Redacción El País
Javier Milei llegó al poder envuelto en un mandato disruptivo. Se presentó como el presidente que venía a dinamitar el statu quo, “el topo que iba a destruir al Estado desde adentro”. Dos años después, el balance es menos estridente.
No hubo demolición institucional ni un cambio de paradigma, sino un proceso sostenido de reformas de alcance medio, con algunos avances profundos pero lejos de una transformación estructural. A la luz de los datos, emerge una pregunta central: ¿cuán reformista es realmente este gobierno?
Un estudio realizado por LA NACION, en conjunto con LN Data y las politólogas Natalia Aquilino y Araceli Díaz Suhurt (directora y coordinadora de Itera, respectivamente), analizó 373 medidas impulsadas por el Ejecutivo y arrojó un índice reformista promedio de 2,9 puntos en una escala de 1 a 5. El estudio calificó con 1 a las reformas mínimas y con 5 a las transformadoras.
Este resultado ubica al gobierno libertario en un nivel “medio” de reformismo: un cambio significativo, con efectos visibles, pero moderado frente a la intensidad que el Presidente reivindica.
Milei sostiene que su administración es “el gobierno más reformista de la historia”, que “cumplió todas las promesas de campaña en menos de dos años” y que ya completó las “reformas de primera generación” rumbo a una etapa aún más ambiciosa.
La narrativa oficial se apoya en un informe interno que contabiliza más de 9.600 artículos modificados, derivados de 1.306 normas ajustadas. Pero el modelo de LA NACION no pondera volumen ni velocidad, sino calidad: cuán profundas son las reformas, si alteran incentivos, reglas o instituciones y, sobre todo, si tienen capacidad de perdurar. Así, el índice funciona como un contrapeso técnico frente al discurso oficial: Milei fue, hasta acá, un reformista activo, pero no un revolucionario. El interrogante es cuánto más profundo podrá ser su programa en lo que resta del mandato.
El tiempo, en ese sentido, juega a favor del gobierno, pero también impone desafíos. “En dos años, es uno de los programas de reforma más profundos que hemos visto en muchísimo tiempo”, afirmó a LA NACION Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado y artífice central de muchos de estos cambios.
En su despacho conviven dos pilas: la de reformas formalizadas y otra, más alta, con las pendientes. “Hicimos alrededor del 33%. El desafío es lo que falta”, señaló. Subrayó dos factores determinantes: la nueva composición del Congreso, que fortalece al oficialismo, y el rol del Presidente, que comunica su apoyo y desalienta rechazos. “Javier camina delante mío y me limpia el terreno para que yo pueda avanzar”, graficó.
En la comparación histórica, especialistas describen al reformismo libertario como un “shock administrativo” que desarma regulaciones y simplifica procedimientos sin reconstruir capacidades. A diferencia de experiencias como las de Carlos Menem o Mauricio Macri, que combinaron apertura promercado con fortalecimiento institucional, la lógica actual empuja hacia un Estado mínimo hobbesiano, con menos funciones y capacidades técnicas para sostenerlas.
El análisis de LN Data muestra que la mayoría de las medidas se concentró en los niveles moderado y medio, lo que explica el promedio final. Hubo también más de un centenar de reformas profundas y una docena transformadoras, aunque su peso no alcanzó para empujar el índice hacia un nivel estructural.
La metodología utilizada se apoya en la literatura del cambio de políticas públicas, que advierte que un gobierno puede emitir miles de actos administrativos sin modificar el rumbo sustantivo de un sector. Evalúa cuatro dimensiones: el tipo de cambio introducido por cada medida, la profundidad del ajuste, la extensión de su impacto y su sostenibilidad institucional. Con estos criterios, cada reforma se clasificó en la escala de cinco niveles, desde cambios de baja intensidad —derogaciones menores o simplificaciones administrativas— hasta transformaciones que redefinen un campo de política pública.
El modelo de inteligencia artificial fue ajustado en una revisión manual final. La escala no es histórica, ni compara con otros gobiernos, sino que ordena las reformas de esta administración. El recorrido es claro. En la base aparecen las medidas “mínimas” orientadas al ordenamiento de trámites y a la depuración de normas obsoletas: 12 en total. El segmento más numeroso —las reformas “moderadas”— reúne cambios puntuales de reglas, como la habilitación del autodespacho en estaciones de servicio o ajustes en procedimientos de comercio exterior: 136.
Un escalón arriba, el nivel “medio” abarca desregulaciones sectoriales de mayor alcance que amplían libertades operativas y alteran la dinámica productiva, como la flexibilización del régimen de plantaciones de yerba mate. Allí se registraron 110. El núcleo más denso del reformismo libertario está en las medidas “profundas”, donde se observan alteraciones sustantivas de marcos regulatorios y capacidades estatales: 103. La derogación de la Ley de Góndolas y de la Ley de Abastecimiento —dos pilares del intervencionismo estatal— encabezan este grupo, junto con reorganizaciones institucionales en transporte, empleo y comercio exterior.
En la cima de la escala aparecen las reformas “transformadoras”, apenas una docena, sobre todo leyes aprobadas por el Congreso. Allí figuran cambios paradigmáticos, como la incorporación del juicio en ausencia, la redefinición de figuras penales como la reincidencia y la reiterancia, o la implementación de la Boleta Única de Papel, que modifica de manera estructural el funcionamiento del sistema electoral.
La foto de mitad de mandato muestra, en síntesis, un gobierno que avanzó en múltiples frentes, produjo cambios relevantes y reordenó sectores específicos, pero que aún no impulsó una transformación integral del Estado ni alteró de manera sistémica las reglas de juego.
Para Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo y socio fundador de ABECEB, esto no implica una brecha entre narrativa y evidencia. “Muchas iniciativas se encontraron con un Congreso que las bloqueó”, advirtió. “Es difícil impulsar reformas profundas sin mayorías legislativas ni alianzas territoriales”.
El 70% de los cambios se concentró en cinco áreas: transporte, precios y abastecimiento, empleo, comercio exterior y finanzas. “El Gobierno escoge sectores donde percibe que las regulaciones entorpecen el funcionamiento del mercado y donde los beneficios económicos y simbólicos de desregular son mayores”, explicó Sica.
Aquilino agrega que son espacios de “baja conflictividad social relativa”, lo que deja al margen áreas como educación, salud o vivienda, donde el costo político sería mucho mayor.
El propio Sturzenegger identifica a las resistencias políticas como un “triángulo de las Bermudas” compuesto por sindicatos, sectores del empresariado y el peronismo, que —dice— actúan como guardianes del statu quo. Según Aquilino, el reformismo de Milei no se inscribe entre los grandes ciclos de transformación del Estado. Afirma que “carece del alcance legal del menemismo temprano, de la expansión institucional del primer kirchnerismo y de la capacidad de articulación política del alfonsinismo”.
En esa comparación, describe la experiencia actual como un “shock administrativo”. Señala que predomina un reformismo orientado al desarme regulatorio y a la simplificación operativa, más que a la redefinición formal de las funciones estatales: busca modificar el “cómo funciona” antes que el “para qué”.
Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo y curador de Argendata en Fundar, comparó la administración libertaria con las últimas experiencias promercado —la de Macri y la de Menem— y destacó una diferencia clave: el objetivo libertario de “tener el Estado más chico posible”, con escaso interés en generar capacidades estatales.
Sostiene que avanza un proceso de “descreme” en la gestión: la caída del salario público dificulta la cooptación de talento, vacía capacidades técnicas y demora expedientes sensibles, incluso en áreas estratégicas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Y advierte que el gobierno no muestra intención de revertir esa tendencia.
Schteingart puso el foco también en la estructura administrativa. Según adelantó del último informe de Fundar, Anatomía de la motosierra, el Ejecutivo redujo la superposición de funciones del 12,7% al 6,5%, pero sin eliminarla del todo. El ajuste se concentró en áreas sustantivas —secretarías y subsecretarías con misiones específicas— y no en áreas administrativas. El resultado, resume, es una “estructura más burocrático-administrativa para menos funciones”. El recorte impactó con más fuerza en áreas vinculadas al estado de bienestar que en seguridad y defensa. “Es un Estado más hobbesiano”, concluyó.
Otro dato crucial: solo 30 reformas (8%) se aprobaron por ley; el resto se formalizó por decretos y resoluciones. Para Aquilino, se trata de un reformismo con “débil institucionalización”, cuya perdurabilidad depende más del liderazgo político que de reglas estabilizadas. Sica coincide: muchos actores económicos adoptaron una postura de “esperar y ver” ante cambios que no perciben como plenamente consolidados.
Con pocas bancas propias, el gobierno enfrentó un Congreso que frenó o moderó varias iniciativas. La nueva composición parlamentaria, con 95 diputados y 20 senadores, abre un escenario distinto. A eso se suma un condicionante externo: en el diálogo con Estados Unidos surgió el planteo de que la Argentina se adecúe a prácticas internacionales en áreas sensibles como propiedad intelectual, lo que podría empujar nuevas transformaciones en 2026.
Las próximas discusiones legislativas ya están delineadas: una reforma laboral, cambios impositivos y ajustes ambientales como la Ley de Glaciares.
Si avanzan, podrían convertir un reformismo de intensidad media en un ciclo de cambios profundos. “Su implementación debería destrabar dos problemas históricos: el estancamiento del empleo formal y la presión tributaria que limita la competitividad”, proyectó Sica.
El Presidente promete una nueva ola de reformas con mayor alcance y sustento. El desenlace dirá si logra ingresar al podio del “gobierno más reformista de la historia” o si queda como una aspiración más de su narrativa disruptiva.
Delfina Celichini / La Nación (GDA)
Más apoyo parlamentario, pero obligado a negociar
Javier Milei inició ayer miércoles la segunda mitad de su mandato con mayor representación en el Congreso tras las elecciones legislativas de octubre, aunque obligado a negociar para aprobar polémicas reformas.
La nueva composición legislativa, con un oficialismo que casi triplica sus bancas, coincide con el llamado a sesiones extraordinarias hasta fin de año, en las que el gobierno buscará aprobar el presupuesto 2026 y avanzar con reformas en lo laboral, penal y fiscal.
La victoria de su partido La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de octubre, facilitada por un salvavidas millonario del presidente estadounidense Donald Trump, reforzó la gobernabilidad de Milei, aunque sigue sin tener las mayorías.
Para llevar a cabo sus reformas, Milei deberá cultivar un perfil negociador que fomente alianzas con los gobernadores, ávidos de fondos tras dos años de austeridad. En el plano fiscal, el gobierno impulsa una ley de “principio de inocencia” tributaria, que eleva los umbrales que definen la evasión y acorta su período de prescripción, y otra que prohíbe presupuestos deficitarios. También pretende endurecer el Código Penal frente al delito y la protesta.
El proyecto de reforma laboral buscará flexibilizar las modalidades de contratación, redefinir el cálculo de indemnizaciones y cambiar el sistema de convenios colectivos. La iniciativa ya cosechó el rechazo de los sindicatos.
El gobierno impulsará también una modificación de la ley de glaciares: Milei sostiene que las áreas de protección “no están bien definidas” y propone que cada provincia determine la superficie a preservar, con el fin de incentivar la minería.
El politólogo Rosendo Fraga dijo que “la actitud negociadora impulsada por los gobernadores puede cambiar si no obtienen sus reclamos”, principalmente presupuestarios. En el Senado los acuerdos le permitirían al gobierno sumar la mitad más uno de los apoyos. Se trata de una mayoría legislativa “frágil”, comentó Fraga a la AFP.
Pero en la cámara de diputados el escenario es más complejo para el oficialismo. De un total de 257 bancas, La Libertad Avanza tiene 95 y le faltan 34 para el quórum que habilita el debate, por lo que deberá forjar acuerdos.
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