La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) comunicó al ministro de Defensa, Javier García, que en los próximos días irá a revisar la habitación que está en un edificio lindero al de la cartera, donde funciona la contaduría, que tiene documentos de la última dictadura militar.

El País informó el domingo que dicho cuarto, que está cerrado bajo tres llaves (con una cerradura en una puerta de madera y dos más en una puerta-reja), contenía microfilms que en 2017 fueron retirados del Comando General del Ejército, el que está en la calle Garibaldi, por la Secretaría de Derechos Humanos.

El organismo entendió en ese momento que era material de utilidad para sus investigaciones sobre el pasado reciente, por eso lo trasladó a esa habitación de la cartera y empezó a trabajar en digitalizarlos.

Un día antes de la asunción de Luis Lacalle Pou, y sin que esta tarea fuera culminada, ese material pasó a la Inddhh (es decir que dejó de estar en la órbita de Presidencia de la República para pasar a ser potestad de un institución que es un ente autónomo parlamentario). Esta resolución fue firmada por Mariana Mota y Wilder Tayler, en representación de la Inddhh, y por Juan Delgado, entonces director de Asuntos Jurídicos de la secretaría, en ese entonces bajo el liderazgo de José Bayardi. Allí se señalaba que el “acceso irrestricto a dichos archivos” quedaba en manos de la institución.

Pero el organismo no se llevaría los documentos, sino que Defensa actuaría como “depositario”. Esta resolución, entienden las actuales autoridades, dejó a la cartera sin posibilidades de disponer de ese material que, desde ese día, no volvió a tocarse.

Días atrás García decidió elevar la situación a la Justicia y le entregó al fiscal Raúl Iglesias una serie de actas que dan cuenta de la documentación que ya fue digitalizada, un disco duro con ese material y una nota que señalaba que aún quedan muchos microfilms por digitalizarse.

Además, el pasado 17 de agosto, el ministro le envió una carta a Marcos Israel, actual presidente de la Inddhh, en la que advertía que no se había realizado “ninguna acción” sobre ese archivo desde febrero de 2020.

En el día de ayer, luego de que El País publicara el domingo un artículo sobre la existencia de estos documentos, el ministro García recibió en su despacho a Israel y a la directora de la Inddhh, Gimena Fernández. Allí se resolvió que, finalmente, el organismo se empezará a hacer cargo de estos documentos.

Tras el encuentro, Israel dijo a El País que no conocía la existencia de los archivos. “No sabía que estaba esa información ahí. Tampoco sabía que había información que estaba fuera de la Secretaría o de la Inddhh”, subrayó. Lo mismo le señaló a García en el encuentro que tuvieron en la cartera.

Tayler, que sigue siendo parte de la Inddhh, sí sabía sobre esos documentos, incluso el pasado fin de semana declaró a El País que no se lo habían llevado porque “hubiera sido necesario usar un camión”. También sostuvo que entendía que la Secretaría debería haberse hecho cargo de la digitalización, ya que la institución no tiene capacidad para archivarlo.

Ahora, lo que resolvieron García e Israel, fue que la Inddhh empiece a trabajar finalmente en la digitalización de los microfilms que aún no fueron revisados. Para esto, la institución enviará al ministerio a dos profesionales, uno en archivología y otro en bibliotecología, que serán los encargados de evaluar los archivos y decidir cómo proceder con ellos.

“La idea es empezar a ver qué hay ahí, evaluar si nos podemos llevar el material, e ir rumbo a la digitalización”, sostuvo Israel.

“Desde Defensa se vio como una reunión positiva que empieza a destrabar el conocimiento público” de los documentos, señaló García a El País, quien impulsa un proyecto de ley justamente para que todos los archivos de la dictadura se publiquen.

El ministro añadió que desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado ya le comunicaron a la cartera que la semana que viene se tratará una solicitud realizada por García para que se lo reciba y pueda explicar la propuesta.

Son unas 15 las llamadas “actas de relevamiento y entrega” que fueron elaboradas por la Secretaría de Derechos Humanos y que dan cuenta de la documentación que sí fue digitalizada. No hay detalles del material con el que se cuenta, solo están los títulos con que los archivos fueron guardados.

Varios de los documentos corresponden a fichas del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y a operaciones puntuales de las que no se expresa información específica: Operación Playa, en 1981; Operación Reencuentro, en 1983; Operación Imper y Operación Azul en 1984, por exponer solo algunos ejemplos. También hay varias publicaciones periodísticas.

Contienen, además, documentos con fechas posteriores al inicio de la democracia, incluso hasta 1995, cuando terminó el gobierno de Luis Alberto Lacalle y comenzó el segundo de Julio María Sanguinetti.