CRISIS POLÍTICA

Evo Morales, exiliado en México, comenzó a ser investigado por “sedición y terrorismo”, en una movida del gobierno interino que preside Jeanine Áñez, que podría complicar una solución a la crisis de Bolivia donde han muerto 32 personas en un mes de protestas en torno al expresidente.

Ayer viernes, la fiscalía abrió el proceso contra Morales a partir de la denuncia formal del ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.

El funcionario acudió a la Justiciacon un audio como prueba. En la grabación revelada el miércoles, se escucha supuestamente a Morales instruyendo a un partidario cocalero para cercar a las ciudades e interrumpir el suministro de comida, mediante el bloqueo de vías.

“Estamos pidiendo la máxima pena por sedición y terrorismo”, afirmó Murillo.

El exgobernante de 60 años había denunciado en Twitter el día anterior los planes del gobierno de la presidenta Áñez para enredarlo en un “juicio internacional” con base en un “montaje”.

La causa judicial será comunicada a México para que pueda rendir declaración, precisó por su parte el fiscal general, Juan Lanchipa.

En principio, Evo Morales sería investigado en su condición de expresidente, sin fuero especial. Si prospera un juicio afrontaría un castigo de hasta 30 años de cárcel.

El ministro Murillo denunció igualmente al exministro Juan Ramón Quintana, ex hombre fuerte del saliente gobierno, por los mismos cargos contra Morales. Su paradero es desconocido.

El nuevo giro que podría dar la crisis boliviana coincide con la expectativa frente a una convocatoria a elecciones generales y la anulación del proceso del 20 de octubre, en el que Morales buscaba nuevo mandato.

Según el consultor político y excatedrático, Iván Arias, la medida contra Morales podría bien llevar a que “se fidelice su gente” o a asumir que “Evo ya es historia”.

Se pueden “separar las aguas, es decir que Evo está afuera y arreglemos los problemas entre los que estamos acá”, opinó para la AFP.

Con mayoría en el Congreso bicameral, el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), negocia un acuerdo con las antiguas fuerzas de oposición para renovar el Tribunal Supremo Electoral y dar paso a nuevos comicios, tras la renuncia del exmandatario el 10 de noviembre.

El gobierno provisional y el MAS presentaron sendas propuestas para tal fin. Dentro del partido de Morales, hay voces a favor y en contra de una nueva postulación de su líder.

El primer presidente indígena de Bolivia dejó el poder que ejerció por casi 14 años, a raíz del estallido social que siguió a las denuncias de fraude en los pasados comicios. Los militares y la policía le retiraron el apoyo, tras lo cual Morales partió exiliado a México denunciando un golpe de Estado.

Sin embargo, la sucesión no trajo la calma.

La exsenadora Áñez lidia con el descontento de un sector indígena y campesino que apoya a Morales, y que en los últimos días ha librado fuertes choques con la policía y los militares.

En un mes de crisis ya son 32 los bolivianos que han muerto en las calles, al menos 17 de ellos a bala en los enfrentamientos con fuerzas oficiales. Las protestas han generado desabastecimiento en La Paz, donde se han disparado los precios y se multiplican las filas para conseguir comida y combustible.

La presidenta Áñez, en una declaración a la prensa, ayer viernes, clamó a sus opositores que la dejen cumplir con su trabajo de gobernar por el “tiempo corto” que estará en el poder, ante las protestas que asfixian a La Paz, la capital administrativa, y causan dificultades de suministro de varios productos esenciales.

“La ciudadanía no merece estar cercada (...) Déjennos gobernar por este tiempo que será cortó”, pidió Áñez. Comentó que ha sido un tiempo difícil sobre todo por las protestas en El Alto.

“Les pido por favor reflexionen, permitan que baje el combustible hasta La Paz porque la necesidad es generalizada”, pidió a los grupos que mantienen una protesta en la planta de combustibles de Senkata, en El Alto. Puntualizó que el desabastecimiento, que lleva varios días y que ha generado largas filas en surtidores de nafta, no se debe a la falta de reservas, sino a la protesta instalada frente a la refinería.

“No es posible castigar a la ciudad de La Paz con un cerco que desde todo punto de vista es innecesario”, remarcó.

Los bloqueos en carreteras hacia la capital también han dificultado el suministro de alimentos como carne, pollo, huevos y vegetales a los mercados, con el efecto de un incremento considerable de precios de los pocos productos que se encuentran.

El bloqueo de la planta de combustibles ha representado para el gobierno interino uno de los conflictos más complejos. En un operativo realizado días pasados en la planta, murieron ocho personas.

“Este es un gobierno de estricto carácter provisorio y tiene como propósito la pacificación del país y la convocatoria de elecciones libres y transparentes en el más breve tiempo”, añadió luego la presidenta en un discurso oficial ante el cuerpo diplomático.

El gobierno abrió el diálogo con los vecinos de El Alto, un bastión de Morales, desde donde se han realizado manifestaciones en rechazo al gobierno de Áñez y por el retorno del expresidente al poder. Pero, pese a ese intento de apertura, no obtuvo resultados.

Desde que asumió el gobierno de manera interina, la presidenta Áñez ha reiterado su posición en favor de la convocatoria a elecciones en el plazo más breve posible.

En ese sentido, ya envió un proyecto de ley que fue discutido y aprobado en el Senado y que ahora se encuentra en el ámbito de la Cámara de Representantes.

Henry Cabrera, un diputado del partido de Morales y primer vicepresidente de la Cámara baja anunció que la ley para establecer nuevas elecciones presidencias será aprobada hoy sábado por el Congreso.

Para hacer efectivo un nuevo llamado a elecciones en el convulsionado país, el documento luego tendrá que ser promulgado por la presidenta Áñez.

Cabrera confirmó que hoy “estaremos instalando nuestra sesión en la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto de ley”. Destacó que “no vamos a obstaculizar nada”.

El Gobierno provisorio y sus opositores han estado dialogando para buscar una salida a la grave crisis política que estalló en Bolivia y uno de los puntos centrales de las negociaciones es el llamado a comicios.

Áñez ya advirtió que si no se logra la aprobación del proyecto de ley en el Parlamento, puede hacer la convocatoria a elecciones mediante un decreto.

“Si llama a elecciones todo se va a relajar y esperemos que esta vez no haya ningún tipo de fraude y todo sea transparente”, dijo Tatiana Vicuña, de 18 años.

El jueves el gobierno interino protestó ante México por la supuesta violación de Morales a los “principios” del asilo político. La Paz cuestionó que se le permita a Morales efectuar declaraciones que a su juicio evidencian una “actividad conspirativa”.

Desde el exilio, Morales ha criticado severamente al nuevo gobierno por la represión de las protestas y en varias ocasiones ha dicho a los medios que está dispuesto a retornar a Bolivia para culminar su mandato el 22 de enero.

Incluso ha abierto la opción de no ser candidato en aras de contribuir a la pacificación de su país, fracturado entre los “leales a Evo” -en su mayoría indígenas campesinos- y las clases media y altas urbanas que rechazan su intento de aferrarse al poder.