En medio de un escándalo de corrupción que tiene a mal traer al gobierno del socialista Pedro Sánchez, los jueces y fiscales españoles emprendieron el martes 1º de julio una huelga de tres días para protestar contra reformas promovidas por el Gobierno que “comprometen gravemente”, según denuncian, la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal, e incrementan los riesgos de politización de la justicia.
Un 75 % de ellos secundaron esta primera jornada de la movilización, según datos de las cinco asociaciones profesionales convocantes.
Protestan en concreto contra el proyecto que modifica la Ley del Poder Judicial y el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de manera que los fiscales se encargarían de instruir las causas judiciales, un cometido que ahora corresponde a los jueces.
“Creo que es un éxito. Es lamentable tener que hacer huelga, a los jueces nos cuesta mucho”, dijo la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco.
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, aseguró que nunca quisieron llegar a la huelga y lamentó que el Ministerio de Justicia no haya hecho nada por evitarlo, al tiempo que destacó el “compromiso ético y de la dignidad de la carrera judicial y fiscal”.

La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, subrayó el compromiso de la carrera fiscal con la defensa del Estado de derecho y de la independencia del poder judicial.
Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada calificó de “enorme éxito” el seguimiento de la huelga en un momento en el que “la corrupción asedia al presidente del Gobierno y su entorno familiar y también al partido en el Gobierno”. Aludió así a varias investigaciones judiciales que afectan a la esposa y al hermano del presidente Sánchez, así como a ex altos cargos de su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por corrupción; uno de ellos, el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, cumple prisión provisional desde el lunes. El Estado de Derecho, opinó Viada, es “socavado” por leyes como estas, “dirigidas al control político de la investigación penal”.
Por parte del Gobierno, la ministra portavoz, Pilar Alegría, mostró respeto por la huelga, pero dejó claro que el Ejecutivo no va a renunciar a la reforma “modernizadora” de la justicia.
Portavoz del Gobierno: “Bochornoso”
El Gobierno español admitió ayer martes que la entrada en prisión preventiva del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es “tan desgarradora como decepcionante”.
La portavoz socialista Pilar Alegría se refirió a los “hechos absolutamente bochornosos y terribles” que implican a Cerdán en una trama de cobro y reparto de comisiones de constructoras por adjudicaciones irregulares de obras públicas.
Alegría remarcó que el PSOE se somete a auditorías contables, además del control del Tribunal de Cuentas, y sus finanzas están “absolutamente chequeadas” y “no tienen ni una sola tacha”.
“No hay ningún indicio” de que el PSOE esté implicado como “persona jurídica” en un supuesto de financiación irregular, incidió la portavoz gubernamental.
El juez del Tribunal Supremo que ordenó el lunes la prisión sin fianza de Cerdán apuntaba que podrían haberse visto beneficiadas más personas físicas o jurídicas en la trama, en la que también están investigados el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asistente personal Koldo García.

Santos Cerdán dimitió hace unos días de diputado nacional y secretario de Organización socialista, uno de los cargos más relevantes del partido, tras conocerse un informe policial que lo implicaría en la supuesta trama corrupta.
Cerdán fue hombre de la máxima confianza del líder socialista español y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y clave en los acuerdos de gobierno alcanzados con los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes después de las elecciones generales de julio de 2023.
Juez: Cerdán en la cúspide de la trama
El juez Leopoldo Puente, que envió este lunes a Santos Cerdán a prisión provisional, firmó un contundente auto de 20 páginas para justificar el encarcelamiento del ex secretario de Organización del PSOE. El juez detalla un “homogéneo”, “extraordinario” y “consistente conjunto de indicios” que sitúan al exdiputado en la cúspide de una supuesta trama dedicada al cobro de mordidas (coimas) a cambio de influir en adjudicaciones públicas. En ella también se encuentran implicados su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez; y su antiguo asesor, Koldo García. Y no se descarta la participación de “más personas”. Puente apoya parte de su decisión en los audios encontrados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en poder de Koldo García. El juez destaca que esas conversaciones son muy “explícitas”.
Con información de EFE y El País de Madrid