ELECCIONES

El Senado de Bolivia dio paso ayer sábado a nuevas elecciones generales sin Evo Morales como candidato, después de la violenta crisis que estalló hace un mes en torno a la figura del exmandatario y que deja 32 muertos.

“Se aprueba por unanimidad (...) el Proyecto de Ley ‘Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales’”, anunció el órgano legislativo reunido en sesión extraordinaria. El proyecto no indica la fecha en la que se realizarán los comicios.

La iniciativa fue remitida poco después para su aprobación en la Cámara de Diputados, donde deberá recibir luz verde antes de convertirse en ley con la firma de la presidenta interina Jeanine Áñez.

Simultáneamente, el gobierno provisional de la presidenta Áñez abrirá el diálogo con los movimientos de protesta, en busca de un acuerdo que ponga fin a los bloqueos y manifestaciones que dejan 32 muertos, 17 de ellos en choques con militares y policías en los últimos nueve días.

De concretarse ambas iniciativas, el llamado a nuevos comicios y la “pacificación” de las calles, Bolivia comenzaría a ver la luz después de atravesar por su peor convulsión en poco menos de dos décadas.

El primer paso lo dio el Senado anulando las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales había obtenido un nuevo mandato de cinco años en un proceso que fue contestado por la oposición en las calles por presunto fraude. Una misión de la Organización de Estados Americanos también indicó haber detectado graves irregularidades en el escrutinio y la manipulación del sistema informático.

Se van a “dejar sin efecto legal las anteriores elecciones y sus resultados que ocasionaron la movilización ciudadana”, sostuvo el senador Oscar Ortiz, quien desde la oposición a Morales lideró las negociaciones que desembocaron en el borrador de la propuesta.

El proyecto, que en principio cuenta con el respaldo del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que lidera Morales, prevé la organización de nuevos comicios generales y la renovación del Tribunal Supremo Electoral, cuyos antiguos vocales fueron removidos acusados de haber manipulado el escrutinio.

Al mismo tiempo cierra la puerta a la postulación de Morales, quien ejerció el poder por casi 14 años con una alta popularidad que fue menguando pese a sus logros sociales y económicos, debido a su empeño de mantenerse en el cargo aun cuando la mayoría de los ciudadanos votó en un referéndum en contra de la reelección indefinida en 2016. Ante ese resultado adverso, Morales presentó el caso al Tribunal Electoral, el que le dio la oportunidad de presentarse el 20 de octubre, argumentando que postularse a un cargo electivo es un derecho humano.

Con mayoría en el Congreso, el MAS se muestra dividido en torno a Morales, quien de momento no ha avalado públicamente el proceso para superar la crisis y su exclusión de las venideras elecciones.

Este proyecto “establece también una disposición para resolver una controversia que nos ha enfrentado a los bolivianos”, afirmó el senador Ortiz, aludiendo al artículo que impide que los “ciudadanos reelectos de forma continua durante los dos periodos constitucionales anteriores” puedan ser candidatos en la próxima contienda.

Morales, quien renunció tras perder el apoyo de los militares y la policía, consiguió la reelección en 2009 y 2014.

Desde su llegada al cargo el 12 de noviembre, la exsenadora de derecha Áñez prometió elecciones en los próximos tres meses. Su propósito es que el nuevo presidente asuma el 22 de enero, fecha en que finaliza formalmente el mandato de Morales. Consideró la posibilidad de convocar a elecciones mediante un decreto si el Senado y la Cámara de Representantes no aprobaban el proyecto de ley.

La Constitución le permite a Morales presentarse de nuevo a las urnas en 2025, cuando cumpliría 66 años.

El MAS intenta impulsar una ley para darle inmunidad a Morales y al resto de las autoridades que designó mientras se desempeñaba como el gobernante de Bolivia.

Pero, la presidenta Áñez advirtió ayer de que no promulgará una ley en ese sentido.

Áñez acusó al MAS de pretender aprovechar su mayoría parlamentaria para dejar impunes a quienes hayan cometido delitos y “burlado de la ley”, lo que no será permitido.

El proyecto del MAS fue presentado ayer, luego de que el gobierno de Áñez denunciara ante la Fiscalía por terrorismo y sedición a Morales.

“Quiero denunciar ante el país que parlamentarios del Movimiento al Socialismo tienen la intención de aprobar una ley para favorecer a quienes han cometido delitos y ahora pretenden obtener impunidad”, subrayó Áñez en un breve discurso al país.

“No voy a promulgar esa ley”, recalcó la mandataria provisional, sobre su decisión “clara y firme” para no otorgar protección “a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos”.

“Esta ley de la impunidad no debe ser aprobada”, insistió, para añadir que los principios de su Gobierno “no son negociables”.

La jefa de Estado interina, quien asumió el poder tras la renuncia de Morales, señaló que su Ejecutivo “no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico”, pero “todo aquel que ha cometido delitos y se ha burlado de la ley y ha cometido abusos, no tendrá amnistía de ningún tipo”.

“No vamos a participar escribiendo una historia de infamia”, concluyó en un discurso desde el palacio de Gobierno en La Paz.

El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Senadores por Sonia Chiri, senadora indígena quechua del MAS, para prohibir “aprehensiones y procesos judiciales” contra Morales, funcionarios, líderes sociales, sindicales y otros nombrados por su Gobierno.

La senadora Chiri, una comunicadora social conocida por programas culturales para comunidades indígenas, denuncia la “vulnerabilidad” en que se encuentran quienes busca proteger este proyecto de ley, así como sus familias, lo que “requiere de acciones inmediatas del Estado”.

La jornada de ayer todavía presentó algunos hechos violentos. Manifestantes retuvieron a siete efectivos militares y destrozaron varios vehículos que trasladaban basura a un depósito en K’ara K’ara, Cochabamba, informó el ministro Murillo, quien calificó el acto de terrorismo.

Incendios y robo millonario a banco en Chile

Incendios, ataques a comisarías y un robo millonario a un banco se registraron en el inicio de este fin de semana, en otra noche de violencia con nuevos heridos y detenidos en medio de la crisis social en Chile, informó ayer la Policía.

Después de una protesta el viernes en la comuna de Maipú, en el sur de la capital chilena, los disturbios y actos delictivos se multiplicaron entrada la noche y se extendieron en la madrugada. Entre ellos, un grupo de personas asaltó un banco, y se llevó 150 millones de pesos (unos 190.000 dólares), además de 16.000 dólares, 3.800 euros y dos armas.

El hecho está “enmarcado en las manifestaciones que se realizan a diario en la Plaza de Maipú, en la cual estos sujetos aprovecharon para cometer dicho delito”, informó el Teniente Cristóbal Lillo, oficial de la Policía, a medios locales.

Nuevos saqueos se produjeron en comercios, supermercados y oficinas públicas del centro de Santiago, tras una nueva concentración masiva en plaza Italia, epicentro de las manifestaciones en la capital chilena.

En tanto, dos centros comerciales y dependencias de un centro cultural en la Alameda, la principal arteria capitalina, fueron incendiados por encapuchados, según un balance de la policía entregado este sábado. Además, manifestantes atacaron furiosamente siete comisarías en Santiago y en las ciudades de La calera (centro), Bulnes y Los Ángeles (sur).

La violenta jornada dejó un saldo de 127 heridos (entre civiles y uniformados) y cerca de 300 detenidos a nivel nacional, según el informe policial.

“Anoche fue una jornada violenta. Durante las últimas horas nuestro país ha sido escenario de saqueos y actos delictuales”, dijo Julio Santelices, coronel de Carabineros.

Desde el 18 de octubre cuando comenzó el estallido social, el peor en tres décadas en Chile, se han registrado 23 muertos, más de 2.000 heridos y más de 200 personas con graves lesiones oculares.