EFE, AFP/Madrid
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la semana pasada que se daba cinco días (se cumplen hoy lunes) para reflexionar si seguirá como presidente, tras el escándalo en torno a su esposa, Begoña Gómez, acusada de tráfico de influencias.

La decisión que pueda anunciar Sánchez hoy de abandonar o permanecer en la jefatura del Ejecutivo, marcará la vida política más inmediata en España y abre un escenario incierto con respuesta en la Constitución, la ley electoral y el Reglamento del Congreso.

La Constitución española prevé la posibilidad de que el presidente del Gobierno renuncie al cargo. El artículo 101 tiene previsto el escenario de una dimisión o fallecimiento de jefe del Ejecutivo o de una pérdida de confianza parlamentaria, como podría derivarse de una moción de censura exitosa o del fracaso de una cuestión de confianza presentadas en el Congreso.

En este caso, la dimisión de Sánchez conllevaría que todo el gabinete, incluido el propio presidente y sus ministros, continuarían en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno. Ello significa que durante ese periodo el Gobierno estaría limitado en sus atribuciones, sin capacidad para legislar o de convocar elecciones.

Como ocurre luego de elecciones generales, sería el Congreso el encargado de elegir al sucesor de Sánchez. El proceso sería idéntico al de las investiduras que se celebran tras comicios al Congreso y al Senado.

Lo primero que tendría que hacer el Partido Socialista (PSOE) es designar un candidato a la investidura, si es que antes no lo ha propuesto el propio Sánchez en su mensaje de renuncia. Por una cuestión de mera jerarquía en el gabinete, lo natural es que entre esos sucesores se encontraran la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; o la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. No obstante, no es necesario que el relevo de Sánchez sea miembro del Gobierno, ni siquiera diputado, ni tampoco militante del PSOE.

Una vez despejada esa incógnita, el rey Felipe VI haría una ronda de consultas con los partidos con representación en la Congreso de menor a mayor y, tras escuchar sus opiniones, designaría un candidato. En esta hipótesis, el candidato designado por el monarca para suceder a Sánchez se sometería al debate de investidura y para ser elegido debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (176 diputados de 350) en primera votación o más síes que noes, en segunda.

Si el candidato no lograra ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el rey podrían optar a la Presidencia. Si tras estos dos meses ningún candidato consigue la confianza del Congreso, las Cortes se disolverían de forma automática y se convocarían nuevas elecciones.

En el caso de que Pedro Sánchez decida continuar en el cargo debería esperar hasta finales de mayo para convocar una nueva cita con las urnas.

La ley establece que las elecciones anticipadas no pueden convocarse hasta pasado un año de la anterior disolución de las Cortes, que se hizo efectiva con su publicación en el Boletín oficial del Estado el 30 de mayo del 2023.

Para convocarlas, el presidente del Gobierno no puede estar en funciones así que, o Sánchez permanece en el cargo, o debería ser su sucesor o sucesora el que las convoque, pero no antes de ese plazo.

Solo desde entonces podría aprobarse el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, que se celebrarían pasados 54 días.

Ello llevaría las elecciones, como pronto, a la última semana del mes de julio. La ley no establece que tengan que celebrarse de forma obligatoria en domingo, pero si así fuera, la fecha más próxima sería el 28 de julio.

Una posibilidad barajada es que el presidente decida mantenerse en el cargo pero presente un cuestión de confianza, figura incluida en la Constitución. La cuestión de confianza es una reválida de la investidura a la que se somete voluntariamente, en momentos de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual pide expresamente el respaldo a su continuidad.

Según establece el Reglamento del Congreso, el debate se desarrolla con el mismo formato que las sesiones de investidura. La confianza se entiende otorgada cuando obtiene el voto de la mayoría simple de los Diputados, es decir más síes que noes.

Si Sánchez no obtuviera la confianza del Congreso, ocurriría igual que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura.