AFP
El gobierno y la oposición de Venezuela anunciaron ayer lunes que retomarán el proceso de negociación con una reunión en Barbados en la que también participará Estados Unidos.

Las conversaciones -que arrancan hoy martes- se realizan poco después de un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos pese a no reconocerlo formalmente como presidente, y a días de las elecciones primarias de la oposición.

Las partes informaron en un comunicado su decisión de “retomar el proceso de diálogo y negociación, facilitado por Noruega, con el objetivo de llegar a un acuerdo político”.

El Departamento de Estado saludó el anuncio y expresó que “continuará sus esfuerzos para unir a la comunidad internacional en apoyo a un proceso de negociación liderado por Venezuela”.

Las conversaciones, que hasta ahora se habían desarrollado en México, comenzaron en agosto de 2021 pero en octubre de ese año fueron suspendidas tras la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, acusado de lavado de activos y señalado de ser testaferro de Maduro.

Fueron reanudadas brevemente, pero en noviembre de 2022 se dio una nueva ruptura luego de que el régimen de Maduro condicionara el diálogo al desembolso de 3.000 millones de dólares de fondos congelados de Venezuela en el exterior y administrados por Naciones Unidas.

Expertos estiman que de la reunión en Barbados puede salir un primer acuerdo en el que, a cambio de flexibilizar sanciones, se permitan las primarias opositoras del 22 de octubre, se elabore un cronograma electoral para 2024, se liberen presos políticos y, el punto más álgido de la agenda, se estudie levantar inhabilitaciones políticas.

María Corina Machado, la favorita en las internas que definirán al rival de Maduro, en teoría no puede postularse a presidenta porque está inhabilitada por 15 años. “Es improbable que las inhabilitaciones sean resueltas, pero el gobierno de Maduro dejaría la puerta abierta para decidir sobre ellas en el futuro, probablemente señalando que los inhabilitados pueden recurrir la medida ante el Tribunal Supremo de Justicia”, explicó a la AFP Mariano de Alba, asesor senior del International Crisis Group.