Inddhh activa grupo de trabajo para evaluar el proceso de adopción del INAU y citan a jerarcas por muertes

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) está en el centro de la polémica por estos días. En poco tiempo se registró la muerte de dos jóvenes bajo su cuidado, una adolescente que está en CTI tras el incendio de un centro, y otra joven al amparo de INAU que estaba desaparecida fue encontrada en una boca de drogas. A estos casos, se sumó que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) marcó errores en un proceso de adopción en una niña, lo que derivó en que fuera quitada de su familia adoptiva pocos meses después.

El 31 de diciembre un adolescente de 15 años se fugó del hogar Tribal y luego fue hallado muerto en la bahía de Capurro. A los pocos días, el 11 de enero, un niño de 10 años, también al amparo del instituto, fue encontrado sin vida en la Clínica Boulevard, de atención a la salud mental. INAU informó que el menor se fue a acostar la noche anterior "sin ningún síntoma o manifestación que indicara una situación de alerta".

El viernes 16 de enero, en el marco de un allanamiento policial de una boca de drogas de Rivera encontraron a una adolescente de 13 años que estaba ausente de un hogar del departamento desde el 28 de diciembre pasado. Allí vivía con tres imputados por tenencia de drogas desde hacía más de una semana. Y este martes, una adolescente de 15 años que estaba bajo cuidado del instituto fue afectada por un incendio que se desató en el Centro de Acogimiento Familiar (CAF) Idea Vilariño, de Tacuarembó, a cargo de una ONG en convenio con INAU. La joven sigue internada en CTI por la intoxicación por humo.

Frente a esta situación, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian presentará la próxima semana una moción para que se realice un llamado a sala en régimen de comisión general, al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, pero “sobre todo” a las autoridades de INAU, para que brinden explicaciones. De no prosperar el llamado, no descartó la posibilidad de pedir una interpelación, o incluso solicitar levantar el receso y hacer la convocatoria en la Cámara de Representantes.

Jisdonian cursó pedidos de informes sobre las dos muertes porque “no habla nadie”, ni de INAU y Mides. El instituto emitió un comunicado en el que lamentó las muertes, anunció la apertura de investigaciones internas, y pidió a medios y a la ciudadanía a "realizar un manejo respetuoso y responsable de información sensible", para evitar “estigmas y prejuicios".

El legislador también cuestionó que tanto la presidenta de INAU, Claudia Romero, como otros altos jerarcas de INAU, “están de licencia”, algo que confirmado desde el instituto a El País. El vicepresidente Mauricio Fuentes quedó a cargo del servicio descentralizado, bajo el paraguas del Mides, hasta este viernes ante las licencias. La semana próxima asumirá la directora designada por la oposición, Carina Gómez.

“No es un hecho político partidario. Me preocupa que no haya una respuesta. Lo que busco no son excusas, sino que den explicaciones, por la memoria de los niños, por el respeto a las familias y a toda la sociedad uruguaya”, dijo el diputado nacionalista. “No atribuyo intenciones, pero que hubo fallos, los hubo. Y que no haya una respuesta institucional es inadmisible. Que vengan y expliquen. Los hechos son realmente graves”, enfatizó.

El año pasado, una bebé de un mes de vida fue entregada a una madre adoptiva, con la habilitación correspondiente, pero ocho meses después la Justicia se la quitó, y por recomendación de INAU, se la entregó a su tío biológico. La Inddhh analizó el caso y determinó que hubo una “vulneración” de los derechos de la niña por parte de INAU, tras marcar que hubo errores en el proceso. La Justicia indicó que INAU “no cumplió” con la obligación de indagar en la familia biológica de la niña; y que su tío, quien luego reclamó a la niña y obtuvo la tenencia, “desconocía el nacimiento de la niña”.

A partir de este caso y otros similares, la Inddhh resolvió activar un grupo de trabajo para analizar el proceso de adopción y presentar propuestas con modificaciones, informó El Observador. La titular de la Inddhh, Mariana Mota, dijo a El País que en este trabajo, que se busca iniciar en febrero, se convocará a miembros de INAU, el Ministerio de Salud Pública, entre otros organismos públicos, legisladores, organizaciones sociales y la academia. La discusión se extenderá por cuatro meses.

“Las dificultades son multicausales, entonces hay que mirar el tema desde diferentes lados. Tal vez sea una reforma legislativa, pero también otra forma de abordaje de organismos, cambiar prácticas que se han vuelto viciosa o desajustadas”, dijo Mota.

Esto deriva en situaciones que “no verifican de la mejor forma” las adopciones, como el caso citado, que termina “desandando un proceso que ya se había consolidado” entre la madre adoptiva y la niña. La presidenta del organismo cuestionó que en este, como en otros episodios, hay una “mirada biologicista”, y no del “interés superior del niño”, que debería ser la “fundamental”.

También planteó que recibieron denuncias desde INAU de que existe una decisión de pasar en adoptabilidad a los hijos de madres en situaciones de vulnerabilidad, sin considerar si ellas tienen voluntad de maternar. Otra situación que acumula quejas son las demoras en los tiempos de adopción que tienen que sobrellevar los aspirantes a ser padres.

En 2025 hubo 147 adopciones, según datos de INAU a los que accedió El País. La cifra del año pasado se ubica por encima del registro de 2024 (141), y por debajo de 2023 (165) y 2022 (151). El último dato, en tanto, es superior a 2021 (125) y 2020 (106), años de pandemia.

En paralelo al grupo de trabajo, las diputadas Tatiana Antúnez (Frente Amplio) y Paula de Armas (Partido Colorado), trabajan en un proyecto de ley conjunto para modificar el proceso de adopción. Uno de los cambios previstos es generar un régimen especial de quienes buscan adoptar para que en el proceso, de varias visitas, no tengan afectación en sus empleos. Aún no aterrizaron un articulado.

“Estamos observando que el Estado no está dando garantías suficientes, ni está priorizando el interés superior del niño en su propio sistema de protección. Tenemos como sistema político que solucionarlo y trabajarlo con inmediatez. Es grave lo que está pasando en INAU", dijo De Armas a El País.

Por estas horas, hubo rápido revés de INAU en torno al espectáculo Patria o tumba, de la murga Doña Bastarda, última campeona del Carnaval. Este jueves, se declaró que el espectáculo, que tiene un pasaje con alusiones explícitas al nazismo, era no apto para todo público por valorar que “fomentaba la violencia”. Pero horas después, tras los descargos de la murga, y con la visión de otros calificadoras, Silvia Belbuzzi y Alba Díaz, INAU lo habilitó.

Fuentes de INAU dijeron a El País que había un desconocimiento general de cómo funciona el procedimiento que siguen los calificadores, que no son funcionarios y ocupan cargos “honorarios”. El problema de fondo, coincidieron, es que “no está establecido” un criterio, que ahora se prevé abordar. “No es que ahora falta un lineamiento institucional, nunca lo tuvo”, dijo un informante.