La CGT (Confederación General del Trabajo) argentina se manifestará hoy miércoles contra el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) firmado por el presidente Javier Milei la semana pasada. Además, distintas voces dentro de la liga de sindicatos piden un paro general en rechazo a la derogación y modificación de más de 300 leyes -muchas en el ámbito laboral- que planteó el instrumento normativo.

Entre otras, el texto plantea la eliminación de la ley 25.323 de indemnizaciones, así como la posibilidad de reemplazar el esquema actual de resarcimientos por despido por un fondo de cese, al cual el empleado aporta un componente mensual de su salario, similar al que ya existe en ámbitos como la construcción.

Además, también modifica la ley N° 23.660 de obras sociales, determinando que las obras sociales sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, “funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa”.

Por este y otros cambios, no faltaron los rumores de un paro general por parte de la CGT, que sería su primera acción de este tipo desde mayo de 2019. Aunque no lo descartó, el triunviro cegetista Pablo Moyano eligió ir paso a paso: “La CGT convoca al día miércoles (por hoy) a Tribunales para presentar que se anule este decreto, que es una locura lo que está produciendo en millones de argentinos. Después se va a discutir un plan de lucha, que también abarca un paro nacional”.

Esta decisión se tomaría mañana, cuando sesionará un Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la central sindical y del que participan las regionales de todo el país.

Asimismo, los principales dirigentes de la CGT y de la CTA se reunieron ayer con los senadores del Frente de Todos con la intención de aunar fuerzas en su lucha contra el DNU, informó el diario La Nación.

En ese sentido, Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales de la CGT, tampoco descartó la posibilidad de que la central obrera convoque a un paro y establezca un plan de lucha en la reunión convocada para mañana.

“La posibilidad de convocar a un paro seguramente será parte del análisis en el confederal, pero no sólo eso, también podríamos analizar lanzar un plan de lucha”, dijo Daer al hablar con periodistas antes de ingresar al palacio legislativo. “El objetivo es que el DNU no siga corriendo”, agregó.

Las dos bancadas legislativas del kirchnerismo emitieron en la noche misma del miércoles de la semana pasada, tras la cadena nacional en la que Milei anunció el dictado del DNU, sendos comunicados con duras críticas al instrumento y anunciaron que lo rechazarán cuando se discuta en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

La comisión todavía no quedó constituida de manera oficial y se estima que recién podría abocarse en la segunda semana de enero al tratamiento del DNU. Por lo pronto, el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 5 de enero para enviarlo al Congreso.

El decreto limita el derecho a huelga, deroga la ley de alquileres, elimina normas de protección a los trabajadores y de resguardo al consumidor frente a aumentos de precios cuando la inflación anual supera el 160% y la pobreza el 40%. En la Casa Rosada se muestran confiados y ponen de relieve que “ningún DNU de la democracia fue invalidado por ambas Cámaras”.

Tal como se conoció el viernes, Milei solicitó que se trate en sesiones extraordinarias su proyecto de “Ley de reforma de las funciones del Estado”, la iniciativa más densa del listado, con reformas tributarias y políticas que el presidente no incluyó en su ambicioso DNU porque son materias a tratar exclusivamente por el Congreso.

De esta forma, a partir de ayer, se iniciaron los debates en torno a las leyes complementarias del megadecreto. “Los diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio que ha votado la gente o seguir obstruyendo y poner palos en la rueda”, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

El paquete complementario que debatirá el Congreso hasta el 31 de enero incluye reformas impositivas, a la ley electoral y a las funciones del Estado.

A pesar de que en el temario no se menciona, el Gobierno no descarta incluir también un proyecto para eliminar la instancia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Ayer se oficializó además la anulación por decreto de los contratos de unos 7.000 empleados públicos en el marco de la reducción del gasto del Estado, que aspira a llegar al equivalente a 5% del Producto Interno Bruto (PIB). (Con información de La Nación)