El gobierno de Donald Trump oficializó un cambio normativo que limitará a un máximo de cuatro años la permanencia de los estudiantes extranjeros en su territorio sin autorización federal explícita. La norma, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), acaba con la figura del "duración de estatus" que permitía residir en el país durante todo el trayecto académico.
Un giro estricto en las reglas de residencia académica
La decisión del gobierno federal transforma de manera sustancial la regulación migratoria para los portadores de visados F-1 y J-1, según la BBC. Hasta la fecha, las instituciones de educación superior contaban con la potestad de gestionar y conceder extensiones a sus alumnos sin requerir la intervención directa del Poder Ejecutivo. A partir de la entrada en vigor de la medida en setiembre, cualquier prórroga requerirá el aval directo de la administración de EE.UU.
El DHS argumentó que el ajuste normativo busca combatir abusos en el sistema migratorio. Según declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin, "por décadas, los estudiantes extranjeros han sido admitidos de forma indefinida, permitiendo que miles abusen de nuestro sistema de inmigración inscribiéndose perpetuamente en cursos para evitar tener que irse". El jerarca añadió que "al implementar límites claros y finitos para estas visas de estudiantes extranjeros, Estados Unidos está recuperando su capacidad para filtrar, verificar y monitorear adecuadamente a las personas dentro de nuestras fronteras".
Además de restringir el tiempo total de permanencia, el nuevo reglamento impone severas trabas para los traslados de universidad o los cambios de especialidad académica. Al mismo tiempo, reduce de 60 a 30 días el período de gracia para que los egresados abandonen el territorio estadounidense o modifiquen su estatus migratorio, informó BBC.
Rechazo en el sector de la educación superior a la nueva norma de Trump
La reacción dentro del ámbito académico no se hizo esperar. Organismos del sector educativo cuestionaron la viabilidad de la iniciativa y advirtieron sobre el impacto negativo que causará tanto en el reclutamiento global como en las tareas de investigación científica, según Univision.
Desde la organización Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA, por sus siglas en inglés), su directora ejecutiva, Fanta Aw, sostuvo que la política "inyecta incertidumbre, burocracia y temor en un sistema que ha funcionado de manera efectiva durante mucho tiempo", calificándola como "una solución en busca de un problema". Aw destacó además que "en un momento en que la competencia global por el talento se intensifica, esta política envía exactamente el mensaje equivocado" a los académicos del resto del mundo.
Por su parte, Zuzana Wootson, subdirectora de política federal de Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, afirmó, según Univision, que la medida resulta "innecesaria y redundante". La representante recordó que la población estudiantil internacional en Estados Unidos ya figura "entre las poblaciones no inmigrantes más vigiladas" en suelo norteamericano, con severos controles tanto universitarios como estatales.
Los programas de posgrado y doctorado —en especial aquellos enfocados en áreas de ciencia y tecnología— suelen extenderse más allá de los cuatro años estipulados debido a las exigencias de investigación y publicaciones, explicó la BBC. Diversas agrupaciones advierten que la incertidumbre administrativa conducirá a que muchos jóvenes busquen alternativas académicas en otros países, afectando el financiamiento universitario, dado que este alumnado abona las tarifas completas al no calificar para asistencia financiera federal.
Esta reglamentación se suma a determinaciones previas de la Casa Blanca, como la exigencia de declarar cuentas en redes sociales para los solicitantes de visado, vetos de viaje a países específicos y el intento de congelar cupos en casas de estudio elitistas.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.