NUEVA NORMATIVA

Tras ser aprobado por la Junta Departamental de Montevideo, se encuentra en su etapa de reglamentación un decreto para la prevención y el abordaje del acoso sexual en espacios públicos o de acceso público. La normativa reconoce que se trata de un problema social, define qué es y cómo se expresa el acoso sexual, y determina responsabilidades del gobierno departamental para abordarlo.

Entre otras cosas, el decreto prevé como obligaciones de la IMM “diseñar en conjunto con las empresas un plan de capacitación para el personal del transporte”, así como “incorporar información sobre la temática en los medios de transporte y vías para realizar denuncias”.

A su vez, plantea el diseño en conjunto con los responsables de los espacios privados de acceso público (tales como locales bailables, boliches, pubs) de un “plan de capacitación” para su personal.

El decreto también señala que el gobierno departamental deberá adoptar medidas para “sensibilizar a la ciudadanía y al funcionariado de la Intendencia de Montevideo que se desempeñe en el nivel departamental y municipal, sobre la problemática y normativa presente”.

Y exhorta a las empresas contratantes de la IMM en vía pública a que también “sensibilicen a su personal en relación a la problemática y la normativa”.

La nueva normativa aprobada por la Junta detalla que “el acoso sexual en los espacios públicos o de acceso público, en el transporte público o transporte privado de interés público, puede manifestarse en las siguientes conductas: actos, comentarios, miradas e insinuaciones de naturaleza sexual, de tipo verbal o gestual; tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo, masturbación o exhibicionismo”. También califica como acoso las “fotografías o grabaciones no consentidas” y la “persecución o seguimiento”.

El decreto agrega que “el acoso sexual en los espacios públicos o de acceso público, en el transporte público o transporte privado de interés público, es una manifestación de la violencia basada en género que afecta los derechos de las personas, en particular de las mujeres”.

“Es una conducta física o verbal de naturaleza sexual o connotación sexual realizada por una o más personas contra otra u otras personas sin su consentimiento, que afecta la dignidad y derechos fundamentales como la libertad, integridad y libre tránsito de la persona acosada, genera intimidación, hostilidad, degradación, humillación y un ambiente ofensivo en esos espacios o medios de transporte”, destaca el texto.

El acoso sexual callejero ha sido expuesto como vivencia generalizada de las mujeres en varias investigaciones de campo. La encuesta Habitar Urbano en Montevideo y Área Metropolitana, realizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar en 2019, constata que el 86,3% de las mujeres que tienen entre 18 y 44 años vivieron acoso sexual en los espacios públicos al menos una vez en su vida, siendo los agresores en el 90% de los casos hombres desconocidos. Es más frecuente el acoso hacia las más jóvenes y las de ascendencia afro.

En 2017 la Intendencia de Montevideo comenzó a trabajar con ONU Mujeres en el Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.

Montevideo se integró a este programa como la ciudad número 33, con la oportunidad de conocer experiencias de distintos gobiernos del mundo y sus estrategias elaboradas en función de sus propias realidades.

En este contexto fue que se lanzó en 2018 la campaña “Montevideo, ciudad libre de acoso”, que recorrió con diferentes intervenciones varios puntos de la capital.