Lucas Carlos Lima sobre guerra en Gaza: "Habrá implicaciones jurídicas y para los gobiernos futuros"

Lucas Carlos Lima es profesor de Derecho Internacional y coordinador del Centro de Estudios para Asia Oriental en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil. También coordina el Grupo de Investigación sobre Cortes y Tribunales Internacionales del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil.

Sus áreas de investigación incluyen el procedimiento ante tribunales internacionales, la prueba y la pericia ante la Corte Internacional de Justicia. En diálogo con El País, el académico ahonda en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, los BRICS y el rol del gigante sudamericano dentro del bloque y la función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un contexto de guerra como el de la actualidad.

—Entraron en vigor los adicionales del 50% que Trump impuso en Brasil. ¿Cree que habrá margen para negociar, como Trump ha hecho con otros países? Teniendo en cuenta que el Departamento del Tesoro tachó al gobierno de Lula como una amenaza hasta para la seguridad, la economía y más…

Brasil y Estados Unidos mantienen una relación histórica, y no parece que el gobierno brasileño tenga interés en abandonarla, ni siquiera de manera temporal. La posición del gobierno, hasta ahora, a pesar de algunos discursos más o menos reactivos, ha sido de negociación y de valorización de principios fundamentales consagrados en la Constitución brasileña, como la igualdad entre los Estados y el respeto a la soberanía nacional. Muchos de los productos brasileños afectados por los aranceles ya han sido incluidos en las excepciones generales, lo que puede interpretarse como una flexibilización en la postura del gobierno estadounidense. Al mismo tiempo, Brasil aprobó en abril de este año una ley de reciprocidad para responder, en caso de que lo considere necesario.

—Se ha indicado que Lula ha capitalizado políticamente ante esta confrontación, fortaleciendo su imagen como defensor de soberanía nacional. ¿Qué impacto podría tener esto en las próximas elecciones? ¿Le da margen para reeditar su base electoral?

—En cuanto a la cuestión política, el actual momento de polarización no permite sacar conclusiones definitivas sobre el impacto de esta relación en las próximas elecciones o en el apoyo al presidente Lula o al expresidente Bolsonaro. Aún estamos lejos de las elecciones, que tendrán lugar el próximo año. Sin embargo, como señalan encuestas y analistas internacionales, las reacciones frente a las medidas adoptadas por Washington parecen reforzar mucho más al actual gobierno que generar simpatía hacia el expresidente. Si las elecciones fueran este octubre, el escenario sería uno; pero aún falta mucho para que se consolide el panorama electoral del año que viene, especialmente porque todavía no está claro quiénes serán los candidatos.

—Algunos ven a Alexandre de Moraes (ministro del STF) como un bastión de defensa democrática frente al avance autoritario del bolsonarismo, pero que también se lo acusa de extralimitarse en sus funciones. ¿Cuál es su evaluación del rol que ha jugado Moraes en este equilibrio entre justicia y política? ¿Qué riesgos implica que tanto poder quede concentrado en una figura del Poder Judicial, y cuáles son sus ventajas?

—Brasil sigue contando con instituciones sólidas, y el Supremo Tribunal Federal es una de ellas. Existe una cortina de humo de desinformación en torno al accionar del Supremo. Sin embargo, lo que se ha podido observar en los últimos tiempos es una cohesión institucional que va más allá de las personalidades: una corte bajo ataque tiende a unirse y a fortalecer sus posiciones, incluso mientras acoge divergencias internas. Naturalmente, cuando las instituciones judiciales ingresan directamente en el ámbito político, el discurso político también reacciona frente a ellas. El impacto de esto es una mayor preocupación del Tribunal por fundamentar sólidamente sus decisiones y justificar sus acciones, consciente de que habrá respuestas políticas frente a sus fallos sobre el respeto o la violación del derecho brasileño.

Foto: AFP

Desde una perspectiva más amplia, esta situación nos invita a reflexionar sobre las instituciones y los modelos del Estado brasileño. Pero las reformas no se hacen en medio de una tormenta, y no podemos olvidar que, en este momento, la Corte Suprema está analizando uno de los ataques más articulados contra la democracia brasileña: el ataque físico e institucional a las más altas instituciones del país. Al fin y al cabo, esta coyuntura parece ofrecernos una oportunidad para pensar sobre las instituciones democráticas y lo que debemos hacer para protegerlas. De ahí las reacciones, en diferentes niveles de la sociedad, frente a acciones externas dirigidas contra dichas instituciones.

—Hablemos de los BRICS. ¿Qué gana Brasil con su participación? ¿Ve al bloque como posible contrapeso real al G7, o más bien como una plataforma para que ciertos países muestren independencia?

—Dentro del BRICS, existen varios proyectos de BRICS. El BRICS+ es, sin duda, una oportunidad para Brasil, y este momento de tensión temporal con Estados Unidos parece demostrar que no debe descartarse la diversificación de oportunidades y alianzas. Como plataforma de cooperación, el BRICS+ tiene mucho que ofrecer a los países en desarrollo. Siempre sostengo que el BRICS+ parece estar mucho más interesado en reformar la gobernanza global que en reemplazarla. Si analizamos los resultados de la presidencia brasileña en el BRICS+, podemos observar que existen muchas áreas con cooperación real, como cambio climático, inteligencia artificial, cooperación en salud y la formación de posiciones conjuntas sobre temas de gobernanza global, a pesar de las profundas diferencias estructurales entre sus miembros.

En aquellos temas donde no es posible formar posiciones conjuntas, el BRICS+ guarda silencio y mantiene posiciones nacionales, como la guerra en Ucrania. Como miembro fundador del grupo, Brasil tiene efectivamente un peso importante. Tanto es así que no cedió a las presiones y no aceptó la entrada de Venezuela al bloque. Naturalmente, como todo grupo, posee una arquitectura interna que no siempre alcanzará consensos. Pero un bloque como el BRICS no necesita llegar a consensos en todo. No se trata de una iniciativa que busque ser un contrapeso al G7 o al G20, sino de una plataforma paralela de países que comparten, en algunos casos, agendas comunes. Quizás el cambio de lenguaje más importante en la última cumbre sea la pretensión de los BRICS de actuar como representantes de lo que se denomina el Sur Global. Pero esta ambición aún está en construcción dentro del bloque, y tendremos mayor claridad sobre el futuro del proyecto el próximo año, con la presidencia india.

Cumbre de los BRICS. Foto: Presidencia.

—Respecto a su área de especialización, el derecho internacional: ¿Qué rol real tiene hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a denuncias tan graves como las de genocidio en Gaza? ¿Es importante que los países tengan iniciativa de concurrir a esta institución ante casos como el de Gaza, aunque no haya un “efecto inmediato” sobre la situación?

 —Brasil decidió recientemente intervenir en el proceso que Sudáfrica inició contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, en el marco de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Se trata de una acción técnica, muy precisa, pero que, sin duda, envía un mensaje. La posición del gobierno respecto a la situación humanitaria en Gaza se materializa en una acción judicial que le permite articular, mediante el lenguaje del derecho, sus posturas. La posición del gobierno brasileño es clara: la dramática situación que se vive en Gaza exige una toma de posición. Ante la parálisis del Consejo de Seguridad, los Estados están recurriendo a otros foros para expresar su opinión, exigir consecuencias y dejar claro que, independientemente del desarrollo del proceso, habrá implicaciones en el ámbito jurídico y para los gobiernos futuros. Esto puede traducirse tanto en presiones inmediatas como en acciones futuras.

En lo que respecta a la Corte Interamericana, es posible observar que los Estados siguen comprometidos con la protección de los derechos humanos, a pesar del difícil momento histórico. Un ejemplo de ello es que tanto Brasil como Montevideo acudieron a la Corte para participar en el procedimiento sobre cambio climático. Uruguay y Brasil también comparecieron ante la Corte de La Haya para articular sus posiciones jurídicas sobre esta cuestión. Interpreto esta participación como una genuina voluntad de nuestros países de fortalecer el multilateralismo y las plataformas globales de protección del medio ambiente y de los derechos humanos. El compromiso de los Estados de la región con los derechos humanos —manifestado en la participación de Brasil y Uruguay en la Convención Americana sobre Derechos Humanos— orienta sus políticas exteriores jurídicas para pronunciarse y actuar frente a graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.