AFP
Estados Unidos anunció ayer jueves que llegó a un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro para “la repatriación directa” de venezolanos a su país. El presidente demócrata Joe Biden está bajo fuerte presión, no solo de los republicanos, que le acusan de haber causado una crisis migratoria en la frontera con México, sino también de algunos demócratas al frente de ciudades desbordadas por la llegada de migrantes.
Según datos oficiales, la patrulla fronteriza ha interceptado a venezolanos más de 100.000 veces en la frontera con México desde mayo hasta finales de agosto de este año. En el mismo periodo del año anterior la cifra fue de alrededor de 43.000.
Ante este panorama, Biden ofreció amparo migratorio a 472.000 venezolanos durante 18 meses para que puedan obtener permiso de residencia y trabajo. Pero solo se aplica a los que llegaron al país antes del 31 de julio de 2023.
Aquellos que llegaron después de esa fecha y no tienen “una base legal” para permanecer en Estados Unidos serán expulsados. “Estados Unidos reanudará las repatriaciones a Venezuela de venezolanos que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos”, afirma el Departamento de Seguridad Interior (DHS) en un comunicado, que asegura que “las autoridades de Venezuela” han dado su visto bueno.
El régimen de Maduro confirmó el acuerdo que permite “la repatriación ordenada, segura, y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos a través del programa ‘Vuelta a la Patria’”, dijo en una nota.
Muro
Biden afirmó ayer que ampliará el muro en la frontera con México para frenar a los migrantes. El mandatario dijo que se ve obligado a destinar para este fin fondos asignados durante el mandato del republicano Donald Trump. Atrás quedan las promesas de campaña de Biden en 2020, cuando afirmó que “no se construirá ni un metro más de muro” durante su administración.
El secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, justificó la ampliación del muro debido a la “necesidad aguda e inmediata” de “evitar entradas ilegales” en la frontera.
La decisión entró en vigor ayer, cuando Mayorkas, el secretario de Estado Antony Blinken y el fiscal general Merrick Garland se encontraban en México para hablar precisamente de migración y tráfico de fentanilo.
México está descontento con la medida de Biden y lo ha hecho saber. “Esa autorización para la construcción del muro es un retroceso porque eso no resuelve el problema, hay que atender las causas” de la migración, afirmó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Tampoco agradará a los ecologistas, ya que para poder instalar en Texas lo que denomina “barreras físicas y caminos adicionales”, el gobierno deroga una veintena de regulaciones federales, muchas de ellas medioambientales.
A lo largo de décadas, distintos gobiernos republicanos y demócratas han levantado algún tipo de vallado en las zonas fronterizas con México. Trump, con el que Biden podría volver a batirse en duelo electoral en las presidenciales de 2024, convirtió la construcción de un muro fronterizo en uno de los ejes de su política migratoria y aseguró que México pagaría por él.
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