ALIMENTOS

El Parlamento de Argentina convirtió en ley un proyecto que obliga a etiquetar de forma frontal y visible los alimentos, con mensajes que alerten sobre su contenido excesivo de grasas, sodio y azúcares y sus calorías como un modo de promover una alimentación más saludable.

La iniciativa, que ya había sido aprobada en el Senado hace casi un año, recibió cerca de la medianoche de este martes el visto bueno de la Cámara de Diputados por 200 votos a favor, 22 votos en contra y 16 abstenciones.
La denominada ley de promoción de la alimentación saludable, impulsada por el oficialismo y que ha sido cuestionada por la industria alimenticia, fija pautas para una alimentación saludable y establece la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos ultraprocesados.

La etiqueta, con forma de octógono negro y con letras blancas, debe advertir sobre el exceso de nutrientes críticos, como sodio, azúcares y grasas saturadas, un mensaje que busca ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

La norma, similar a la rige en Chile, también establece que los productos que contengan edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no es recomendable para los niños.

Por otra parte, la ley prohíbe hacer publicidad comercial dirigida a niños y adolescentes de productos con sellos de advertencia.

La nueva ley ha sido cuestionada en ciertos aspectos por entidades empresariales. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que reúne a 14.500 empresas del sector, cuestionó que la ley se aparta de los avances en el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para diseñar una norma regional sobre etiquetado que para la industria resultará "fundamental" a los efectos del intercambio comercial y de las negociaciones internacionales en curso.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) dijo que está de acuerdo con promover estilos de vida saludables y con mejorar la educación y la comunicación sobre los alimentos, pero advirtió que la norma genera "obstáculos" al comercio y a la producción al imponer un sistema de advertencia que "se transforma en un modelo punitivo, confuso, parcial e inequitativo".