Denuncian irregularidades en organización del voluntariado de Bomberos en Uruguay y alertan por sistema ilegal

Cinco agrupaciones de bomberos voluntarios de distintos puntos del país remitieron una carta a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes para denunciar lo que califican como “irregularidades de extrema gravedad” en el proceso de organización del sistema de voluntariado, y advirtieron sobre el alcance del artículo 126 del proyecto de Ley de Presupuesto, que introduce un cambio de fondo en el régimen vigente.

El artículo en cuestión crea el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, integrado por todas las agrupaciones del país, bajo la órbita del Ministerio del Interior y específicamente de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB). Al mismo tiempo, elimina la polémica Administración Nacional de Bomberos Voluntarios (ANBV), que había sido creada apenas un año atrás por la Ley Nº 20.357 como persona jurídica pública no estatal, dotada de autonomía de gestión y reconocimiento legal propio.

Los firmantes de la carta —que representan a los cuerpos de bomberos voluntarios de José Ignacio, San Jacinto, Montevideo, Fray Bentos y Young— recordaron que desde fines de 2024 vienen señalando situaciones irregulares que "afectaron el proceso de institucionalización". Entre ellas, mencionaron la existencia de actas que habrían "designado de forma ilegítima un nuevo directorio de la Administración Nacional de Bomberos Voluntarios, el uso indebido de su nombre y símbolos, y la organización de encuentros nacionales sin notificación oficial a las agrupaciones ni a la propia Dirección de Bomberos".

En la carta remitida al Parlamento, a la que accedió El País, también advirtieron que se les negó participar en la elaboración del estatuto de funcionamiento previsto por la ley, pese a haberlo solicitado expresamente, y que la primera Asamblea Nacional de Bomberos Voluntarios "no se pudo llevar a cabo por falta de cuórum representativo".

El episodio más polémico se produjo en diciembre de 2024, cuando se realizó en Guichón un encuentro presentado como “Primer Encuentro de la Administración Nacional de Bomberos Voluntarios del Uruguay” con la presencia de agrupaciones no registradas oficialmente. Según los denunciantes, este hecho constituyó un caso de “usurpación de identidad institucional” y marcó un quiebre en la confianza hacia el proceso de consolidación.

En la documentación entregada a los legisladores también se menciona a Martín Míguez, abogado vinculado a intentos de designación irregular de autoridades de la asociación en cuestión. Sobre él, según supo El País, existe una investigación administrativa en el Ministerio del Interior.

Foto cedida a El País.

El representante de Bomberos Voluntarios de José Ignacio, Martín Cuinat, fue especialmente crítico sobre los intentos de manipular el proceso. “La Ley 20.357 que se publicó el año pasado tiene procesos para reglamentarse, y ahí está el problema. Ese proceso lo tiene que llevar adelante la Dirección Nacional de Bomberos, pero este tipo (Miguez), quiso ventajear todo ese proceso, convencer y manipular gente, y nombrar a uno director y a otro director”, afirmó en diálogo con El País.

Cuinat agregó que varias personas se fueron apartando al notar las irregularidades y apuntó contra un episodio reciente: “Hay una foto que promociona un diario del interior de la semana pasada, donde figura un diputado y dos supuestos bomberos voluntarios muy preocupados por el artículo de la Ley de Presupuesto. Pero esos que aparecen no son bomberos voluntarios: uno es edil y la otra es segunda en una lista política. Nunca fueron a un incendio en su vida. Los conocemos perfectamente”.

El exdirector nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, dijo a El País que la Ley 20.357 fue elaborada originalmente dentro de la Dirección de Bomeros con participación de bomberos voluntarios, aunque después —según explicó— sufrió cambios impulsados por Martín Míguez y el diputado colorado Martín Melazzi. “La ley fue confeccionada en el seno de la Dirección Nacional de Bomberos con un equipo de trabajo y también con la participación de los bomberos voluntarios. Después le dieron otro tinte a la ley que no era el que nosotros pretendíamos, pero en definitiva salió aprobada por unanimidad en el Parlamento”, indicó.

Riaño sostuvo que, pese a esas modificaciones, la ley fue un logro importante porque otorgó personería jurídica al voluntariado. Sin embargo, cuestionó los pasos posteriores: “Míguez, después de aprobar esa ley, entró a hacer un trabajo tipo hormiga, a conjugar algunas cabezas de grupos voluntarios más débiles y arrastrarlas hacia un mal camino, conformando una Administración Nacional de Bomberos Voluntarios que no está bajo reglamento, no es legal y viene realizando actividades que no están acreditadas”.

El exjerarca detalló que existe una investigación interna en el Ministerio del Interior sobre Míguez y las acciones de este grupo paralelo. “Tengo entendido que hay una investigación administrativa en curso por las irregularidades que surgieron, porque crearon una administración de bomberos voluntarios ‘trucha’, que buscaba independizarse de la Dirección Nacional de Bomberos con fines desconocidos, incluso con un sentido comercial o recaudador”, denunció.

Foto: Francisco Flores.

Riaño también repasó el origen de su propuesta académica que dio base al marco legal: un estudio de tesis sobre la falta de evolución del voluntariado en Uruguay y los problemas de seguridad, capacitación y seguros que impedían su desarrollo. La ley surgió a raíz de un trabajo de tesis que el exjerarca realizó para su pasaje de grado a comisario general.

Según explicó, la normativa apuntaba a "dar herramientas legales y a permitir la creación de destacamentos mixtos en localidades sin cobertura, con fuerte aporte comunitario y supervisión estatal".

Foto cedida a El País.

Los representantes de los bomberos voluntarios remarcaron que su reclamo "no es corporativo, sino que responde a la necesidad de garantizar transparencia y respeto a la legalidad". “Nos mueve únicamente el compromiso con la transparencia, la legalidad y la consolidación de un sistema de voluntariado respetuoso de las normas y del esfuerzo de quienes, desde el anonimato, brindan su servicio a la comunidad sin esperar retribución alguna”, expresaron en el documento.

La Comisión de Presupuesto recibirá a estas cinco organizaciones el viernes 26 de setiembre. Esta comisión tiene ahora el desafío de analizar estas denuncias y ponderar el impacto de la nueva redacción presupuestal, en un escenario donde se enfrentan dos visiones: por un lado, la centralización del sistema bajo la Dirección Nacional de Bomberos, y por otro, la consolidación de un voluntariado autónomo, que busca ser reconocido y respetado en su especificidad.