ESTADO DE EMERGENCIA

El adelanto de elecciones en Perú para poner fin a la crisis tras la destitución del presidente Pedro Castillo fracasó ayer viernes, en medio de violentas protestas que han provocado al menos 20 muertos, 500 heridos y que han dejado unos 5.000 turistas varados en Cusco y Machu Picchu, entre ellos una docena de uruguayos.

Los manifestantes piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales inmediatas.

Pero ayer viernes, el Parlamento rechazó una propuesta de Boluarte para adelantar elecciones del 2026 al 2023.

La iniciativa hubiera permitido el llamado a elecciones en diciembre de 2023 y la entrega del mando de Boluarte en abril de 2024. Esta decisión hace peligrar su permanencia en el poder.

“Lo que va a venir es la renuncia de Dina Boluarte, y dar paso a una transición democrática”, precisó la parlamentaria izquierdista Ruth Luque.

“Por la cantidad de peruanos muertos, la señora Boluarte debería renunciar”, dijo por su lado la legisladora de centro Susel Paredes.

Ante una renuncia de Boluarte, la ley dispone que el sucesor sea el presidente del Congreso, José Williams. Si él desiste, el cargo recae en la presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, quien debe convocar a elecciones.

El cierre de vías y aeropuertos interrumpió el traslado de turistas en la ciudad andina del Cusco, la capital turística del país.

“Se tiene 5.000 turistas varados en la ciudad del Cusco, están en sus hoteles a la espera de que se puedan reactivar los vuelos”, dijo Darwin Baca, alcalde de Machu Picchu. El aeropuerto internacional de Cusco estuvo cerrado desde el lunes tras un intento de toma por parte de los manifestantes. Sin embargo, ayer viernes, el ministerio de Defensa anunció su reapertura.

Imágenes oficiales muestran a viajeros abordando una aeronave, bajo resguardo militar.

Mientras tanto, desde la ciudadela inca de Machu Picchu, unos 200 turistas, principalmente norteamericanos y europeos, salieron caminando por la vía férrea hasta la localidad de Ollantaytambo, a unos 30 km, para poder hacer una conexión hacia Cusco.

Por esa vía transita el tren de turistas, cuyo servicio está suspendido.

Las manifestaciones estallaron luego de que Castillo intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre. Fue detenido cuando intentaba llegar a la embajada de México para asilarse. La justicia decidió el jueves que permanecerá preso 18 meses, hasta junio de 2024, para ser investigado por rebelión. Contra Castillo también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.

El Gobierno de Perú reafirmó ayer viernes su “apoyo incondicional” a la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las protestas y manifestaciones violentas que han dejado, hasta el momento, 20 fallecidos y cientos de heridos en el país andino.

“Quiero reiterar el apoyo incondicional a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en esta tarea tan sacrificada de controlar el orden interno”, declaró el ministro de Defensa, Alberto Otárola, tras una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército peruano.

Para agravar más la crisis política en Perú, los ministros de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, renunciaron ayer viernes a sus cargos seis días después de asumirlos por la “desproporcionada” respuesta a las manifestaciones antigubernamentales.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, escribió ayer Correa en Twitter, donde compartió la carta enviada a la presidenta Dina Boluarte.

Por su parte, Pérez envió otra misiva en la que sostiene que “los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible” su permanencia en el Gobierno.

Correa explica que las circunstancias que la llevaron a aceptar el cargo “han sido la de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos”. “Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, que, lamentablemente, se han visto vulneradas en las últimas horas”, destacó.