Alberto Fernández en busca de aliados para el juicio político

Después de una jornada de febriles negociaciones y varios traspiés, el gobierno argentino presentó el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte con la adhesión de once gobernadores. Aún así seguía haciendo esfuerzos por lograr el favor de más mandatarios provinciales.

En la tarde de ayer, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, citó a Olivos al titular de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez y a la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, para entregarles el escrito oficial con el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti y los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Con once gobernadores a favor del durísimo texto contra los miembros del máximo tribunal, parece muy difícil que el gobierno sume más adhesiones.

Un estrecho colaborador de uno de los gobernadores que están en la mira del gobierno dijo a La Nación: “Todo el tiempo nos tratan de convencer. El interés de los gobernadores que no firmaron es que se respeten las obras comprometidas para este año, porque una de las amenazas es que se suspendan esas obras para pagarle a la Ciudad. Pero es difícil que apoyen”. Es evidente que la urgencia del gobierno por avanzar con el pedido de juicio político tensó fuertemente la relación con varios mandatarios provinciales.

El pedido de juicio político que hizo el gobierno tiene 35 páginas y apunta a los cuatro ministros de la Corte Suprema, aunque no con la misma intensidad, ni por los mismos hechos.

Según pudo reconstruir La Nación, aunque Fernández se despachó con el pedido de juicio político contra los jueces en el amanecer del primer día del 2023, el escrito se venía pergeñando desde hacía varios días y en su redacción intervino más de una pluma.

El escrito que pide el juicio político de los cuatro miembros de la Corte implica una escalada notoria del gobierno. El juez más cuestionado es el presidente del tribunal, Rosatti. El escrito apunta que el titular de la Corte dijo en un encuentro de jueces que cualquier reforma judicial “va a ser la que cuente con el consenso del poder judicial”.

Eso, según el gobierno, fue “un condicionamiento a los otros poderes” y “un verdadero alzamiento contra el orden constitucional”.

El pedido de juicio político del gobierno también señala que Rosatti “tomó por asalto el Consejo de la Magistratura” y menciona los presuntos chats que fueron filtrados ilegalmente entre el director de la vocalía de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño (ahora en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro.

“Existe vasta jurisprudencia y doctrina respecto de la utilización de la información que llega a conocimiento de las autoridades públicas sin perjuicio de su origen”, se justifica el texto oficial sobre la fuente de ese material.

La dureza y el alcance de las acusaciones hicieron que varios gobernadores declinaran apoyar la iniciativa.