Gobierno alerta "tendencia" de explotación sexual “de cubanas que usan Uruguay como país de tránsito hacia EE.UU.”

El gobierno presentó este jueves un informe de situación sobre la explotación y trata de personas, que registró una serie de datos y nuevas tendencias, como el aumento de los casos masculinos y la cada vez mayor prevalencia de migrantes —de ambos sexos—, principalmente cubanos y dominicanos.

Según el documento, aún “prevalece” la de trata de mujeres, tanto a nivel sexual como laboral, pero “se comienzan a identificar con mayor frecuencia situaciones de trata de varones con fines de explotación laboral”.

En términos generales, la problemática “va en ascenso”, en particular por “las condiciones de alta vulnerabilidad y exposición que se están presentando en algunas situaciones de migración internacional” y “el crecimiento de las redes vinculadas al crimen organizado en el país”.

Uno de los datos más llamativos refiere a las mujeres uruguayas mayores de 50 años con “una larga trayectoria de vinculación a la explotación sexual, por falta de oportunidades laborales, bajo nivel educativo y vulnerabilidades múltiples” vinculadas a abuso y violencia.

“Estas mujeres, en su mayoría, no reconocen la situación como un delito, ni se visualizan como víctimas del mismo, no reconocen la presencia de indicadores de trata, ni de explotación en su trayectoria de vida, sino que visualizan su situación como una salida laboral ‘rápida’, que les permite tener ingresos para subsistir, ante la falta de otras oportunidades laborales”, describe el informe.

En contraposición, las mujeres migrantes, “mayormente con nivel educativo terciario, reconocen la captación y el engaño, y el verse en una situación de explotación sexual, que es vivenciada con vergüenza y ocultamiento de la situación”.

Para las mujeres jóvenes, los factores son otros, pues están relacionados al consumo de drogas y redes de narcotráfico. Además, muchas de las mujeres “están o han estado en situación de calle, por falta de respuesta adecuada a su situación, o por pernoctar en refugios nocturnos, pensiones u hoteles”, lo que significa una “falta de respuesta por parte del Estado”.

Incluso, se identificó “la presencia de hijos e hijas de las mujeres que deben quedar muchas veces al cuidado de personas de las redes de trata o vinculadas a ellas, o incluso ir al lugar donde se produce la explotación”.

El documento también explica que hay un aumento de la incidencia de las redes sociales en este tipo de fenómenos: “El uso de plataformas digitales para el ejercicio del trabajo sexual se vuelve también un espacio que ‘seduce-capta’ a jóvenes y adolescentes en busca de un ingreso ‘rápido’, con mínima inversión y movilidad”.

También se registró que hay un “crecimiento permanente” del uso de apartamentos privados como lugares de explotación sexual, lo cual, por su “poca visibilidad”, contribuye a la “falta de controles estatales”.

En cuanto a la explotación sexual de migrantes, “se identifica fuertemente en el último tiempo la tendencia de mujeres cubanas que utilizan Uruguay como país de tránsito hacia Estados Unidos”.

Asimismo, hubo un “viraje” en los últimos años con “un aumento significativo de varones migrantes, en situación de trata con fines de explotación laboral”.

Entre algunas de las “nuevas tendencias” que reconoce el documento, se señala un “marcado aumento del reclutamiento mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y falsas ofertas laborales”, así como “la diversificación de las modalidades de explotación, como la subrogación de vientres, el uso de criptomonedas y plataformas digitales para ocultar pagos y ganancias ilícitas”.

El informe también indica algunos datos de 2025 sobre las mujeres atendidas por el “Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con fines de explotación sexual y/o laboral”, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Se atendieron 37 mujeres, en su mayoría uruguayas y dominicanas mayores de 26 años; el 55% eran afrodescendientes. A su vez, más de la mitad (63%) estaban involucradas en redes internacionales de trata, más que nada sexual (66%).

El año pasado se imputó a 81 personas por delitos de trata, de las cuales 68 eran hombres; 41 fueron en Montevideo, seguido de Tacuarembó (9) y Rivera (8).

Según rango etario, 28 tenían entre 18 y 28 años, mientras que 45 se ubicaban entre los 30 y 45. Tres eran hombres menores de edad.