Justicia de Estados Unidos obliga a Argentina a entregar el 51% de YPF; Milei apelará

La Justicia de Estados Unidos ordenó a la Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera. El pedido sería como forma de pago por la sentencia en contra en primera instancia de US$ 16.100 millones más intereses que se determinó en 2023.

La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, accedió a la moción de los demandantes -los fondos Burford y Eton Capital- de embargar las acciones de la empresa argentina. El presidente Javier Milei confirmó en la red social X que apelará el fallo.

El pedido de la jueza sorprendió al Estado argentino, dado que incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos había pedido que se rechace esa solicitud de los demandantes.

El año pasado, la Procuración del Tesoro había contactado al entonces gobierno de Joe Biden para ponerlo al tanto del juicio y para explicarle las posibles implicancias de que un juez federal de Estados Unidos solicite el embargo de activos que están en otra jurisdicción. Las acciones que tiene la Argentina de YPF están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires; no tiene tenencia de activos que cotizan en Nueva York.

En este tiempo, sin embargo, la jueza le había solicitado al Estado argentino que deposite una garantía de pago. Como opciones, había pedido que se deposite un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá.

Ninguna de las opciones era viable para el Estado y nunca se cumplió con el pedido de Preska. Sucede que para entregar o vender acciones de YPF es necesario tener la aprobación del Congreso. En relación con la supuesta deuda que Paraguay tiene con la Argentina, nunca se formalizó, más allá de algunas declaraciones políticas del gobierno anterior que decía que el país financió la mayor parte de la construcción de la central hidroeléctrica, 30 años atrás, y que el Estado paraguayo le debía parte de la obra.

“Cuando asumió Javier Milei, la Argentina debería haber depositado una garantía para evitar que comiencen los embargos durante la apelación que inició en octubre de 2023. La garantía debería haberla depositado en enero de 2024, pero, como no lo hizo, la ley americana le daba el derecho a los demandantes de embargar activos de la Argentina. Uno de los activos que los beneficiarios del fallo buscaron embargar eran las acciones de YPF″, dijo Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.

“Un año y medio más tarde, después de varias presentaciones y, en contra de la recomendación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Preska accedió al pedido de los beneficiarios y obliga a la Argentina a entregar las acciones que tiene en YPF como parte de pago. La Argentina no lo va a hacer; obviamente va a apelar, motivo por el cual esto continúa en la Corte de Apelación”, agregó.

La jueza Preska determinó en primera instancia que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que Argentina pagara una indemnización de US$ 16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.

Actualmente, el proceso se desarrolla por dos vías distintas. Por un lado, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tanto la Argentina como los fondos Burford y Eton Capital, quienes compraron el derecho a litigar contra el país, están buscando la revisión del fallo de primera instancia. Los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización, mientras que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia.

Las tres partes (la Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron todos los escritos solicitados y ahora se está a la espera de que la cámara de Apelaciones designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso.

“La Argentina puede apelar esta decisión sin antecedentes de la jueza Preska, al punto tal que hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos había apoyado con un escrito amicus la postura de la defensa argentina. La propia jueza, o en su caso la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, deberían suspender los efectos de la orden de Preska hasta que se resuelva la apelación”, dijo Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández.

Soler también recordó que “el artículo 10 de la ley 26.741, que habilitó la expropiación de YPF, prohíbe al Gobierno transferir las acciones expropiadas sin la previa aprobación del Congreso”.

En el fallo, la jueza Preska defendió que no hay “ninguna limitación territorial expresa que prohíba la entrada en vigor de una orden de entrega que requiera (la transferencia de) dinero o propiedad a Nueva York desde otro estado o país”.

Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen -que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF- entraron en quiebra.

El presidente Javier Milei criticó ayer al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien en 2012, cuando el entonces Gobierno de Cristina Kirchndr dispuso la nacionalización de YPF, se desempeñaba como ministro de Economía. En su mensaje en X, Milei afirmó que “haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof”.

Sofía Diamante / La Nación (GDA), Agencia EFE