Homicidios, autolesiones y estrés postraumático: violencia en jóvenes alarma a organismos ante “falta de respuesta”

Autoridades de diversos organismos ven con preocupación los problemas de violencia que enfrentan niños y jóvenes en Uruguay, al tiempo que señalan cifras alarmantes de homicidios, tentativas de homicidio y heridos por armas de fuego en los últimos años. Sobre esta última categoría, un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) reveló un aumento del 80% en menores de hasta 14 años desde 2023.

El documento de la Inddhh, presentado el miércoles pasado, constata un “vacío grave y estructural en los mecanismos de protección inmediata” para jóvenes “amenazados o en riesgo de vida”, en cuyos casos “no existe una respuesta estatal clara, ágil y coordinada”.

Incluso sin derivar en resultados fatales, el solo “impacto del estrés postraumático en todos los jóvenes que crecen en entornos de violencia territorial” provoca un “daño en el desarrollo cerebral” que “genera en la adultez dificultades de concentración, baja capacidad de respuesta empática y otros efectos”.

Con base en datos del Ministerio del Interior, se reportaron 15 homicidios de jóvenes en 2023, 24 en 2024 y 19 en 2025. Las cifras de tentativas registran un comportamiento similar: 15 casos en 2023, 21 en 2024 y 17 en 2025.

Las estadísticas de heridos por armas de fuego también subieron: pasaron de 74 casos en 2023 a 83 en 2024 y a 81 en 2025. Puntualmente, se registró una “tendencia preocupante” en menores de hasta 14 años, con un salto de 15 casos en 2023 a 27 en 2025 (un incremento del 80%).

Entre 2023 y 2025, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) atendió a 326 jóvenes “con heridas por arma de fuego en sus puertas de urgencia y emergencia”; las cifras oscilaron entre 101 y 113 casos anuales.

La mayoría de los jóvenes incluidos en estas estadísticas tienen entre 15 y 17 años: representan el 59% de los homicidios, el 60% de las tentativas y el 73% de los heridos por arma de fuego. Además, el informe identifica “una ampliación territorial del fenómeno”.

“Estas cifras deben interpretarse con cautela, dado que los registros disponibles no permiten determinar en todos los casos si los hechos se produjeron específicamente en contextos de violencia territorial”, aclara el documento.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) enfrenta su propia realidad dentro de este escenario generalizado de violencia. En los últimos meses ha ocupado el centro de la agenda mediática debido a la muerte de jóvenes bajo su amparo y a reiterados casos de salidas no acordadas. El último ocurrió en setiembre, cuando un sargento provocó la muerte de una mujer en un siniestro de tránsito mientras circulaba con tres menores que se habían retirado sin autorización de un centro del organismo.

Ante este tipo de “actos irregulares”, se disponen procesos internos “que pueden derivar en la instrucción de una investigación administrativa, el inicio de sumarios administrativos o el archivo en caso de no constatarse omisiones o fallas en la protección”.

Así lo establece el propio organismo en respuesta a un pedido de informes —al que accedió El País— realizado por el senador colorado Robert Silva. El INAU detalla que se aplicaron “cambios posteriores a hechos recientes” del último año en referencia a los fallecimientos.

Entre las medidas adoptadas se mencionan: “acompañamiento de alta proximidad desde el nivel programático, con asistencia semanal de la supervisión para asesoramiento y monitoreo; el ingreso de siete funcionarios para tareas socioeducativas; nuevos cargos de psicólogos, educadores y trabajadores sociales; e intervenciones psicológicas para el abordaje de situaciones de alto impacto y cuidado de equipo”.

Asimismo, el INAU señala varias de las “dimensiones vinculadas al sistema de protección 24 horas” que representan riesgos para niños y adolescentes. Algunas refieren al “aumento de situaciones de salud mental y discapacidad con dificultades de abordaje socioeducativo” —que se expresa en “crisis recurrentes de auto y heteroagresividad”—, el consumo problemático de drogas (en ocasiones “asociado a redes de microtráfico”) y “situaciones de explotación sexual comercial y exposición a redes de trata, que en determinados casos motivan traslados por riesgo de vida”.

El organismo también brindó información sobre el fallecimiento de dos jóvenes durante el año pasado, casos que tomaron estado público y motivaron las consultas de Silva.

Uno de ellos fue el de Andrés, de 15 años, ocurrido en diciembre de 2025, quien fue hallado sin vida tras fugarse de un centro del INAU.

“Andrés se retiró descalzo, corriendo, en un acto espontáneo y disruptivo. Dos adultos del proyecto salieron en su búsqueda por las inmediaciones y se radicó la denuncia de salida no acordada en la seccional séptima. De forma voluntaria y sin el consentimiento de los adultos, dos adolescentes del centro se sumaron a la búsqueda, que culminó con el hallazgo de Andrés sin vida en el agua, en la playa Capurro”, describe el informe.

Tras la investigación, dos semanas después del hecho, el Instituto Técnico Forense del Poder Judicial “concluyó que la muerte se produjo por ahogamiento accidental”.

El otro caso fue el de Thiago, también de 15 años, hallado muerto en junio de 2025; poco después se confirmó que se trató de un suicidio. El joven, según informó el INAU en su momento, se encontraba “autorizado a vivir en el contexto de una familia con una referente afectiva que había sido positivamente valorada por dos equipos técnicos de diferentes instituciones”, en cuya vivienda se quitó la vida.

Al respecto, se inició una investigación administrativa “como corresponde ante hechos que requieren mayor esclarecimiento e identificación de eventuales responsabilidades”, sin que se indicaran mayores detalles.