El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde está detenido su presunto testaferro, Alex Saab, desde la semana pasada, reportó ayer martes el diario Miami Herald.
Los fiscales federales han puesto el foco en Saab, deportado el 16 de mayo de Venezuela a Estados Unidos para afrontar cargos por lavado de dinero, porque piensan que posee información detallada sobre la estructura financiera de Maduro, según personas familiarizadas con las investigaciones citadas por el diario de Miami.
“Ese interés surge mientras el Departamento de Justicia impulsa una segunda investigación criminal contra Maduro, desarrollada en el sur de Florida y centrada, al menos en parte, en posibles delitos financieros”, informó el diario.
Este reporte se suma a una nota de CBS News del 19 de mayo que expuso, con base en “múltiples fuentes” anónimas, que fiscales federales en Miami recibieron órdenes para abrir una nueva indagatoria criminal contra Maduro “en medio de preocupaciones sobre que el proceso pendiente en su contra es débil”.
La nueva investigación, según CBS News, se abrió en marzo después del traslado de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas, pues el DOJ y la Casa Blanca han “expresado en privado” su “preocupación” por la falta de cargos de lavado de dinero.
Este segundo proceso, añade el diario, lo lidera el fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales, junto a agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y la sección de Investigación Criminal del ISR, el fisco estadounidense.
La nueva indagatoria toma fuerza tras el proceso contra Saab, empresario colombiano y exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, acusado en el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos. Según el DOJ, el caso de Saab involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables.
Con dicho proceso, los investigadores de EE.UU. están examinando si Saab podría ser “el arma más valiosa contra” Maduro, según el Herald.
Nacido en Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela.
Presos políticos
En tanto, en Venezuela siguen los reclamos para que el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez libere a los presos políticos del régimen chavista.
Un grupo de familiares de presas políticas y activistas protestó ayer martes frente a una cárcel de mujeres cercana a Caracas para exigir a Delcy Rodríguez el cumplimiento de recientes anuncios sobre otros cientos de excarcelaciones.
“No están solas”, gritaban los manifestantes desde las afueras del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, estado Miranda, hacia donde caminaron con una gran pancarta que decía: “Hasta que la última sea libre”.
Varios de los asistentes tenían fotografías de algunas de las 34 mujeres que, según la ONG Foro Penal, permanecen detenidas por razones políticas, entre ellas, Emirlendris Benítez, una comerciante encarcelada desde 2018 y condenada a 30 años de prisión por el caso de un atentado en ese mismo año contra Maduro, una acusación que organizaciones no gubernamentales y su familia rechazan.
Su hermana, Melania Leal, dijo en la protesta que Benítez, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medida cautelar en 2020, lleva “siete años y nueve meses injustamente privada de libertad” sin “haber cometido ningún delito”.
“Ella fue brutalmente torturada, estando embarazada perdió a su bebé”, señaló.
Leal pidió a la mandataria encargada y a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, poner fin a “tanto dolor y sufrimiento”.
Un total de 409 personas siguen detenidas por razones políticas en Venezuela tras las recientes excarcelaciones otorgadas por el Gobierno, informó ayer martes la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos.
Según un balance publicado en X, hay 375 hombres y 34 mujeres en prisión por motivos políticos, y entre estas personas hay 222 civiles y 187 militares. Del total, 39 son extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad.
Además, 159 de esas personas están condenadas, mientras que las otras 250 no, aseguró la ONG, que desde 2014 contabiliza 19.096 detenciones con fines políticos en Venezuela. Con información de EFE
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