EFE
Ladictadura nicaragüense ha clausurado al menos 33 universidades privadas en Nicaragua, entre ellas la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país centroamericano, según una investigación divulgada ayer miércoles.

El estudio, titulado “Tierra arrasada: Aniquilación de la libertad académica en Nicaragua”, realizado por investigadores jóvenes con el apoyo del Fondo de Innovación para el Cambio, detalla que al menos 33 instituciones educativas han sido canceladas entre 2018 y 2023, destacando, además de la UCA, la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).

Según el estudio, tanto la UCA como la Upoli fueron disueltas “por tener una participación” en las manifestaciones antigubernamentales de 2018.

En el caso de la UCA, según el documento, previo a su disolución, fue expulsado del Consejo Nacional de Universidades (CNU), pese a que era entonces la “última institución universitaria autónoma y crítica del país” que contaba, además, con prestigiosos centros de investigación como el Instituto de Historia de Nicaragua, el Instituto para el Desarrollo de Comercio Exterior y el Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica”.

Las autoridades estatales también cancelaron fundaciones y organizaciones vinculadas a temas académicos a nivel de educación media y técnica, “dejando a un centenar de jóvenes y adolescentes en el limbo académico”, de acuerdo con la investigación.

Otras acciones violatorias al ejercicio de la libertad académica, según el informe, son la “expulsión arbitraria” a más de 150 estudiantes de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y la eliminación de registros académicos, como medida correctiva por participar en manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y las autoridades de la universidad. Esa misma medida fue implementada en otras universidades como la “confiscada” Upoli y la estatal Universidad Nacional Agraria, afirman.

Asimismo, la investigación registra “despidos injustificados” de al menos 74 docentes, así como la reducción salarial como método de presión para orillarles a renunciar y nombrar en su lugar a personal de confianza que faciliten la vigilancia a estudiantes.