Unas 6.000 personas pidieron reimprimir pasaportes tras polémica suscitada por cambio de formato

Hace un año, la implementación de un nuevo formato del pasaporte uruguayo generó polémica ante los cuestionamientos de otros países. Esto derivó en la suspensión de la medida y en la posterior habilitación para que quienes lo hubieran obtenido pudieran cambiarlo por la versión anterior, sin costo.

El 1° de agosto pasado se habilitó la reimpresión de más de 16.000 pasaportes, tomando en cuenta los emitidos entre el 16 de abril y el 29 de julio de 2025. Las autoridades puntualizaron hace un año que los documentos impresos mantenían “plena vigencia y validez”, y que la modificación del documento dependía de los ciudadanos.

El nuevo pasaporte incluyó dos cambios. Por un lado, el título “Nacionalidad” pasó a denominarse “Nacionalidad/Ciudadanía”, con el código “URY” tanto para los ciudadanos naturales como legales; un cambio que se había comenzado a gestionar en el gobierno anterior. Sin embargo, la administración actual sumó otra modificación: la eliminación del campo “Lugar de nacimiento”, lo que motivó quejas posteriores por parte de las embajadas de Alemania, Japón y Francia.

La decisión de dar marcha atrás con la medida se tomó luego de que se confirmara con las autoridades de Alemania y Francia que era “necesario mayor tiempo para que los mismos se pronuncien definitivamente sobre la nueva versión del pasaporte”, informaron el 29 de julio pasado los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior.

El subdirector general del Ministerio del Interior, Ruben Amato, habló de este asunto el jueves en la Comisión de Presupuesto Integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco de la visita de la cartera por la Rendición de Cuentas, después de que el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez le consultara sobre los “perjuicios ocasionados” por la modificación de los documentos.

“De aproximadamente 16.000 pasaportes emitidos con la resolución revocada, se renovaron únicamente unas 6.000 libretas; y esto no fue porque su titular haya tenido problemas en algún aeropuerto, sino porque, con los comunicados que hubo, tuvieron cierto temor y por eso concurrieron a renovarla”, dijo Amato, según consta en la versión taquigráfica.

“Francia aceptó el pasaporte para los ciudadanos naturales; Alemania ya lo reconoció y aún queda Japón en vías, pero, según nos informaron, va en camino al reconocimiento”, agregó el jerarca ante los parlamentarios.

El diputado Rodríguez retrucó que la cifra de renovación “dista” de lo reportado en un pedido de informes realizado meses atrás. “Quisiéramos saber cuánto le ha costado al Estado uruguayo esas 6.000 renovaciones”, acotó el legislador, lo cual no fue respondido durante la sesión.

El caso derivó en múltiples críticas desde la oposición. Incluso, sectores de la oposición llegaron a pedir la renuncia del canciller Mario Lubetkin tras la marcha atrás del gobierno.

Asimismo, el proyecto de Rendición de Cuentas, que está siendo analizado en Diputados, incluye el cambio de denominación de la cédula de identidad a “Documento Nacional de Identidad (DNI)”, lo que generó cruces entre los legisladores.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez consultó a los jerarcas de Interior si se evaluaron los “riesgos” en torno a implementar el DNI frente a las “situaciones de hackeo importantes” que han afectado a la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), así como a otras entidades del Estado.

“Nos llama la atención que, con tantos problemas de seguridad que tiene nuestro país, por segundo año consecutivo una de las prioridades del Ministerio del Interior sea el cambio de nombre de la cédula de identidad”, apuntó Rodríguez. “¿Nos fabricamos los problemas acaso? ¿No hay problemas reales de los cuales ocuparse en lugar de cambiarle el nombre a la cédula?”, cuestionó el legislador, quien además recordó que este cambio ya fue incluido en la Ley de Presupuesto Quinquenal, no se aprobó y ahora el Poder Ejecutivo “vuelve a la carga”.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, retrucó que en noviembre de 2024 se adjudicó una licitación para adquirir tarjetas de policarbonato para el “Documento Nacional de Identidad” con destino a la DNIC, “y firma Luis Lacalle Pou”, puntualizó. El jerarca también nombró un contrato con la empresa Thales DIS Brasil, suscrito “por el actual diputado Pablo Abdala, en ese momento subsecretario”, señaló Negro. “Estamos cumpliendo solamente con las disposiciones, resoluciones y contratos firmados en la administración anterior”, deslizó.

“Para mí no dijo nada nuevo. Capaz que lo que al ministro no le dijeron es que ese tipo de documentos obra en el Estado uruguayo desde el año 2015”, apuntó Rodríguez.

Negro respondió que la denominación DNI busca “adaptarse a las denominaciones internacionales en materia de documentación de identidad”. “Lo que se hace es darle soporte legal a una resolución y a una compra de documentación que ya tiene esa denominación”, insistió.