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Purga en el chavismo por desfalco con criptomonedas

Cayó el ministro de Petróleo e investigan el desvío de US$ 3.000 millones; Maduro dijo que él encabezó las investigaciones y que los funcionarios denunciados llevaban una “vida de multimillonarios”.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro.
Foto: AFP

En todos los regímenes autoritarios, cada tanto surgen purgas por casos de corrupción, luchas de poder o denuncias de traición a la causa. El de Venezuela no es la excepción.

Nicolás Maduro inició esta semana una purga para “desmembrar mafias enquistadas” en las más altas esferas de su régimen. Aunque Maduro habla de “importantes empresarios”, diputados y jerarcas de variada índole implicados, hasta ahora solo se ha confirmado la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y cuatro detenidos, entre ellos, el jefe de la Superintendencia de Criptoactivos, Joselit Ramírez.

A esto se suma un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el que informa de “algunos profesionales militares” que cumplían funciones en la estatal petrolera Pdvsa implicados, aunque sin precisar el número ni sus identidades ni rangos.

Las detenciones -más de cuatro, según los medios locales- las ha llevado a cabo la Policía Nacional Anticorrupción (PNCC), una división creada en 2014 por Maduro y que ha actuado solo en casos puntuales en el pasado. Aunque en redes sociales circulan fotos y videos que, aseguran los usuarios, corresponden a estos procedimientos, ninguna autoridad confirma o desmiente.

La PNCC anunció la semana pasada una “investigación profunda” de una trama de desvío de al menos 3.000 millones de dólares en 2022. Según el diario Últimas Noticias, de línea oficialista, ese dinero desapareció en operaciones de ventas de petróleo a través de criptomonedas para sortear las sanciones de Estados Unidos. El dinero, apunta el medio, fue desviado por Joselit Ramírez.

La firma Ecoanalítica estimó que los ingresos en divisas del Estado venezolano en 2022 fueron de 25.000 millones de dólares, indicó su director Adrúbal Oliveros. “Para que entendamos la magnitud del desfalco de 3.000 millones de dólares (...), lo desaparecido es equivalente al 12% del ingreso del año pasado”.

Maduro anunció esta purga luego de una “investigación científica y equilibrada” que se extendió durante semanas y que él mismo condujo -aseguró-, con ayuda de cuerpos policiales y la Fiscalía.

Agregó que los presuntos corruptos “se incrustaron” en espacios como Pdvsa, en el área estatal de criptomonedas y en la “venta de sentencias para favorecer a narcotraficantes, delincuentes y paramilitares”, algo en lo que incurrieron “jueces con importantes y altos cargos en la dirección del Poder Judicial”.

En adelante, además de esperar por informes de las autoridades, se prevé que la causa avance gracias, en primer lugar, a la colaboración que El Aissami prestará, pues, según Maduro, el exministro “ha ratificado su condición de militante revolucionario” y su disposición para entregar “todas las informaciones que maneja contra este grupo de bandidos y mafiosos”.

Maduro, que ya ha anunciado antes otras cruzadas contra la corrupción, cuestionó que varios de sus colaboradores más cercanos, hoy detenidos, llevaban una vida de “nuevos ricos” llena de “extravagancias”.

Tenían “una forma de vida de multimillonarios, una forma de vida que no tiene nada que ver con un funcionario trabajador y honesto”.

Maduro dijo que más adelante se sabrán “cosas repugnantes de la conducta moral” de los detenidos.

La industria petrolera de Venezuela ha sido blanco de otras investigaciones por corrupción, que terminaron con las detenciones de decenas de empleados de Pdvsa y dos ministros de Petróleo, Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, quien falleció estando preso.

Rafael Ramírez, uno de los hombres de confianza del expresidente fallecido Hugo Chávez, está acusado de malversar fondos durante su gestión como ministro de Petróleo (2002-2014) y presidente de Pdvsa (2004-2014). Está prófugo en Italia y las autoridades venezolanas han pedido su extradición sin éxito.

el dato

91 salarios para canasta básica

Los venezolanos necesitan 91 salarios mínimos para acceder a la canasta alimentaria familiar -calculada para cinco personas-, cuyo valor en febrero fue de 482,26 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

El ente independiente explicó que, cuando el salario mínimo está establecido por el Gobierno en 130 bolívares mensuales -unos 5,28 dólares en promedio-, una familia necesitó 16 dólares diarios para cubrir la canasta alimentaria, calculada con los precios de 60 productos.

El Cendas-FVM calculó el precio de la canasta alimentaria básica en 482,26 dólares, lo que representa una disminución de 0,9% en comparación con enero, cuando fue de 486,92.

Venezuela salió en diciembre de 2021 de una hiperinflación en la que entró en 2017.

Red de prostitución

Algunos de los altos funcionarios detenidos en esta “cruzada” contra la corrupción en Venezuela están involucrados en una red de prostitución al servicio de políticos y empresarios, reveló bajo reserva a la AFP una fuente ligada a las investigaciones.

Al menos tres de los detenidos, según la prensa, tienen vínculos con El Aissami.

Arrestado el domingo, el diputado y exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, considerado un cercano colaborador de El Aissami, fue uno de los creadores de la criptomoneda venezolana Petro respaldada en las reservas de crudo del país. Roa, a su vez, tenía como su “testaferro” al empresario Alejandro Arroyo, “dueño de una mansión en el Country Club (una exclusiva urbanización de Caracas), una inmensa flota de camionetas y equipos de fútbol”, añadió la fuente.

“Y lo grave es que manejaba una red de prostitución al servicio de este grupo donde captaban a jovencitas para que les sirvieran de damas de compañía”, subrayó el informante.

Este empresario tenía además una “sociedad con el exgobernador de Cumaná, Edwin Rojas”, también detenido este lunes.

Se suman a los detenidos el vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, coronel Antonio Pérez Suárez; y el ya mencionado Joselit Ramírez.

“Peleando el botín”

Varios antichavistas condenaron los hechos de corrupción.

El partido Primero Justicia (PJ), del precandidato presidencial Henrique Capriles, rechazó “contundentemente este nuevo episodio de corrupción del régimen de Nicolás Maduro”, lo que -señaló- representa la “verdadera causa por la que Venezuela se encuentra en ruinas”.

Por su parte, el exdiputado Juan Guaidó señaló que la renuncia de El Aissami es una “confesión” de “cómo han destruido el país”. “Todos (fueron) designados por Maduro, Maduro es el principal responsable de esta red de corrupción realmente”, agregó.

“Lo que estamos viendo en las últimas horas, lejos de ser un acto de justicia, es un ajuste de cuentas entre la cúpula que detenta el poder”, escribió Henrique Capriles. “Se están peleando el botín y no les importa el sufrimiento del pueblo”, agregó.

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Oposición mantendrá control de los activos en el exterior

Un grupo de exdiputados antichavistas aseguró ayer martes que mantendrán el control de activos del país en el exterior, administrados por una comisión creada por este sector de la oposición en enero pasado, ante las recientes investigaciones de supuestos hechos de corrupción por parte de funcionarios del régimen de Venezuela.

La líder de este grupo, la exparlamentaria Dinorah Figuera, exiliada en España, dijo que, ante esta situación en el oficialismo, la comisión opositora de “administración y protección” de activos en el exterior, manejados por Juan Guaidó desde 2019 hasta finales de 2022, seguirá “asumiendo la responsabilidad de salvaguardar” recursos del Estado venezolano que están en otros países.

Además, propuso abrir una investigación “a fondo” para dar con los “actores (que), bajo el nombre del socialismo del siglo XXI, se enriquecieron ilícitamente” a costa “de la crisis humanitaria” de Venezuela.

Desde 2019, cuando Guaidó se autoproclamó “presidente encargado”, este sector de la oposición mantiene el control de activos del país que se encuentran en otras naciones, entre ellas Estados Unidos, que rechaza la legitimidad del presidente Nicolás Maduro.

Luego de que este grupo de exdiputados electos en 2015, cuyo período venció en 2021, votara por la eliminación del llamado “Gobierno encargado”, en diciembre pasado, creó posteriormente un “Consejo de Administración y Protección de Activos”.

Con información de EFE y AFP

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