Nuevos enfrentamientos en regiones del norte y sur de Perú se produjeron ayer viernes en medio de las manifestaciones en contra del gobierno, que no dan tregua pese a los 45 muertos que dejan desde su inicio en diciembre, mientras que unos 300 turistas quedaron varados en Machu Picchu.
Las protestas llevaron al gobierno de la presidenta Dina Boluarte a declarar el estado de emergencia en siete de las 25 regiones del país -incluyendo la capital y zonas del norte y sur del país- hasta mediados de febrero, habilitando así la intervención militar junto a la policía para el control del orden público y frenar los actos de vandalismo.
Asimismo, Boluarte ratificó que su gobierno “está firme” y acusó a los manifestantes que piden su renuncia de querer “quebrar el Estado de derecho”.
Los choques de ayer se concentraron en las regiones La Libertad (norte) y Arequipa (sur), con bloqueos de carreteras y batallas campales entre los manifestantes, que lanzaban piedras con hondas, y la policía, que repelía con gases lacrimógenos.
En Arequipa, segunda ciudad de Perú, decenas de pobladores intentaron por segundo día consecutivo de invadir la pista de aterrizaje del aeropuerto, cerrado y resguardado por fuerzas del orden desde el jueves.
Al menos 76 personas heridas están hospitalizadas desde el 4 de enero para ser atendidas de sus lesiones, informó este viernes el Ministerio de Salud en sus redes sociales. De ellas, 40 se encuentran en el sureño departamento de Puno.
Aeropuertos cerrados y trenes fuera de servicio
Perú mantuvo cerrados ayer viernes los aeropuertos de las regiones del Cusco y Arequipa, y sin servicio de trenes a la ciudadela inca Machu Picchu por las protestas contra la presidenta Dina Boluarte que dejan 45 muertos. Las operaciones de las terminales aéreas se habían suspendido el jueves. Decenas de turistas extranjeros y nacionales esperaban ayer con sus maletas en el frontis del aeropuerto del Cusco su reapertura para viajar, según imágenes de televisión. También se reportaron 120 bloqueos en rutas.
Turistas varados
La crisis política tiene consecuencias en el turismo. En Cusco, el servicio ferroviario a la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano, seguía sin reanudarse anoche en el contexto de las protestas, mientras que el aeropuerto de Cusco reinició sus operaciones.
La suspensión de trenes a Machu Picchu dejó varados al menos a 300 turistas extranjeros y locales en el pueblo de Aguas Calientes, que se halla al pie de la montaña donde se levanta la famosa urbe incaica. Los turistas claman a las autoridades locales “un tren humanitario” para evacuarlos del lugar. El tren es el único medio de transporte masivo para abandonar la zona.
En diciembre, también en contexto de protestas, un helicóptero rescató de la zona a 200 turistas varados en Machu Picchu.
En tanto, los bloqueos de rutas se mantienen en 120 puntos de 15 departamentos de los 24 que tiene el país, tres menos que jueves, informó el Ministerio de Transportes.
“La lucha continúa”
En Lima las protestas no cesan desde la noche del jueves, cuando se extendieron con marchas de miles de personas que llegaron desde zonas andinas para protestar contra el gobierno de Boluarte.
Los enfrentamientos dejaron 38 heridos entre policías y civiles, según el Ministerio de Interior.
Los organizadores aseguran que las movilizaciones no se terminarían hasta lograr la dimisión de la presidenta Boluarte.
“La lucha va a continuar en todas las regiones hasta lograr la renuncia de Boluarte y los otros puntos de la agenda, como las elecciones este mismo año y el referéndum para la (Asamblea) Constituyente”, declaró a la AFP el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Gerónimo López.
En la noche del jueves, Boluarte volvió a llamar a la calma en un mensaje emitido por la televisión estatal: “A las hermanas y hermanos que sí quieren trabajar en paz, que sí quieren llevar el ingreso a sus hogares para sostener sus familias, les digo y también a los que están generando estos actos de protesta, a los que se han trasladado de las provincias a la capital, no me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo”.
Pero sus palabras caen en saco roto. “Este gobierno no nos representa, es ilegítimo para el pueblo aimara, por lo tanto hemos venido aquí para hacer sentir nuestra voz de protesta”, dijo a la AFP Ricardo Mamani, de 47 años, que participó de las marchas en Lima.
“Hemos viajado por 42 horas desde la región Puno, estamos exigiendo de una buena vez que esta señora (Boluarte) dé un paso al costado para que el pueblo esté en paz”, añadió.
Mamani, quien vestía de negro en señal de luto por los muertos en las manifestaciones, instó a organizaciones de derechos humanos internacionales a intervenir. “No sentimos la presencia del derecho internacional. No hay quien nos defienda”, clamó.
Por su parte, un delegado de Derechos Humanos de la ONU instó al gobierno peruano a investigar las muertes en el marco de las protestas (ver aparte).
En tanto, la defensora del pueblo, Eliana Revollar, destacó ayer viernes que la masiva movilización antigubernamental en Lima no tuviera “un costo social” de muertos en la capital, a pesar de que sí se produjeron dos decesos en otros puntos del país.
Al hacer un balance de la marcha denominada “toma de Lima”, Revollar dijo a la emisora RPP que “ha sido una jornada tranquila, no ha habido costo social en muertos”, aunque ha habido “heridos y detenidos”.
Al tiempo que Revollar daba ese balance, los bomberos continuaban trabajando en las labores de extinción de una casona del centro de Lima, declarada patrimonio de la humanidad en 1991, que se incendió el jueves durante los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.
“En la capital, ha sido una jornada que se ha llevado dentro de los márgenes”, dijo la defensora del pueblo.
La crisis refleja asimismo la inmensa brecha entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Castillo y que veían en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.
Delegado de DDHH de ONU pide que investiguen muertes
El enviado especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar Volkmann, declaró ayer que ha pedido al gobierno peruano información sobre qué está haciendo para evitar los muertos y heridos en las protestas antigubernamentales y que se investiguen esos casos.
Salazar Volkmann sostuvo ayer un encuentro con el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, un día después de una jornada nacional de protestas, que se concentró con una multitudinaria marcha en Lima.
Al salir de ese encuentro, el enviado especial sobre Derechos Humanos declaró a los periodistas que han “lamentado las muertes y los heridos que se han producido” y de la misma forma han “pedido información sobre qué está haciendo el Gobierno para evitar que esto se repita, que se investiguen los casos”.
Además, Salazar Volkmann saludó la “apertura” del Gobierno peruano “para conversar sobre temas de derechos humanos”.
Tras la cita con Otárola, el enviado especial se reunirá con el presidente del Congreso, José Williams, en la sede del Parlamento.
El jueves, Salazar Volkmann visitó a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en el Palacio de Gobierno, en medio de la masiva movilización de manifestantes en la capital, que dejó decenas de heridos y se mantenía firme hasta ayer.
Boluarte estuvo acompañada por el ministro de Justicia, José Tello, y por el vicecanciller Ignacio Higuera, mientras que la delegación de Naciones Unidas fue liderada por Salazar Volkmann e integrada por Igor Garafulc, Maia Campbell y Fritz Boehm.
La Presidencia peruana señaló que la jefa de Estado expuso ante la comisión “los hechos que ocurrieron” en el país desde el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue destituido tras intentar dar un golpe de Estado, “así como información de las movilizaciones sociales, la violencia producida y la lamentable pérdida de vidas humanas”.
En base a EFE y AFP
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