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La Justicia federal argentina detectó que algunos de los viajes relámpago que protagonizó el intendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof, Martín Insaurralde, los pagó Daniel Mautone, un poderoso empresario del juego que también financió un programa de televisión de la entonces esposa del político, Jessica Cirio, confirmaron fuentes judiciales a La Nación.

Los investigadores determinaron que una firma de Mautone, “Casino de Victoria SA”, cubrió la cuenta de al menos un vuelo privado de Insaurralde y Cirio a Uruguay a bordo de un avión de Excel Servicios Aéreos, desde el aeropuerto de San Fernando, en tanto que otros viajes se encuentran todavía bajo revisión, tarea que podría insumir semanas. El ahora exfuncionario acumuló más de 200 viajes al exterior, solo, con Cirio o con sus hijos, desde que es funcionario público.

La Justicia también obtuvo información sobre la forma en que Mautone también financió un ciclo televisivo de entrevistas de Cirio llamado “Las mujeres de la Selección” con al menos dos facturas por 11,2 millones de pesos argentinos en total, también a nombre de “Casino de Victoria SA”. Ese financiamiento, sospechan los investigadores judiciales, podría resultar una forma de triangular el presunto pago de sobornos o de sobresueldos a Insaurralde.

Insaurralde es el jefe político de Omar Galdurralde, designado en 2020 por Kicillof como director del Instituto de Loterías y Casinos, el ente autárquico que tiene a su cargo la explotación y el control tanto de bingos y casinos como del juego online en la provincia de Buenos Aires. Ubicó también a Juan Pablo Peredo en el estratégico Tribunal de Cuentas bonaerense. Peredo fue ubicado en la vocalía que tiene a su cargo el control de las Reparticiones Autárquicas y Entes Especiales. El Instituto de Loterías y Casinos es una de ellas.

Próximo a cumplir 64 años, Mautone se define a sí mismo como un empresario, un aventurero y un precursor que trabajó como jardinero, heladero ambulante y vendedor puerta a puerta de papel higiénico, entre otros oficios, y terminó abriendo bingos –tres de ellos en sociedad con Daniel “Tano” Angelici– y casinos en la Argentina y el exterior, además de hoteles.

Insaurralde, por su parte, debió presentar su renuncia cuando Sofía Clerici difundió fotos del viaje que compartió con el entonces jefe de Gabinete de Kicillof por el Mediterráneo, a bordo del yate “Bandido”, y se abrió una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que quedó en manos del juez federal Ernesto Kreplak y el fiscal federal Sergio Mola.

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Esa investigación judicial busca analizar la verdadera evolución patrimonial que registró Insaurralde a su paso por la función pública, por lo que abarca tanto lo que volcó en sus declaraciones juradas patrimoniales, como también los movimientos de sus sociedades comerciales y a su círculo íntimo de familiares, sus parejas e hijos incluidos, quienes podrían configurarse como presuntos testaferros.

En ese sentido, Insaurralde debió constituir un domicilio en el expediente penal para recibir eventuales notificaciones, y lo fijó en una casa de la calle San Martín al 400 de Banfield. Pero la investigación también alcanzó una mansión ubicada en el country Fincas de San Vicente donde el ahora exfuncionario se refugió en las semanas que siguieron a su renuncia y cuya titularidad podría vincularse a sus familiares.

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El fiscal Mola también emitió pedidos a diversos colegios de escribanos para que los notarios le informen sobre toda escritura de índole patrimonial vinculada a Insaurralde o sus familiares que hayan protocolizado durante los últimos años, como también requirió datos a Migraciones y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros organismos públicos.

Para Insaurralde, sin embargo, la investigación en manos del juez Kreplak y del fiscal Mola no es el único frente judicial que puede representarle un dolor de cabeza. El juez federal con asiento en Quilmes, Luis Armella, mantiene en sus manos otro expediente centrado en una presunta asociación ilícita liderada por un “empresario”, Heber Russo, en el que figura como imputada por supuesto lavado de activos Priscila Ferrante, sobrina de Cirio y madrina de la hija que la modelo tuvo con Insaurralde.

Armella ya elevó a juicio oral el tramo principal de esa investigación, con Russo entre los acusados, pero hay testigos e imputados que lo señalan a Russo, por entonces pareja de Ferrante, como testaferro de Insaurralde, según reconstruyó La Nación; aunque las derivaciones llegan hasta el entonces gobernador Daniel Scioli, y al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, entre otros.