El Grupo de Ambiente y Derechos Humanos Cátedra Unesco de la Universidad de la República emitió este miércoles una declaración en torno a la situación del agua potable tras la decisión del Ministerio de Salud Pública de cambiar la normativa que regula la potabilización, aumentando los niveles permitidos de cloruro y de sodio para garantizar el suministro en el área metrolitana.

Una medida que, a juicio de ese grupo, "vulnera el derecho fundamental al acceso, calidad y disponibilidad" del agua potable para la población y que, a la vez, contradice directamente tratados de derechos humanos de obligatorio cumplimiento para el Estado uruguayo. En especial, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y su Protocolo Facultativo de San Salvador.

También se subraya que la resolución del gobierno viola el artículo 47 de la Constitución que, reformado en 2004 a través de un plebiscito, define al acceso al agua potable como un "derecho humano básico" y a la protección del ambiente como de interés general.

La conclusión, compartida con el Colectivo Interdisciplinario TÁ, señala que los nuevos parámetros de cloruro y sodio constituyen un riesgo para la salud de la población, especialmente para quienes ya experimentan enfermedades cardiovasculares, problemas renales, además de los niños.

"Este riesgo se acentúa en los sectores socioeconómicos más bajos, que dependen en mayor medida del agua disponibilizada por OSE para tomar y cocinar",

El MSP autorizó por 45 días a OSE a aumentar los niveles permitidos de cloruro de 300 a 720 miligramos por litro y los de sodio de 200 a 440 miligramos, bajo el argumento de la necesidad de bombear agua con mayor salinidad ante la persistencia del déficit hídrico en gran parte del país.