Redacción El País
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció ayer sábado la revocatoria de visas estadounidenses a jueces brasileños en el caso por intentona golpista contra el exmandatario Jair Bolsonaro, como una “medida arbitraria” por parte del gobierno de Donald Trump.
Las sanciones de visado anunciadas el viernes por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se aplican al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a los jueces que apoyan a Moraes y a sus familiares directos.
“Mi solidaridad y apoyo a los ministros del Supremo Tribunal Federal afectados por otra medida arbitraria y completamente infundada del gobierno de Estados Unidos”, expresó Lula en un comunicado divulgado por la presidencia.
“La interferencia de un país en el sistema de justicia de otro es inaceptable y hiere los principios básicos de respeto y soberanía entre las naciones”, agregó en el texto, también publicado en X.
Estados Unidos sancionó a los jueces brasileños horas después de que Bolsonaro fuera obligado a usar una tobillera electrónica y a permanecer en Brasilia por una presunta obstrucción al proceso que enfrenta por supuestamente conspirar para desconocer el resultado de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Lula. El Supremo Tribunal Federal también le ordenó al exmandatario (2019-2022) no acercarse a embajadas, autoridades de otros países, ni usar redes sociales.
Bolsonaro, quien se dice inocente, denunció una “humillación” por parte de los magistrados.
El juicio al expresidente detonó una crisis diplomática entre Washington y Brasilia.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil “creó un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos básicos de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las fronteras de Brasil para tomar como blanco a los estadounidenses”, dijo el viernes el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado.
Otros políticos republicanos dijeron que “viene mucho más” y sugirieron que el próximo paso sería la ley Magnitsky.
Esa legislación estadounidense establece sanciones a aquellas personas u organismos responsables de violar los derechos humanos en cualquier parte del mundo.
Trump, aliado de Bolsonaro, ya anunció aranceles del 50% a la exportaciones brasileras a partir de 1 de agosto por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente, y Lula ha amenazado con medidas recíprocas. Desde la amenaza de esos aranceles, las tensiones políticas entre ambos gobiernos, que ya estaban tensas, han ido en aumento.
Bolsonaro, que gobernó Brasil de 2019 a 2022, está siendo juzgado por supuestamente conspirar para desconocer el resultado de las últimas elecciones presidenciales, en las que fue derrotado, lo que ha despertado polémica a todo nivel. Para Moraes, el exmandatario y Eduardo Bolsonaro, uno de sus hijos, “buscan ostensiblemente someter el funcionamiento de la corte suprema (de Brasil) a los Estados Unidos”.
Quienes defienden a Bolsonaro niegan esta interpretación de los hechos y aspiran a que su líder de derecha pueda llegar a ser candidato en las próximas presidenciales, lo que a la luz de hoy luce imposible.
Eduardo Bolsonaro se apartó en marzo de su cargo como diputado y se mudó a Estados Unidos, donde está en contacto con autoridades y legisladores del Partido Republicano de Trump para promover sanciones contra autoridades brasileñas, incluidas las que juzgan a su padre.
En reacción a las medidas del viernes contra su padre, Eduardo Bolsonaro “intensificó la conducta ilícita (...) a través de diversas publicaciones y ataques contra el Supremo Tribunal en las redes sociales”, afirmó ayer sábado Moraes en un despacho, citando un mensaje de Facebook en el que el hijo del expresidente lo llama “gangster de toga” y avisa que sus decisiones tendrán “consecuencias imprevisibles”.
Crisis diplomática
El juicio al expresidente brasileño ha generado una crisis diplomática entre Washington y Brasilia.
Trump ya anunció aranceles del 50% a la exportaciones brasileras a partir del 1 de agosto por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente y Lula ha amenazado con medidas recíprocas.
La semana pasada, la fiscalía brasileña pidió la condena de Bolsonaro por supuestamente liderar una conspiración fallida para impedir la asunción de Lula.
Los esfuerzos del Supremo de Brasil por regular las redes sociales también son rechazados por el gobierno de Trump.
En 2024 Moraes bloqueó temporalmente X en todo Brasil hasta que la red cumpliera su orden de eliminar las cuentas acusadas de difundir desinformación. Posteriormente, el magistrado ordenó suspender Rumble porque esta plataforma para compartir videos, popular entre los conservadores y la extrema derecha, se negaba a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos que era buscado por difundir desinformación. Esto provocó reacciones en contra por parte de autoridades estadounidenses, que califció el hecho como “censura”.
Por su parte, la ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, afirmó el viernes que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar el visado de ocho magistrados de la Corte Suprema por sus decisiones contra el expresidente Jair Bolsonaro es una “ofensa” a la Justicia brasileña. “La revocación del visado de entrada en Estados Unidos a los magistrados del STF (Supremo Tribunal Federal) es una ofensa al Poder Judicial brasileño y a la soberanía nacional”, afirmó Hoffmann en un mensaje publicado en sus redes sociales.
La ministra afirmó que, además de Alexandre de Moraes, el juez instructor en el proceso por golpismo contra Bolsonaro, la sanción estadounidense fue extendida a otros siete magistrados de la Corte Suprema: Luís Roberto Barroso (presidente de tribunal), Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flavio Dino, Cármen Lúcia, Edson Fachin y Gilmar Mendes.
“Esa represalia agresiva y mezquina a una decisión del tribunal expone el nivel degradante de la conspiración de Jair Bolsonaro contra nuestro país”, aseguró Hoffmann al atribuir la sanción a las gestiones del líder ultraderechista para que Estados Unidos presione a Brasil con el fin de que se anule su juicio o se le conceda una amnistía.
Según la ministra, una importante correligionaria y colaboradora del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el líder ultraderechista debería avergonzarse de la “humillación internacional” que provocó en su desespero por escapar de la Justicia y de la punición por los crímenes que cometió.
Las declaraciones de la ministra alimentaron una escalada de tensiones del gobierno de Brasil con la administración de Trump, sobre todo al ser seguidas por unas de tono similar e incluso más fuertes de Lula ayer.
Según Gleisi Helena Hoffmann, abogada y política afiliada al Partido de los Trabajadores, al contrario de lo esperado por Bolsonaro con las presiones de Estados Unidos contra la Justicia brasileña, la Corte Suprema “se engrandeció y cumplió el debido proceso legal con medidas en defensa de la Constitución y el Derecho, sin jamás haberse doblado a amenazas de quien quiera que sea”.
“Brasil está con la Justicia; no con los traidores”, concluyó Hoffmman al reforzar el discurso de Lula de calificar como “traidores de la patria” a los políticos brasileños que apoyan las presiones de Estados Unidos a favor de Bolsonaro.
En las últimas dos semanas, el presidente Trump hizo llamados para que las autoridades brasileñas detengan el juicio contra el líder ultraderechista, y dice estar dispuesto a aplicar aranceles del 50 % a Brasil a partir del 1 de agosto, si no se pone fin al proceso penal en su contra.
Bolsonarismo
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Filipe Barros, anunció que ha denunciado la “persecución” contra Bolsonaro ante organismos internacionales y ha pedido la “solidaridad” de la derecha mundial.
El diputado bolsonarista aseguró que ha “accionado” a la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a diversos partidos, entre los que citó al español Vox y al portugués Chega, que ya se han solidarizado con el líder de la ultraderecha brasileña.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, dijo en X que “De Moraes y Lula tienen motivos para estar preocupados” y “lo demuestran con sus prácticas arbitrarias y criminales”.
Según Abascal, “Bolsonaro representa la dignidad y la integridad de una nación. A él lo quiere el pueblo; a ellos los repudian por corruptos y por encarcelar a brasileños inocentes”.
André Ventura, líder de Chega, se expresó en los mismos términos, también en redes sociales: “No puedo dejar de condenar lo que está pasando en Brasil. Bolsonaro fue llevado a la policía para ponerle una tobillera electrónica y el verdadero ladrón está en la Presidencia”, afirmó el político luso.
Fenómeno
Organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y la democracia en el mundo han alertado últimamente sobre los casos de “politización de la Justicia” que han ido en aumento en distintos países, como Brasil, Argentina, España y otros.
La politización de la justicia se refiere a la situación en la que las decisiones y acciones del poder judicial se ven influenciadas o manipuladas por consideraciones políticas, perdiendo su imparcialidad y objetividad. Asimismo, tienen que ver con el juego político que se realiza en torno a las decisiones que ya han tomado los jueces, socavando las bases de confianza de la población en las instituciones, o sembrando dudas en esas decisiones o elementos de juicio.
La politización de la justicia adapta distintas formas, siendo la principal cuando los jueces son presionados o inclinados a tomar decisiones que favorezcan a ciertos grupos políticos o intereses. AFP, EFE
Protestas contra amenazas de aranceles
Manifestantes con máscaras del presidente estadounidense Donald Trump y del expresidente brasileño Jair Bolsonaro participan en una protesta en defensa del empleo minorista y la soberanía nacional en una popular calle comercial del centro de San Pablo, Brasil. El 17 de julio, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva criticó duramente la amenaza de su homólogo estadounidense Donald Trump de imponer aranceles del 50 % a la mayor economía de América Latina, calificándola de “chantaje inaceptable”.
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