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Sin dinero, migrantes deportados por Estados Unidos a Panamá, de distintas nacionalidades, buscan adónde ir. El régimen de Maduro anunció que no recibirá a sus nacionales deportados por la revocación de la licencia de Chevron ordenada por la administración Trump. Por su parte, Ecuador anunció que no recibirá a migrantes deportados de otras nacionalidad. El tema central es qué pasa con todas esas personas ante esta nueva situación.

Por ejemplo, desde esta semana unos 65 migrantes deportados desde EE.UU. a Panamá en febrero, mayoritariamente asiáticos, se enfocan afanosamente en que la capital de Panamá los acoja. Forman parte de un grupo de 112 migrantes, de los 299 enviados a Panamá por el gobierno de Trump, autorizados para salir temporalmente del albergue donde estaban recluidos desde hace dos semanas en la provincia selvática de Darién, fronteriza con Colombia.

Tras un trayecto de cinco horas en autobús, estas personas quedaron a su suerte tras llegar al terminal de buses de Albrook en la capital, el sábado. Solo a un puñado de migrantes con hijos Unicef se les consiguió un hotel en Ciudad de Panamá por una semana, según periodistas. El resto debe procurarse hospedaje y alimentos, aunque muchos no tienen dinero. Mientras, deben hacer las gestiones para conseguir un país que los reciba.

Un iraní de 33 años, que viaja con dos niños, muestra un billete estadounidense y afirma a los periodistas: “No tengo dinero, solo un dólar”.

Hasta el año pasado, miles de migrantes cruzaban la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá en su marcha hacia el norte. Pero ahora, con la política de deportaciones del Trump, la mayoría de los migrantes en Panamá y otras naciones centroamericanas hacen el recorrido inverso hacia Sudamérica.

El viernes el gobierno de Panamá anunció un permiso de 30 días, que puede ser prorrogado a un máximo de 90 días, para que los 112 migrantes puedan salir del albergue de San Vicente a gestionar visas a otros países.

El permiso fue anunciado tras críticas de organizaciones de derechos humanos, que afirmaron que San Vicente y el refugio de migrantes Catem en Costa Rica eran “centros de detención”, más que albergues.

“El compromiso es el retorno voluntario bajo su propio recurso a su país de origen o a un tercer país que los quiera recibir”, explicó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego. Sin embargo, Ábrego advirtió que “si en 90 días ellos no han abandonado el país, serán expulsados o deportados”.

Ellos son 24 migrantes de Irán, 21 de Camerún, 12 de China, 10 de Nepal, 9 de Afganistán, 7 de Vietnam, 6 de Etiopía, 6 de Uzbekistán, 5 de Nigeria, 2 de Eritrea, 2 de Pakistán, 2 de Somalia, 2 de Ghana, 2 de Rusia, 1 de Angola y 1 de Sri Lanka.

“No tengo información sobre donde debería esperar o dormir, porque de repente todos llegamos aquí [a la capital panameña], sin dinero, sin información, así que la situación es realmente mala”, dice la iraní Artemis Ghasemzadeh.

Esta conversa al cristianismo huyó de Irán, pero se topó con la política de deportaciones del gobierno de Trump. Su caso fue informado en febrero por The New York Times.

Los periodistas le preguntan por qué no quiere regresar a Irán y Ghasemzadeh responde: “Por mi religión y también porque tengo problemas con el hiyab [velo islámico]”, agregando que cambiar de religión es castigado en su país.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo ayer domingo que el país “no recibirá a migrantes deportados de otras nacionalidades” tras la decisión de Venezuela de no acoger a sus propios ciudadanos deportados desde Estados Unidos, medida que, dijo, “tiene impacto en toda la región”.

“A puerta cerrada han advertido a los Estados Unidos que tras la revocación de la licencia de operación para Chevron tomarían esta medida como represalia”, ha dicho Noboa en la red social X.

The Wall Street, que cita fuentes conocedoras del asunto, señaló que se está desgastando el acuerdo de repatriación de venezolanos posterior a la reunión de enero del enviado de Trump, Richard Grenell, con Nicolás Maduro, no reconocido como presidente por EE.UU., y el asunto de Chevron ha tensado las cuerdas.

“Así actúan los regímenes autoritarios y extremistas, sin importarles el destino de quienes huyen de la crisis que ellos mismos causaron”, dijo Noboa.

Agregó que los ecuatorianos deportados “contarán con el respaldo del Estado en cada paso”. “Porque aquí no abandonamos a nuestra gente”, concluyó el mandatario ecuatoriano.

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Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Interior), destacó que “cada uno de los migrantes que han retornado a nuestro país serán tratados como se merecen porque todos llevamos la alta distinción de ser mexicanos”.

Los migrantes repatriados se registran en la plataforma de la Secretaría de Gobernación, lo que les permitirá acceder a diversos apoyos gubernamentales, como una tarjeta de 2.000 pesos (unos 100 dólares), destinada a su gastos personales y se les ofrece transporte gratuito a sus lugares de origen a través del INM. Esto en el marco de la estrategia “México te abraza”, que ayuda a los migrantes a la reinserción en la sociedad mexicana, sin que su regreso implique abandono o desatención.

Al 3 de marzo, el Gobierno de México ha recibido a 19.663 personas deportadas desde que comenzó el 20 de enero el nuevo Gobierno de EE.UU., encabezado por Donald Trump, incluyendo 4.052 extranjeros, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el país inquietan las deportaciones masivas prometidas por Trump, porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en EE.UU. y sus remesas representan casi el 4% del PIB de México, que en 2024 recibió un récord de casi US$ 65.000 millones.