un momento dado, mostró una sección de la acusación que incluía la imagen de un documento manuscrito que, según los fiscales, era una lista de sobornos a funcionarios mexicanos. "Este es el único documento que citan como prueba en esta acusación", dijo, leyendo una línea que indicaba 30.000 pesos junto al nombre de Juanito, el apodo de uno de los funcionarios acusados. "Es, cuanto menos, llamativo. Es solo un trozo de papel".
Señaló que la acusación formal de 34 páginas contra Rocha y otros funcionarios, entre los que se incluyen un senador en ejercicio y un alcalde, también narraba años de presunta corrupción por parte de dichos funcionarios, pero afirmó que se basaba en el testimonio de testigos "cuyas identidades desconocemos".
Estados Unidos solicitó la detención provisional de Rocha y los demás funcionarios acusados, una medida que se utiliza cuando un país teme que los sospechosos puedan fugarse. En tales casos, según el tratado, si cualquiera de las naciones recibe una orden de arresto válida de la otra, deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la detención. El país que solicita la detención tendría entonces 60 días para presentar sus pruebas.
Pero Rocha también cuenta con otra protección: el Congreso mexicano tendría que revocarle la inmunidad penal de la que goza como funcionario electo. Además, existen precedentes legales que sugieren que el Congreso del estado de Sinaloa también tendría que revocarle la inmunidad para que pudiera ser arrestado. Ambas legislaturas están controladas por Morena.
Con información de El Univesal (GDA) y The New York Times
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