AFP, EFE, O Globo/GDA
El expresidente Jair Bolsonaro quedó inhabilitado para ser candidato hasta 2030, pero para él este es un proceso que recién comienza: denunció el fallo como una “puñalada en la espalda” y anunció que apelará ante el Supremo Tribunal Federal, el máximo órgano judicial en Brasil.

La inhabilitación deja a Bolsonaro, de 68 años, fuera de las próximas elecciones presidenciales en 2026 y puede abrir una carrera por el liderazgo de la derecha en Brasil, por ahora sin alternativas claras.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) aprobó ayer viernes la inhabilitación de Bolsonaro por una mayoría de 5 votos a 2, por haber cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas con informaciones “falsas” durante una reunión con embajadores en julio de 2022, tres meses antes de perder las elecciones.

Cinco ministros (Benedito Gonçalves, Floriano Azevedo, André Tavares, Cármen Lúcia y Alexandre de Moraes) votaron por la inelegibilidad; dos ministros (Raul Araújo y Nunes Marques) en contra.

Para una condena por los cargos de “abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación” era necesaria una mayoría del pleno (al menos 4 de 7 votos).

La acción por la que Bolsonaro fue considerado inelegible fue presentada el año pasado por el PDT, que lo acusó de crear un ambiente propicio para la “propagación de todo tipo de desorden informativo” en la reunión con los embajadores en el Palacio da Alvorada, la residencia presidencial.

Bolsonaro dijo en esa reunión que buscaba “corregir fallas” del sistema de urnas electrónicas con la “participación de las Fuerzas Armadas”.

En su discurso, transmitido por la TV pública y las redes sociales, Bolsonaro dijo que la supuesta vulnerabilidad del sistema podía servir para manipular el resultado en su contra, algo que repitió en numerosas ocasiones durante la campaña electoral.

La sentencia de ayer viernes estuvo marcada por duros mensajes enviados por Moraes, presidente del TSE.

“La justicia es ciega, pero no tonta. No podemos, de ninguna manera, crear el precedente del avestruz. Todos saben lo que pasó, todos conocen el mecanismo para obtener los votos, pero todos esconden la cabeza bajo tierra”, dijo Moraes.

“Es muy importante que la sentencia siente un precedente para evitar que se propague el odio, la desinformación, la confabulación para atentar contra la justicia electoral, la desinformación para engañar a los electores, con el engaño a los electores se atenta contra la democracia”, agregó.

Por su parte, el instructor del caso, Benedito Gonçalves, asoció a Bolsonaro a un “discurso violento y mentiras” que pusieron “en jaque la credibilidad de la justicia electoral”, y dijo que la reunión con los diplomáticos “sirvió para incitar un estado de paranoia colectiva” sobre el sistema electoral.

“¿Qué puede ser más grave para un jefe de Estado que, con objetivos electorales, movilizar el aparato de la República para transmitir intencionadamente la idea de que las elecciones brasileñas no son limpias?”, dijo el magistrado Floriano Marques, al justificar su voto condenatorio.

En cambio, Raul Araújo, que votó contra la inhabilitación de Bolsonaro, defendió que “la intensidad del comportamiento no fue tal para justificar la medida extrema de la inelegibilidad”.

“Mentir no es una herramienta legítima para el ejercicio de una función pública”, le respondió ayer el ministro de Justicia, Flávio Dino.

“La democracia superó la prueba de estrés más dura de las últimas décadas”, agregó.

Dino indicó que el fallo del TSE “prueba que fueron perpetrados ataques abusivos al sistema de justicia y al orden jurídico”, y anunció que enviará una petición a la Abogacía General del Gobierno “para que analice la posibilidad de exigirle una indemnización”, a Bolsonaro.

En línea que Dino, el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, afirmó que este fallo contra Bolsonaro es el “primer paso” y que “aún hay mucho que tiene que ser investigado y sancionado”.

Bolsonaro tachó el fallo de “puñalada en la espalda”, pero no se dio por vencido y dijo que apelará ante la corte suprema. “No estoy muerto, vamos a seguir trabajando”, afirmó a periodistas en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais.

“Mi apelación será ante el Supremo Tribunal Federal”, añadió, estimando que con la decisión judicial, Brasil se encamina “hacia una dictadura”.

Bolsonaro insistió que no cometió ninguna irregularidad y que ahora sería una “fuerza electoral de lujo”.

“Recientemente recibí una puñalada en la barriga y ahora me dieron una puñalada en la espalda con la inhabilitación política por abuso de poder político”, afirmó por su lado Bolsonaro, en su primera reacción fallo del TSE al recordar el atentado que sufrió en 2018.

“Hoy sufro una inhabilitación, no me gusta convertirme en inelegible en la política. Esa frase no es mía: nadie mata, nadie muere”, agregó.

Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), al que pertenece Bolsonaro, afirmó que está incrédulo ante lo ocurrido por ser la primera vez en la historia que un expresidente “pierde sus derechos políticos por hablar”.

Jair Bolsonaro es el tercer expresidente brasileño que es inhabilitado para disputar cargos electivos o ejercer cargos públicos desde el restablecimiento de la democracia, en 1985.

El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, también fue declarado inelegible. En 2018, Lula fue condenado en segunda instancia a 12 años y 1 mes de cárcel por un caso de corrupción. Esa sentencia le encuadró en la llamada “Ley de Ficha Limpia”, que impide a condenados en segunda instancia concurrir a cargos electivos.

El Partido de los Trabajadores (PT) intentó postularle como candidato presidencial en los comicios de 2018, que ganaría Bolsonaro, pero la Justicia electoral rechazó su registro al estar condenado en un tribunal de apelación.

Sin embargo, en 2021, el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló esa y otra condena por corrupción contra Lula, un fallo que le permitió recuperar sus derechos políticos y presentarse a las presidenciales de 2022, que ganaría ante Bolsonaro por un estrecho margen.

El otro expresidente inhabilitado fue Fernando Collor (1990-1992), quien durante su mandato fue acusado de participar en una trama corrupta, lo que desencadenó que el Congreso pusiera en marcha un juicio político con fines de destitución en su contra.

En un contexto de grave crisis económica, Collor renunció con el objetivo de evitar ser destituido por el Congreso y mantener sus derechos políticos, pero, pese a dejar la Presidencia, el Senado aprobó su inhabilitación durante ocho años.

En 2006 se presentó en las elecciones al Senado y consiguió un escaño por el estado de Alagoas.

En mayo pasado, el Supremo lo condenó a ocho años y diez meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por recibir sobornos entre 2010 y 2014, mientras ejercía como senador. Collor espera en libertad la resolución de los recursos presentados por su defensa.