Corrupción en Brasil

Recibió 12 años y 11 meses por el caso de una finca que le reformaron Odebrecht y OAS.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril purga una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero, sufrió ayer miércoles un nuevo revés judicial al ser condenado a 12 años y 11 meses de prisión en otra de las causas que tiene abierta en la Justicia brasileña.

Un tribunal de primera instancia de Curitiba falló que Lula, de 73 años, se había beneficiado de reformas en una hacienda en Atibaia -en el interior de San Pablo- ofrecidas principalmente por las constructoras Odebrecht y OAS, a cambio de obtener contratos en la estatal Petrobras.

La jueza Gabriela Hardt estimó en su sentencia que “la culpabilidad (de Lula) es elevada”, pues “recibió ventajas indebidas en función de su cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar”.

La condena se dio en el marco de la Operación Lava Jato, que desde 2014 inculpó o enjuició a decenas de empresarios y políticos de primer plano, relacionados con una red de sobornos centrada en la petrolera estatal.

Lula enfrenta varias causas penales más, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración para impedir que vuelva al poder.

Su primera condena tuvo que ver con el beneficio de un apartamento tríplex en Guarujá, balneario en el litoral del estado de San Pablo, ofrecido por OAS, igualmente para obtener contratos en Petrobras.

Las penas de prisión en Brasil son acumulables, pero el periodo de reclusión no puede exceder los 30 años.

La noticia de esta segunda condena -acompañada de una foto del exmandatario- fue tuiteada de inmediato por el presidente Jair Bolsonaro, quien durante la campaña prometió que, de ser electo, Lula iba a “pudrirse en prisión”.

Para la magistrada Hardt -sustituta del juez anticorrupción Sergio Moro, ahora ministro de Justicia de Bolsonaro- la implicación de Lula en el gigantesco engranaje corrupto era clara, según explica en su decisión de 287 páginas. El fallo de la jueza puede ser apelado.

“El expresidente: era el responsable por la designación y permanencia de los directores de Petrobras que fueron fundamentales para la sistematización del esquema criminal; tenía conciencia de que había un pago sistemático de sobornos destinados al partido del que forma parte; tenía plena conciencia de que parte de esos valores fueron usados en su beneficio personal”, afirma.

La jueza no aceptó, por tanto, los argumentos de la defensa de Lula, que había alegado -entre varios puntos- que el expresidente no era el dueño de la propiedad e ignoraba cualquier reforma o acto ilegal.

La hacienda está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de Lula. “Es un hecho que la familia del presidente Lula frecuentaba de forma asidua el inmueble y lo usó como si fuese de él. Inclusive, en 2014, Fernando Bittar alegó que su familia ya no lo frecuentaba con asiduidad, siendo este más usado por la familia de Lula”, subrayó la jueza en su sentencia.

Además de Lula, Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses).

En el caso de Emilio Odebrecht es la primera condena que reci- be en el marco de la Operación Lava Jato.

La primera sentencia de cárcel para Lula llegó en julio de 2017, cuando Moro le condenó a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero. En enero del año siguiente, un tribunal de segunda instancia elevó la pena a 12 años y un mes, que Lula comenzó a cumplir el pasado abril.

Desde entonces, el expresidente solo abandonó el edificio de la Policía Federal de Curitiba, donde ocupa una celda de 15 metros, a mediados de noviembre para responder al interrogatorio de la magistrada Hardt por el caso en el que ahora ha sido condenado.

Estuvo a punto de salir hace una semana, cuando un magistrado le autorizó a viajar a San Pablo para despedirse de su hermano Vavá, fallecido la víspera. Pero, tras horas de tensión judicial, la decisión llegó cuando el entierro ya se había celebrado y Lula decidió no dejar la cárcel. “No dejaron que me despidiese de Vavá por pura maldad”, dijo Lula.

De la pobreza a la presidencia

Lula nació el 27 octubre de 1945 en el seno de una familia de agricultores pobres del nordeste, de donde emigra cuando él tenía 7 años al estado de San Pablo para escapar de la hambruna.

En 1975 se convierte en presidente del sindicato de metalúrgicos, sector donde trabaja desde los 14 años. Entre 1978-80 lidera grandes huelgas en plena dictadura (1964-1985) y es encarcelado un mes por su papel en el conflicto.

En 1980 participa en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT).

El 1º de enero de 2003 asume como el primer presidente brasileño de origen obrero. Reelecto en 2006, termina su mandato en 2010, con más de 80% de aprobación.

En 2005 releva a la dirección del PT por el escándalo de corrupción del “Mensalão” (pago de sobornos a legisladores).

El 4 de marzo de 2016 el juez Sergio Moro ordena llevar a Lula a prestar declaración forzada, en el marco de la investigación Lava Jato.

El 12 julio de 2017 el juez Moro lo condena a nueve años y medio de prisión por el caso del apartamento de la constructora OAS. En enero de 2018 un tribunal de segunda instancia eleva la pena a 12 años y un mes.

El 7 de abril de 2018, dos días después de que el juez Moro ordenara su detención, Lula se entrega a la policía en el Sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo do Campo, en San Pablo, para cumplir su primera condena.