El gobierno de Panamá reconoció este lunes "graves irregularidades" en la entidad que recauda los impuestos, tras revelarse un fraude de al menos 40 millones de dólares que involucra a varios funcionarios.
A inicios de julio, la operación Pandora puso al descubierto un robo continuado de saldos a favor de contribuyentes conocidos como créditos fiscales, en la Dirección General de Ingresos (DGI).
Las autoridades han detenido a 17 personas, incluidos abogados y varios empleados de la DGI que fueron destituidos y enfrentan cargos de crimen organizado, corrupción y blanqueo de capitales.
El gobierno "ha detectado graves irregularidades" en la DGI, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en un video al señalar que la defraudación "comenzó hace muchos años, captó funcionarios y burló los controles del sistema" informático.
Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informa que ante las graves irregularidades detectadas en la DGI, el gobierno panameño actuó de manera inmediata para proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia de la administración tributaria.
— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) July 27, 2026
Este esquema, que… pic.twitter.com/fIdPQzDBye
En modelo tributario panameño, un crédito fiscal es un derecho patrimonial o saldo a favor que un contribuyente tiene frente al Tesoro Nacional, originado por sumas de dinero que ingresaron efectivamente al fisco de forma indebida o en exceso, o bien por incentivos y beneficios expresamente reconocidos por la ley.
El marco legal permite que un contribuyente transfiera sus saldos a favor a un tercero, incluidos bancos, con descuentos.
El diario local La Prensa asegura que los funcionarios y sus cómplices eliminaban del sistema -programa de gestión e-Tax 2.0- operaciones comerciales que habían generado pago de impuestos. Esos fondos eran convertidos luego en créditos fiscales para ser transferidos a intermediarios e incluso bancos, que aseguran haberlos adquirido de buena fe.
Según los reportes de prensa, el monto del desfalco podría superar el estimado inicial de 40 millones de dólares.
El ministro Chapman anunció este lunes la suspensión del "trámite de todos los créditos fiscales bajo sospecha", y pidió a la Contraloría una investigación para identificar las vulnerabilidades de la plataforma.
La investigación se inició en 2024 tras una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en la tramitación de créditos fiscales, de acuerdo con la información oficial.
La imagen de Panamá quedó dañada seriamente en 2016 tras el escándalo internacional de los "Panama Papers", cuando una publicación reveló cómo personalidades de todo el mundo utilizaron la jurisdicción de ese país para la evasión, aunque desde entonces se hicieron reformas para salir de las listas de paraísos fiscales.
Con información de AFP y EFE
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