ENFRENTAMIENTOS

Todo empezó por una propuesta de reforma tributaria. Ese fue el inicio de una escalada de manifestaciones que dejó en el tapete la crisis social y política que atraviesa Colombia. En el país sudamericano las manifestaciones comenzaron hace 15 días y no cesan con el paso de los días. Incluso, ni la marcha atrás de la reforma logró calmar las protestas.

En 15 días de manifestaciones han muerto 42 personas (41 civiles y un agente policial), según la Defensoría del Pueblo. El ministerio de Defensa también cuenta 1.500 heridos, entre civiles y policías. Y la ONG Temblores, que consigna abusos de la fuerza pública, denuncia al menos 40 homicidios a manos de fuerzas del orden.

Decenas de miles de personas volvieron ayer miércoles a salir a las calles en protesta contra las políticas de Iván Duque al que le exigen acciones efectivas contra la brutalidad policial y que cesen algunas de sus políticas.

El décimoquinto día de las marchas fue una mezcla de reclamos al Gobierno en el que confluyeron artistas, obreros, estudiantes, sindicalistas y vendedores informales que coreaban arengas cuyo blanco central era Duque, que se multiplica en esta crisis para reunirse con diferentes sectores, después de viajar dos veces a Cali, la ciudad más golpeada por esta crisis y epicentro de las protestas.

Qué está pasando en Colombia: claves para entender las protestas por la reforma fiscalBy Agencia EFE

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"La finalidad del paro que estamos desarrollando desde el 28 de abril es exigirle al Gobierno nacional la negociación del pliego de emergencia que le radicamos en junio del año 2020 y garantías para la protesta social", dijo a Efe el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, que también es miembro del Comité Nacional del Paro, que se reunió este lunes con el mandatario, sin llegar a ningún acuerdo.

Las marchas más concurridas fueron en Bogotá, en donde hubo diferentes puntos de encuentro aunque no todos confluyeron en la céntrica Plaza de Bolívar.

En tono similar, las manifestaciones se desarrollaron en Barranquilla, Cartagena y Montería, las principales ciudades del Caribe. En Bucaramanga y Cúcuta, esta última capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, la gente también salió a expresar su descontento.

Colombia atraviesa una ola de protestas masivas contra el gobierno y los excesos policiales. La ira popular exige un cambio extremo en las fuerzas de seguridad. La brutalidad policial, denunciada también por la comunidad internacional, alimentó la crisis social que ya había agudizado la pandemia. El descontento popular se volcó entonces hacia la policía, que se forjó en el conflicto contra las guerrillas comunistas y el narcotráfico.

"En Colombia el enemigo estuvo adentro. Y en ese sentido la idea del enemigo interno prevalece en el imaginario de los colombianos, tanto en la policía como en el ejército", señala Óscar Almario, historiador de la Universidad Nacional.

Al igual que en otras partes del mundo, la fuerza pública colombiana tiene dificultades para adaptarse a las nuevas realidades. Las protestas son muchas veces espontáneas, sin liderazgo definido, pero con un agravante: casi seis décadas de enfrentamiento interno enraizaron la idea de que los manifestantes son enemigos a combatir, concuerdan expertos.

Cientos de miles de colombianos se han movilizado enérgicamente. Lo que empezó como un rechazo a una proyectada alza de impuestos -ya archivada- se convirtió en un grito de ira popular que, entre muchos reclamos, exige una nueva policía, que ya no dependa del ministerio de Defensa.

Si bien es cierto que el Gobierno ya retiró la reforma fiscal, las protestas encajan una serie de exigencias que el Comité de Paro resume así: retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones, y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual y defensa de la producción nacional.

"Es algo que está en el sentir del pueblo" explicó a Efe Maltés, quien agregó que son necesarios del Gobierno los subsidios a las micro, pequeña y mediana empresas; una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria y matrícula cero para los estudiantes universitarios y el cese de la violencia policial contra las manifestaciones pacíficas.

Por su lado, el Gobierno plantea para las mesa de negociación asuntos como vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.

Las temáticas parecen coincidir y ahora se espera que las partes logren sentarse y llegar a acuerdos para sacar al país de esta crisis, la peor en el Gobierno de Duque y una de las más difíciles de Colombia en tiempos recientes.

El lunes el presidente Colombiano, Iván Duque, se reunió con la organización más visible de los manifestantes, pero las partes no alcanzaron un acuerdo para desactivar la crisis.

"Voy a poner toda mi energía, toda mi capacidad y todo el equipo de gobierno para que este proceso (de negociación) salga bien", dijo el mandatario durante un encuentro con estudiantes este miércoles en Bogotá.

En tanto, el Gobierno colombiano ha pedido insistentemente que los manifestantes deben despejar las vías del país para permitir el normal abastecimiento de alimentos y medicinas.

En ese sentido el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea, alertó de que las pérdidas por los bloqueos de las carreteras son de alrededor de 1,7 billones de pesos (unos 458 millones de dólares de hoy). Explicó que la cifra es porque se dejaron de movilizar 700.000 toneladas de alimentos por los bloqueos en los diferentes departamentos.

Por su lado, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, aseguró que los 15 días de paro dejan pérdidas en el comercio por más de un billón y medio de pesos (unos 403,7 millones de dólares).

La canciller de Colombia, Claudia Blum, presentó su renuncia "irrevocable" cuando el gobierno enfrenta críticas y condenas por la represión de las protestas que desde hace dos semanas acorralan al presidente Iván Duque.

En una carta fechada el 11 de mayo, pero divulgada por su despacho este jueves, Blum pidió su salida del gabinete sin precisar los motivos.

"Estoy segura de que (...) el país continuará en la senda del desarrollo sostenible, en la recuperación social y económica frente a los efectos de la pandemia, y en la consolidación de los consensos que ratifiquen la unidad y fortaleza de nuestra nación", escribió.

Por el estallido social, los cinco partidos que debían jugar los equipos colombianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana la semana pasada se disputaron en estadios de Asunción, Lima y Guayaquil.

Sin embargo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió hacer una prueba de fuego esta semana y programó en Pereira el duelo entre Atlético Nacional y Nacional y en Barranquilla los partidos Junior-River Plate y América de Cali-Atlético Mineiro, este último previsto para la noche del 13 de mayo.

Pero la tensión previa a los partidos entre Junior y River Plate, y Atlético Nacional con Nacionalensombreció las horas previas a ambos espectáculos.
Tanto, que el Club Nacional de Fútbol argumentó que no se daban las condiciones para jugar, y el partido en Barranquilla debió ser interrumpido durante unos minutos por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich debido al efecto de los gases lacrimógenos lanzados en la calle por las autoridades para dispersar manifestantes que llegaron a sentirse en la cancha.

En Pereira, una multitud se congregó frente al hotel donde estaba hospedado el club uruguayo y al grito de "con luto no se juega", en referencia a los muertos durante las protestas. Los manifestantes trataron de boicotear el encuentro.

Además, hubo carteles de "No a la Copa América" izados por manifestantes, aficionados del Deportivo Pereira, el equipo de esa ciudad colombiana donde el Atlético Nacional juega mientras hacen reparaciones al Atanasio Girardot de Medellín, de cara al torneo continental de selecciones.

A un mes del comienzo de la Copa América, el 13 de junio en dos canchas de Argentina, la incertidumbre impera en el segundo país organizador, Colombia, en días de zozobra por las violentas protestas que cumplen ya dos semanas, y por el avance del COVID-19, aunque el Gobierno mantiene su palabra con el fútbol.

Según el presidente colombiano, Iván Duque, están garantizadas las condiciones de bioseguridad para que se desarrolle el torneo en un formato de "burbuja", como ha sucedido con la Liga y las copas Libertadores y Sudamericana.

Las violentas manifestaciones han abierto un debate en el país en el que muchos claman, incluso en las calles, porque Colombia desista de organizar un torneo en medio de una crisis cuyo fin no se percibe cercano.

"Colombia está pasando unos momentos difíciles desde el punto de vista social, pero hoy con el diálogo, con la armonía, estamos haciendo que esta Copa América sea celebrada de la mejor manera", indicó esta semana el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, durante la presentación del himno oficial del torneo que organizará su país con Argentina.

Pese a toda la situación que se vive, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún que "la Conmebol nos ha apoyado. Nosotros trabajamos, esto no es fácil. Lo que debe quedar claro es que la Copa América va o va, ya sea en Argentina o en Colombia o donde sea".

Y frente a la crisis que vive su país en este momento, el directivo fue tajante: "Uno entiende el problema social, pero el decir anticipadamente no lo hagamos, pues... Si no se hace aquí, igual se hará en otra parte. Son muchas voces que dicen eso y no las entiendo".

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, encendió las alarmas el miércoles al advertir que prácticamente se llegó al límite de la capacidad de atención en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Bogotá.

"Hay que decirlo con toda su realidad: la situación de contagio de Bogota es CRITICA: casi 100% de ocupación de UCI y cerca de 500 pacientes por ubicar. Es responsabilidad de todos protegernos. Cada aglomeración crece un riesgo para el cual ya no tenemos capacidad", escribió Ruiz en su cuenta de Twitter.

En el informe del Ministerio de Salud y Protección Social del 12 de mayo se confirmaron 16.993 nuevos casos en el país, 490 fallecidos más para un total de 79.266. El número de casos activos es de 99.721.