La Nación (GDA), AFP
En la antesala de la movilización social masiva pautada para hoy miércoles en Buenos Aires y otros puntos del país, los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad ultiman detalles del protocolo antipiquetes mientras que diputados y organizaciones de izquierda acusan al gobierno de querer “instalar un estado policial donde se cercena el derecho de protesta”.

Días atrás, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció una serie de medidas para impedir cortes de calle, y el lunes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, advirtió que se le quitaría los planes sociales a los benefactores que obstruyeran el tránsito.

La movilización de hoy tiene como telón de fondo el 22° aniversario del trágico 20 de diciembre de 2001, cuando en plena crisis y protesta social murieron 39 personas y renunció de forma anticipada el entonces presidente Fernando de la Rúa.

En esta ocasión, la convocatoria de las organizaciones sociales de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP), obedece al fuerte ajuste económico que impulsó el gobierno de Javier Milei. Tendrá como epicentros el Congreso y la Plaza de Mayo, y será la primera manifestación de magnitud que se desarrollará desde que Bullrich oficializó el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas federales para impedir bloqueos en la vía pública.

Habrá un trabajo coordinado para armar el esquema de Seguridad entre los equipos del jefe porteño Jorge Macri, que estará al mando del operativo en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, y los efectivos comandados por la cartera de Bullrich, que actuarán como soporte de la Policía de la Ciudad.

En esta línea, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, comandado por Waldo Wolff, estableció ayer directivas para aquellos que participen de la movilización “con el objetivo de fortalecer el orden”. El comunicado fijó distintas disposiciones de carácter obligatorio: no se podrá interrumpir el tránsito vehicular; no se podrá participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria; no estará permitido el uso de palos o elementos contundentes y no podrá haber niños en las marchas.

“Vamos a exigirle a las organizaciones sociales que no se movilicen con niños, ya que eso vulnera sus derechos como el de estar en su casa o en la escuela, jugando o estudiando”, señaló el comunicado.

Con todo esto en vista, el bloque de legisladores del Frente de Izquierda (FIT) de la Cámara baja se reunió ayer para realizar una audiencia pública contra el protocolo de Bullrich. “Quieren instalar un estado policial donde se cercena el derecho de protesta. Durante 40 años lo hemos defendido y hoy, ante el solo anuncio de una movilización que se realizó por varios años deciden impedir ese derecho sacando protocolos y resoluciones que son ilegítimos e ilegales”, señaló la diputada y excandidata presidencial Myriam Bregman.

Y sentenció: “se contrapone al derecho de protesta que está contemplado en la Constitución Nacional y en numerosas convenciones internacionales”.

Por su parte, el exprecandidato de Unión por la Patria y militante social Juan Grabois -que no formó parte de la convocatoria- reveló que de ahora en adelante participará de todas las movilizaciones que se hagan durante el gobierno de Milei. Pero dijo que lo hará en un nuevo rol: el de veedor de los Derechos Humanos.

Planteó que pese a que ni el Frente Patria Grande ni el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) ni la UTEP (organizaciones de las que es referente Grabois) llamaron a esta marcha, se presentarán para revisar el cumplimiento de los derechos ante el nuevo protocolo de Bullrich.

En las vísperas de la manifestación, el portavoz de Presidencia, Manuel Adorni, anunció ayer martes que el gobierno habilitó una línea telefónica para denunciar a dirigentes sociales que “amenacen” a beneficiarios de planes sociales para “obligarlos” a protestar.

“Estará abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado por algún dirigente, intermediario o puntero político, o alguien que los amanece con que si van a la marcha no se les va a quitar el plan”, ratificó el vocero presidencial en rueda de prensa diaria.

Se trata de una medida anunciada por el Ministerio de Capital Humano el lunes, que buscará auditar a las organizaciones sociales para que entreguen planes sociales con vistas a la eliminación de la intermediación en la concesión de estas ayudas que paga el Estado a sectores vulnerables y sin empleo.

“No les crean y llamen que tenemos un equipo preparado para tomar cada uno de los casos. No se les va a cortar el plan, quédense en sus casas, por supuesto que es un derecho constitucional el manifestarse, háganlo como marca la ley y respetemos el protocolo de la resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”, agregó Adorni.

El presidente Javier Milei anunciará hoy varios cambios en la legislación laboral, además de medidas para achicar las erogaciones del Estado. Según consignó La Nación ayer, en los pasillos de la Casa Rosada se hablaba de un “megadecreto” que contendría medidas de ajuste en el gasto del Estado, desregulaciones económicas y reformas al régimen laboral que impactarán en el corto plazo. El anuncio lo hará al mediodía el propio presidente a través de la cadena nacional.

Foto: AFP