NUEVA INVESTIGACIÓN

Faltaban solo nueve minutos para las nueve de la noche, hace justo un año, cuando el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, tomó el micrófono: “A las 20:10 falleció el primer contagiado por coronavirus”. Buena parte de los uruguayos escucharon esas palabras desde sus casas, en donde se habían recluido un poco por voluntad propia y otro tanto por el latiguillo “quedate en casa”. Por aquel entonces todavía se salía a los balcones a aplaudir a los médicos y se pedía que los tapabocas quedaran reservados para el personal de salud. La Organización Mundial de la Salud aún dudaba de la eficacia del uso extendido de las mascarillas.

Hoy el uso obligatorio del tapaboca resulta ser la medida de mayor percepción de eficacia por parte de la ciudadanía: ocho de cada 10 uruguayos así lo consideran. Respecto al “quedarse en casa”, pasó el efecto contrario: con el correr de los meses fue perdiendo adhesión y menos de un tercio la considera una acción eficaz.

Así lo muestra el primer informe sobre percepción de riesgo y de medidas del Observatorio Socioeconómico y Comportamental (OSEC), un equipo de investigación surgido a fin de año cuando desde el grupo de científicos que asesora al gobierno advirtieron la necesidad de estudiar el comportamiento poblacional ante el aumento de los contagios.

Fue por eso que los científicos sociales no se tomaron vacaciones y en enero, cuando las universidades estaban de receso, diseñaron la estrategia para medir la percepción de riesgo que tienen los uruguayos ante el COVID-19. ¿El motivo? Según Alejandra López Gómez, directora del Instituto de Psicología de la Salud (Udelar), “las pandemias son fenómenos biológicos, pero también sociales y psicológicos”. Esto matiza la idea de la libertad responsable, plantea López: “Las personas actúan en base a emociones, razones y valores, pero también en base a las condiciones estructurales de vida”.

Los investigadores aprovecharon la herramienta de la Usina de Percepción Ciudadana, que desde el año pasado monitorea la opinión de la población en base a encuestas periódicas que se les realizan a las mismas 400 personas, mayores de 18 años y representativas del conjunto de la sociedad uruguaya. Fue así que a mitad de febrero dieron paso a la consulta: “¿qué probabilidad cree que tiene de contagiarse con coronavirus en los próximos seis meses?”.

A esa altura de febrero, cuando los casos diarios del COVID-19 eran casi la cuarta parte de los registrados ahora, una de cada tres personas consultadas consideraba que probablemente se contagiaría con el virus en el correr del semestre. Los encuestados de niveles socioeconómicos más bajos fueron los que se creyeron con más chances de contraer la infección: 43% frente al 20% en los contextos más favorables. Esa diferencia, sin embargo, no debe traducirse como que los más pobres se cuidan más o menos. “La gente a veces asume riesgos, como exponerse a un viaje en ómnibus, porque no tiene otra opción”, explica López.

Ahora Uruguay atraviesa el escenario más crítico desde que comenzó la pandemia. ¿Aumentó la percepción de riesgo? La OSEC está en pleno trabajo de campo intentando que, al término de la Semana de Turismo, se cuente con el diagnóstico. La profesora de Psicología de la Salud adelanta que, al cambiar el contexto, “es probable que cambie el resultado”.

En ese sentido, López cree que los fallecimientos de personas conocidas, como el alcalde Andrés Abt y el comunicador Alberto Sonsol, podrían tener cierta “incidencia”. “Estas personas eran -por usar un término moderno- influencers para algunas poblaciones. Sonsol, por ejemplo, estaba vinculado a actividades populares, con alta exposición mediática y llegada a un público amplio. Es probable que este lamentable fallecimiento tenga incidencia en parte de la población y que en ellos haga mover la aguja. Pero, ¿qué hace mover realmente la aguja? No es solo un motivo”, apuntó.

Entre la medición de febrero que da lugar a este primer informe del OSEC, y a cuyos resultados accedió El País, y la medición que está en curso, también han pasado las dos conferencias de Presidencia anunciando paquetes de medidas, el inicio de la campaña de vacunación y el dato de que en Uruguay hay unos 100.000 nuevos pobres.

Ya en febrero, la amplia mayoría de la ciudadanía (67%) manifestaba estar de acuerdo con que el gobierno proporcionara asistencia económica a la gente más vulnerable. Esta manifestación no presentaba siquiera diferencias de respuestas entre los distintos niveles socioeconómicos de los encuestados.

Tampoco hubo diferencias a la hora de considerar el refuerzo del personal sanitario: el 84% estaba de acuerdo con la medida (entre quienes figuraban fuera de este porcentaje, la mayoría no manifestaba acuerdo ni desacuerdo). Ni siquiera hubo discrepancias sobre la prohibición de las concentraciones masivas: el 79% estaba de acuerdo, siendo apenas más alta la adhesión en el interior del país (83%).

En la elaboración del cuestionario de preguntas, los investigadores se basaron en las recomendaciones internacionales. Incluso incorporaron preguntas asociadas a algunas medidas que, al momento de las entrevistas, en Uruguay todavía no estaban sobre la mesa: ¿habría que testear obligatoriamente a maestros y profesores?

Dos de cada tres personas estaban de acuerdo con el testeo obligatorio a docentes, algo que sugirió el ministro Daniel Salinas semanas atrás. Para el caso de esta medida, el análisis por contextos muestra que a medida que desciende el nivel socioeconómico aumenta la adhesión al testeo obligatorio a maestros y profesores.

Al respecto, López opina: “El riesgo que estamos corriendo en esta pandemia es el de culpabilizar a las personas porque no se cuidan. Importan las condiciones para hacerlo posible; no es solo la voluntad”.