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En un edificio lindero al del Ministerio de Defensa, pero en el mismo predio, donde funcionan las oficinas contables de la cartera, hay una habitación a la que nadie puede entrar. Está al final de un oscuro pasillo, al lado de un baño de hombres. Javier García, el ministro, tiene las llaves del lugar, pero está impedido de tocar lo que está allí. Se trata de grandes cantidades de cajas con microfilms que contienen información de la última dictadura militar.

La habitación está bajo tres llaves: hay una puerta-reja, de color gris, con dos cerraduras; y detrás una de madera marrón con otra cerradura más. Esa información pertenece a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

Los documentos antes eran propiedad la Secretaría Nacional de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que está bajo la órbita del Poder Ejecutivo, pero en 2020, dos días antes de la asunción de Luis Lacalle Pou, pasaron a manos de la institución, que es un ente autónomo parlamentario.

La cartera, ahora, entregó en la Justicia una serie de actas que dan cuenta de parte de la documentación que se supone que está dentro de ese cuarto. El caso está en manos del fiscal Raúl Iglesias. El ministro García pretende que todo ese archivo se haga público.

En el año 2017, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente se presentaron en el Archivo S2 del Comando General del Ejército, en la calle Garibaldi. Allí localizaron estos microfilms, los que consideraron de interés para sus investigaciones. En ese momento fueron trasladados a esa habitación del Ministerio de Defensa y funcionarios de la secretaría comenzaron a trabajar allí adentro en su digitalización.

Dos años después, el 15 de noviembre de 2019, luego de las elecciones nacionales y antes del balotaje, el organismo hizo entrega al Ministerio de Defensa de la digitalización parcial de los expedientes -junto a una serie de actas que señalaba qué había en ellos. Se trataba de un disco duro con 1,7 teras de información.

Más tarde, el 17 de febrero de 2020, lo mismo le fue entregado a la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Cuatro días después, el 21 de febrero, valiéndose de la Ley 19.822 de setiembre de 2019, -por la cual se le encargó a la Inddhh “la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985”- la institución presentó, en una carta al entonces ministro José Bayardi, un escrito en el que advertía que le correspondía oficiar de “repositorio de los archivos existentes” y que además debía recibir toda la “información ya digitalizada de los documentos” y las actas.

En la misiva, firmada por Mariana Mota y Wilder Tayler, se señala que el archivo es “propiedad” del ministerio, pero al mismo tiempo se reclama tener potestades sobre él en “el plazo suficiente” para que pueda ser digitalizado por completo, tiempo que se estima sería de unos 18 meses.

El 27 de febrero, en tanto, en otro documento firmado por Mota, Tayler y Juan Delgado, entonces director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, se señala que “por decisión” de la Inddhh el material permanecería en la cartera, aunque solo la institución tendría “acceso irrestricto a dichos archivos”. Defensa actuaría solo como “depositario”. Esta resolución, entienden las actuales autoridades, deja a la cartera sin posibilidades de disponer de ese material.

Pese a lo pactado, los microfilms no se siguieron digitalizando durante estos tres años y medio. García entró solo una vez a la habitación, el día de su asunción.

Son unas 15 las llamadas “actas de relevamiento y entrega” que fueron elaboradas por la Secretaría de Derechos Humanos y que dan cuenta de la documentación que sí fue digitalizada. No hay detalles del material con el que se cuenta, solo están los títulos con que los archivos fueron guardados.

Varios de los documentos corresponden a fichas del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y a operaciones puntuales de las que no se expresa información específica: Operación Playa, en 1981; Operación Reencuentro, en 1983; Operación Imper y Operación Azul en 1984, por exponer solo algunos ejemplos. También hay varias publicaciones periodísticas.

Contienen, además, documentos con fechas posteriores al inicio de la democracia, incluso hasta 1995 cuando terminó el gobierno de Luis Alberto Lacalle y comenzó el segundo de Julio María Sanguinetti.

En total, la Secretaría de Derechos Humanos se llevó del comando de la calle Garibaldi 18 cajas y 8 ficheros. Solo la caja registrada con el N° 1 contenía nueve paquetes con “microfichas”, sumando un total de 4.113 documentos. Unas seis cajas serían las que faltaría digitalizar, según figura también en la documentación que García envío a Fiscalía y a la que accedió El País.

El pasado 17 de agosto el ministro envió una carta a Marcos Israel, actual presidente de la Inddhh en la que se señala que al no haber habido desde febrero de 2020 “ninguna acción” en cuanto a dichos documentos, se había decidido entregar al fiscal de Flagrancia de 15° Turno, Iglesias, las actas y la memoria digital (donde están completos solo los documentos que ya fueron digitalizados) de los archivos que estaban antes en el comando.

García lo que pretende es que esa información pueda hacerse pública para que no suceda -señaló- lo que pasó con los “Archivos del Terror”, una página web que presentó información que manejaban los gobiernos militares, pero no se sabe cómo fue editada. Ese sitio contenía documentos distintos a los del archivo Berrutti, elaborado con material incautado en 2006 por la entonces ministra Azucena Berrutti, durante el primer gobierno del Frente Amplio.

Las autoridades ministeriales no saben si los documentos que están dentro de la habitación cerrada de Defensa coinciden con los que forman parte de los “Archivos del Terror” y o el archivo Berrutti.

El archivo Berrutti también se procesó en el Ministerio de Defensa, en otra construcción lindera al edificio principal.

Bayardi sostuvo a El País que lo que hay detrás de la misteriosa puerta marrón es un gran archivador donde están los distintos microfilms.

El País pudo saber, también, que solo dos funcionarios eran los que trabajaban allí para la Secretaría y que habría también dos computadoras.

El exministro sostiene que la cartera no tenía potestad sobre esa información, sino que pertenecía a la Secretaría de Derechos Humanos y esta luego la traspasó a la Inddhh. “Todo lo que tuvo que ver con eso no se hizo bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Cuando yo llegué en 2019 eso ya estaba ahí”, añadió el exjerarca frenteamplista.

Wilder Tayler dijo a El País que no se han llevado el material en Defensa porque no tienen lugar físico y están esperando que sea digitalizado. “Cuando estábamos en la transición nos plantearon desde el ministerio que estaba esa habitación con una cantidad de archivos sin procesar. En esa época yo trabajaba con Mo-ta y nos fuimos para ahí. Pensábamos que eran carpetas grandes, biblioratos, pero cuando llegamos vimos que necesitábamos un camión. No teníamos lugar”.

También advirtió que la ley 19.822 señala en su ar- tículo número 12 que la Secretaría de Derechos Humanos, que está en la órbita de Presidencia, es la que debería digitalizar esa información, aunque reconoció que la Inddhh no hizo un pedido formal para que lo haga.