Redacción El País
La discrepancia sobre cómo clasificar a organizaciones criminales como el Comando Vermelho (CV) —si como facciones o grupos narcoterroristas— fue uno de los puntos de fricción que se hicieron evidentes en la entrevista conjunta entre el gobernador de Río de Janeiro , Cláudio Castro ( PL ), y el ministro de Justicia de Lula , Ricardo Lewandowski , el miércoles 29. Si bien puede parecer una simple cuestión de nomenclatura, podría tener importantes repercusiones políticas.
“Así es como los criminales reciben a la policía de Río de Janeiro: con bombas lanzadas por drones. Esta es la magnitud del desafío que enfrentamos. Ya no se trata de delincuencia común, sino de narcoterrorismo”, escribió Castro en una publicación en la red social X el martes (28), comentando sobre la megaoperación en los complejos Alemão y Penha , que dejó 121 muertos según datos oficiales.
La expresión fue repetida por asesores como el secretario de la Policía Civil , Felipe Curi, en la conferencia de prensa celebrada el miércoles por la mañana, cuando ya se sabía que la letalidad de la operación era mucho más grave de lo que se había revelado el día anterior, y circulaban por todo el mundo imágenes de decenas de cuerpos alineados en una plaza junto a los complejos.
Actualmente, esta designación no encuentra respaldo en la Ley Antiterrorista brasileña, una realidad que la derecha afín a Bolsonaro está intentando cambiar mediante la reforma de la ley.
La idea de equiparar a organizaciones como CV y Primeiro Comando da Capital (PCC) con grupos terroristas se inspira en la línea adoptada por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , mediante una orden ejecutiva dirigida contra los cárteles mexicanos y, posteriormente, contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela , como justificación de sus ataques contra buques en el Mar Caribe y el posicionamiento de flotas navales en esa región.
En mayo de este año, un enviado estadounidense incluso estuvo en Brasil para abogar por que el gobierno brasileño adoptara la misma postura, lo cual fue rechazado por la Policía Federal .
La posición de la Policía Federal —principal agente en la lucha contra el crimen organizado en el país— y del Ministerio de Relaciones Exteriores se basa en el temor de que el cambio pueda abrir la puerta a sanciones estadounidenses contra Brasil, similares a lo que está sucediendo con Irán , si Estados Unidos argumenta que el país no ha hecho lo suficiente para combatir a organizaciones como el CV y el PCC.
Por este motivo, la versión del gobierno de Río no pasó desapercibida en Brasilia . El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, quien ya había intercambiado pullas con Cláudio Castro sobre los vehículos blindados de la Armada que no fueron cedidos por la Unión, aprovechó la reunión con el gobernador en el Palacio de Guanabara para reafirmar la postura del gobierno del PT sobre el tema: el formato actual de la Ley Antiterrorista.
Durante una conferencia de prensa junto a Castro y funcionarios de seguridad pública del estado, Lewandowski trató de separar las dos definiciones.
“Una cosa es el terrorismo y otra muy distinta las facciones criminales. El terrorismo siempre implica un elemento ideológico, acción política, repercusiones sociales y factores ideológicos. Las facciones criminales, en cambio, están formadas por grupos que cometen sistemáticamente delitos tipificados en el Código Penal”, declaró el ministro.
"Es muy fácil identificar qué es una facción criminal. El terrorismo, sin embargo, implica una evaluación más subjetiva."
Lewandowski también criticó indirectamente los cambios que se estaban debatiendo en la Cámara de Diputados y que podrían alterar la definición actual:
"Desde la perspectiva del gobierno federal, no tenemos ninguna intención de mezclar estos dos tipos de acciones. Esto se debe a que dificultaría enormemente la lucha contra este tipo de delincuentes, que son claramente distintos en cuanto a su motivación y acciones."
En Brasilia, el diputado Nikolas Ferreira (PL-MG), partidario de Bolsonaro, iba a presentar el proyecto de ley que buscaba enmendar la Ley Antiterrorista . Sin embargo, el congresista de Minas Gerais cedió la función al actual Secretario de Seguridad Pública de San Pablo, Guilherme Derrite ( PP ), quien tomará una licencia a principios de noviembre para retomar sus funciones en la Cámara, presentar el texto y defender las modificaciones.
Su jefe, el gobernador Tarcísio de Freitas ( Republicanos ), ha defendido abiertamente la equiparación del PCC con grupos terroristas . La organización criminal tiene su origen en el estado. La declaración se produjo en el contexto de la ejecución, que tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, informante de la facción.
Al igual que Tarcísio, el gobernador de Minas Gerais , Romeu Zema ( Novo ), quien también aspira a la presidencia, elogió el desempeño de Cláudio Castro durante una reunión remota entre gobernadores de derecha el miércoles pasado y adoptó el mismo enfoque.
"Una vez más, las fuerzas policiales del estado tienen que enfrentarse solas a estas facciones terroristas", declaró con tono de lamento.
Presión estadounidense
Como publicamos en el blog en mayo, el asesor del Departamento de Estado de EE. UU., David Gamble, viajó a Brasil para hablar sobre "organizaciones criminales transnacionales" y "programas de sanciones estadounidenses destinados a combatir el terrorismo y el narcotráfico".
Sin embargo, ningún representante de la Policía Federal accedió a reunirse con el enviado de Donald Trump. La propuesta ya había sido formulada por diplomáticos estadounidenses en reuniones preliminares celebradas en marzo pasado, a las que asistieron miembros de la Policía Federal y de la Fiscalía de San Pablo.
En la reunión que precedió a la llegada de la delegación de Gamble, la brecha entre las instituciones brasileñas se hizo evidente, según una fuente de los altos mandos de la Policía Federal.
La propuesta es defendida por sectores de la Fiscalía enfocados en la lucha contra las organizaciones criminales; entre sus figuras principales se encuentra el fiscal Lincoln Gakiya, miembro del Grupo de Acción Especial para Combatir la Delincuencia Organizada (GAECO) de la Fiscalía de San Pablo y miembro del PCC que ha sido condenado a muerte. Malu Gaspar - O Globo / GDA
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