Redacción El Pais
El Centro de Estudios y Análisis sobre América Latina (Casla) denunció ayer viernes una operación de “engorde de rehenes políticos” por parte de las autoridades venezolanas, debido a su “flaqueza extrema”, y cuestionó que sean 400 los excarcelados los últimos días como asegura el régimen chavista.
“Nos están dando gato por liebre”, aseguró la directora de Casla, Tamara Sujú, en la presentación del manifiesto de una treintena de asociaciones y ONG venezolanas y españolas en defensa de las víctimas del chavismo y a favor de que sean juzgados y castigados los responsables.
Según la venezolana Sujú, ninguna ONG sabe con exactitud cuántos presos hay por falta de transparencia del régimen y entre los liberados pueden encontrarse “presos comunes” o “militares del régimen”.
Además, no salen totalmente libres, sino con medidas cautelares como no abandonar el país, prohibición de hablar u obligación de presentarse a las autoridades periódicamente, dijo.
“Lo que sucede con los presos tiene que ser un escándalo mundial”, con 18.000 personas en procesos judiciales abiertos, aseguró.
Sin la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, aseguró, no se estaría en un camino a la transición política: “Se nos abre la puerta finalmente, se mueve el tablero”. Y se preguntó dónde están la Unión Europea y América Latina, aparte de firmar declaraciones institucionales.
El español Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, habló del sufrimiento de las víctimas (represión, tortura, exilio...) y de la xenofobia más cruel en los países de la diáspora.
“Son centenares de asesinados y la transición venezolana no puede ponerse de perfil”, instó, sino que los responsables han de ser puestos a disposición de la Justicia.
También dijo que el 3 de enero se abrió “un proceso de esperanza” para las víctimas con la intervención norteamericana, al margen de los debates sobre el Derecho internacional.
Tomás Páez, del Observatorio de la Diáspora Venezolana, denunció que la economía venezolana ha retrocedido un 80%, y por tanto las condiciones sociolaborales se han deteriorado alarmantemente. EFE
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