Cientos de fiscales iniciarán juicio millonario al Estado por falta de "equiparación salarial" con los jueces

Un grupo de aproximadamente 300 fiscales le harán juicio al Estado, confirmó a El País la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Claudia González. La ley determina que los fiscales deben cobrar lo mismo que los jueces, pero en 2022 se aprobó un incremento para los magistrados del Poder Judicial que nunca se sancionó para los fiscales. A lo largo de los años, el gremio pidió al Parlamento que corrigiera esa diferencia, pero en las últimas semanas la mayoría de los asociados definió llevar el caso a juicio. Desde la asociación estiman que el monto total a pagar rondará los US$ 6 millones.

La demanda se presentará “en breve”, según González, puesto que ya se recabaron todas las firmas de los asociados que querían participar. Serán aproximadamente 300, que son la “inmensa mayoría” de los socios. Buscarán que se les equipare el salario de aquí en adelante, pero también cobrar el retroactivo de los últimos años. La diferencia entre sus sueldos y los de los jueces es de aproximadamente 4,8%.

El año pasado el gobierno buscó darle una solución legislativa en la Ley de Presupuesto, pero el artículo aprobado solo se aplicaría si el 80% de los fiscales lo suscribían en los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley. Ese plazo se vence a fines de junio y no reunirá las voluntades necesarias, según sostienen desde la asociación. La mayoría de los afiliados definió ir a juicio.

Este problema de diferendo salarial se comenzó a gestar más de una década atrás, cuando en el año 2010 el Poder Ejecutivo fijó un aumento de 26% para los sueldos de los ministros de Estado. En ese momento, querían igualarlos a los de los diputados y senadores. Ese aumento comenzó a cobrarse a partir del 1º de enero de 2011. La ley de la Judicatura (la que regula, entre otras cosas, los sueldos de los jueces) establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo cobrarán lo mismo que los secretarios de Estado. A su vez, el resto de los jueces -según su rango- obtienen como remuneración un determinado porcentaje de ese sueldo que cobran sus superiores.

Luego de varias idas y vueltas en las que se buscaron soluciones legislativas que fueron declaradas inconstitucionales, grupos de jueces y fiscales le hicieron juicio al Estado. Otros, por su parte, firmaron un acuerdo que ofrecía una corrección por un porcentaje menor al 26%. A eso se sumaron otras leyes que buscaron corregir la disparidad.

Esto generó que hubiera personas tanto dentro del Poder Judicial como de la Fiscalía que cobraran diferentes sueldos por hacer el mismo trabajo, dependiendo si habían reclamado o no y si habían hecho juicio o habían acordado, explicó a El País el expresidente del gremio de fiscales Willian Rosa. La diferencia rondaba el 4,8%.

Buscando corregir esa discrepancia fue que en 2022, el oficialismo de ese momento impulsó una solución. Se pagaría 1% a partir de enero de 2023 y otro 3,7% a partir del año siguiente. Para esto último, el artículo 357 de la Ley de Rendición de Cuentas previó una partida de $ 106,4 millones. Se buscó con esto “emparejar” los sueldos dentro de la institución. Pero este artículo solo previó partidas para el Poder Judicial y no para la Fiscalía, que seguiría teniendo el mismo problema.

El artículo 51 de la ley orgánica de la Fiscalía establece las remuneraciones y determina que cada “rango” cobrará lo mismo que su cargo espejo en el Poder Judicial. El fiscal de Corte cobrará lo mismo que los ministros de la Suprema Corte, los fiscales letrados de Montevideo lo mismo que los ministros de los tribunales de apelaciones, etc. Al haberse corregido para una institución y no para la otra, la mayoría de los fiscales entiende que se está rompiendo esa equiparación que prevé la ley.

Este fue un reclamo que realizó la Asociación de Fiscales los años siguientes a la aprobación de ese artículo en la Comisión de Presupuesto en el Parlamento. El año pasado, el gremio de fiscales le pidió a las autoridades del gobierno solucionar el problema y así evitar el juicio, del que ya habían hecho las “diligencias preparatorias”, según recordó Rosa, que en ese momento todavía era presidente. La propuesta de la asociación era que los fiscales renunciaran a cobrar el retroactivo de los años que no habían tenido el salario equiparado, pero que sí se les pagara lo que, insisten, les corresponde a partir de allí. Es decir, ese 4,8% más. Para eso se precisaban, explicó el expresidente, $ 65 millones. Esto, dijo, se les fue negado por parte del Ministerio de Economía.

Luego de negociaciones a nivel parlamentario, finalmente en 2025 se terminó aprobando un artículo que pretendía sanear esta situación, esta vez, para los fiscales. El artículo 557 de la Ley de Presupuesto determina un aumento de 1,86% para 2026 y del entorno de 0,7% anual entre 2027 y 2030 inclusive. De esta manera, llegaban a cubrir el 4,8% de diferencia que tenían con los jueces. Con esta solución, renunciarían al retroactivo.

La aplicación de este artículo, sin embargo, está sujeto a que el 80% de los fiscales firmen a favor en los primeros 180 días de que la ley entrara en vigencia y desde el gremio afirman que no sucederá. Tras años de negociaciones, finalmente los fiscales llevarán al Estado a juicio.