ARGENTINA

El juicio oral contra la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, ingresó ayer viernes en la recta final con los últimos alegados de los acusados en este proceso por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública.

El Tribunal Oral Federal 2 inició la ronda con el empresario Lázaro Báez, quien aprovechó la oportunidad solamente para destacar la labor de su defensa. “Porque la verdad, la única que se preocupó en buscarla fue mi defensa, como la defensa de todo el resto de las personas que han sido imputadas en esta causa”, dijo Báez.

El resto de procesados que pudieron expresarse por última vez en esta jornada fueron Mauricio Collareda, Raúl Daruich, el ex ministro Julio De Vido y Abel Fatala.

“Mis defensores y el resto de defensas han planteado con absoluta idoneidad pruebas, argumentos y objeciones que dejan al desnudo la enorme cantidad de irregularidades en este proceso, y la inocencia de los acusados”, dijo De Vido, y pidió a los jueces “que no se escuden en la benevolencia inmoral de algunos medios de comunicación”.

“Todos sabemos que esta acusación ha sido siempre insostenible, injusta. (...) Deben elegir una condena inmoral o el resguardo al estado de derecho”, concluyó el exministro, y remarcó que “es la tercera vez” que le llevan a un juicio “en forma direccionada”.

El próximo martes podrán expresarse Cristina Kirchner y otros tres acusados y ese mismo día el tribunal dará a conocer la fecha en la que escuchará las últimas palabras de otros cuatros acusados.

En esta casusa se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

En este juicio, Cristina Kirchner está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.

La vicepresidenta en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que le protegen.

El pasado 22 de agosto, la Fiscalía pidió para Cristina Kirchner una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, al tiempo que propuso decomisar bienes de los acusados en este juicio por una suma de 5.231 millones de pesos (30,4 millones de dólares).

Los fiscales acusaron a la exmandataria de haber creado, junto a su fallecido esposo, Néstor Kirchner, “una de las matrices más extraordinarias de corrupción” en Argentina.

En otro orden, la justicia argentina rechazó ayer viernes un recurso de Cristina Kirchner para apartar a la jueza que investiga el atentado fallido del que fue víctima el 1 de septiembre.

La Cámara Federal confirmó a la jueza María Eugenia Capuchetti al frente de la causa por el intento de homicidio que sufrió Cristina Kirchner, cuando un hombre gatilló dos veces una pistola muy cerca de su cabeza, sin que el arma llegase a disparase. Están arrestados el atacante, su novia y el supuesto jefe de la banda.

La defensa de la expresidenta había solicitado la recusación de la jueza al considerar que omitía profundizar la investigación para determinar si hubo instigadores políticos del atentado. El tribunal a la vez que confirmó a la jueza, le ordenó “corroborar o descartar” supuestas declaraciones del diputado opositor Gerardo Milman, respecto a que sabía con antelación del ataque.