ARGENTINA
Se anularon los procesamientos de unos 20 acusados.
La Justicia Federal argentina descartó ayer martes que el Gobierno de Mauricio Macri creara una “asociación ilícita” para espiar a políticos, periodistas y sindicalistas, por lo que anuló los procesamientos de al menos 20 acusados.
La sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional dictaminó la falta de mérito para Darío Nieto, secretario del expresidente Macri y el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.
Pero dejó procesada a Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI, por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, ya que consideró que no controló la actividad de un grupo de agentes que habrían actuado por cuenta propia para espiar y extorsionar a personalidades de la política, sindicalistas y periodistas locales.
La comisión bicameral del Senado argentino, que se encarga del seguimiento de los organismos de inteligencia y es de mayoría peronista, asegura que Macri transformó el espionaje en una política de Estado.
Sin embargo, el fallo de la Justicia consideró: “Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal”. “Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”, agregaron en el fallo.
De todas maneras, se admitió que “existió un grupo que movido por intereses personales utilizó recursos sensibles del Estado con fines ilegales”.
Se trata de nueve agentes de inteligencia que quedaron procesados.
La supuesta estructura ilegal habría espiado a Cristina Kirchner y al Instituto Patria, el laboratorio de ideas de la exmandataria y actual vicepresidenta. En este aspecto, las tareas de observación y seguimientos “tenían una orden judicial” que autorizaba estas medidas, por lo que no podría haber sanciones penales.
Si bien en esta causa no fue procesado, Macri sí lo está, desde el 1 de diciembre pasado por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA “San Juan”. (Con información de EFE)
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