El presidente del Parlamento de Nicaragua, Gustavo Porras, dijo este miércoles que sí se celebrarán elecciones en el país pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria".
Ayer martes, anunció un plan de trabajo para reformar la Constitución y otras leyes después de que el copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, afirmara el domingo que "aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".
Porras matizó las declaraciones de Ortega y dijo que el mandatario quiso decir que en Nicaragua "no van a volver a haber nunca elecciones en manos de los imperialistas para tratar de avasallar y de imponer el poder de los imperialistas sobre el pueblo".
El Parlamento y la autoridad electoral -controladas por el gobierno- comenzaron este miércoles a definir las leyes que, según la copresidenta Rosario Murillo, pretenden bloquear comicios "orientados por Estados Unidos". El objetivo es impedir que partidos opositores compitan en elecciones, tal como lo solicitó Ortega.
"Ese es el tipo de elecciones que no volverán jamás", advirtió Murillo este miércoles en declaraciones a un medio estatal, un día después de que Washington advirtiera que no se quedará de "brazos cruzados" frente a los planes de la "dictadura".
Porras dijo que luego de las consultas esperan tener lista la iniciativa de las reformas en la primera semana de agosto, para aprobarlas en la primera de dos legislaturas.
"Lo importante es que dejemos en rango constitucional de que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros", manifestó Porras.
Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.
El gobierno nicaraguense ha declarado "traidores a la patria" y despojado de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció una "erosión constante del Estado de derecho" en el país, y un grupo de movimientos políticos nicaragüenses exiliados afirmó que Ortega busca "consolidar un régimen autoritario, permanente y dinástico" que "profundizaría el exilio y la migración".
Organización de Estados Americanos
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, sostuvo que “el régimen ha abandonado la democracia”.
Para Juan Sebastián Chamorro, coordinador de un movimiento político en el exilio, Ortega finalmente confesó su deseo de “convertir a Nicaragua en un país de partido único como China, Corea del Norte y Cuba”.
Ortega, de 80 años, quien gobierna con su esposa Rosario Murillo como copresidenta, anunció que no habrá elecciones en momentos en que opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión internacional lograra comicios libres en Nicaragua.
El dictador adelantó que serán aprobadas leyes que “les pongan un muro, un bloque a los golpistas”, de forma que “por mucha plata que les den los yanquis, no podrán” llegar al poder.
Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual fue reelegido tres veces en cuestionados comicios. En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y se adjudicó la reelección sin rivales.
Ortega y Murillo gobiernan con poder absoluto, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
“Ortega confiesa lo que más le inquieta: no ha conseguido neutralizar a la oposición (...), sabe que la voluntad de cambio sigue viva y que aún le disputa el país”, dijo a la AFP Félix Maradiaga, exaspirante presidencial y exdetenido político, despojado de su nacionalidad y exiliado en Estados Unidos.
Casi un millón de nicaragüenses partieron al exilio principalmente a Costa Rica, Estados Unidos y España en los últimos ocho años.
Unos 500 activistas opositores, sacerdotes, periodistas e intelectuales como los escritores Sergio Ramírez -miembro de la Real Academia Española- y Gioconda Belli fueron despojados de su nacionalidad y bienes.
Murillo, de 75 años, realiza una purga interna -varios dirigentes del FSLN han sido encarcelados- en el Estado ante un eventual fallecimiento de Ortega, quien sufre lupus e insuficiencia renal.
Estados Unidos advirtió el martes que no se quedará “de brazos cruzados” tras el anuncio de Ortega de que Nicaragua no tendrá más elecciones. El presidente Donald Trump y la comunidad internacional “no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura (...) profundiza la represión y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional” de Estados Unidos, advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio, en X. “Abolir” las elecciones “demuestra su cobardía y miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense”, añadió.
Estados Unidos aplica sanciones al régimen nicaragüense como la restricción de visado a más de 2.350 funcionarios y sus familiares, pero ha evitado ir tan lejos como en Cuba, sometida a una dura presión que tiene su economía al borde del colapso.
Con información de AFP y EFE
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