El presidente del Parlamento de Nicaragua, Gustavo Porras, dijo este miércoles que sí se celebrarán elecciones en el país pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria".
Ayer martes, anunció un plan de trabajo para reformar la Constitución y otras leyes después de que el copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, afirmara el domingo que "aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".
Porras matizó las declaraciones de Ortega y dijo que el mandatario quiso decir que en Nicaragua "no van a volver a haber nunca elecciones en manos de los imperialistas para tratar de avasallar y de imponer el poder de los imperialistas sobre el pueblo".
El Parlamento y la autoridad electoral -controladas por el gobierno- comenzaron este miércoles a definir las leyes que, según la copresidenta Rosario Murillo, pretenden bloquear comicios "orientados por Estados Unidos". El objetivo es impedir que partidos opositores compitan en elecciones, tal como lo solicitó Ortega.
"Ese es el tipo de elecciones que no volverán jamás", advirtió Murillo este miércoles en declaraciones a un medio estatal, un día después de que Washington advirtiera que no se quedará de "brazos cruzados" frente a los planes de la "dictadura".
Porras dijo que luego de las consultas esperan tener lista la iniciativa de las reformas en la primera semana de agosto, para aprobarlas en la primera de dos legislaturas.
"Lo importante es que dejemos en rango constitucional de que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros", manifestó Porras.
Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.
El gobierno nicaraguense ha declarado "traidores a la patria" y despojado de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció una "erosión constante del Estado de derecho" en el país, y un grupo de movimientos políticos nicaragüenses exiliados afirmó que Ortega busca "consolidar un régimen autoritario, permanente y dinástico" que "profundizaría el exilio y la migración".
Con información de AFP y EFE
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