CONSEJOS DE SALARIOS

Se trancó acuerdo con públicos

Sindicatos dicen que el gobierno afecta el derecho de huelga con una polémica cláusula.

“No admitimos que los patrones nos digan cómo parar”, señaló a El País uno de los dirigentes, Mariano Pouso. Foto: Francisco Flores.
“No admitimos que los patrones nos digan cómo parar”, señaló a El País uno de los dirigentes, Mariano Pouso. Foto: Francisco Flores.

El convenio colectivo entre el gobierno y los sindicatos de trabajadores de los entes y empresas públicas debería haber estado vigente a inicios de enero, hace ya casi tres meses. Pero lo cierto es que los casi 26.000 funcionarios públicos aún esperan porque la negociación se trancó y nada indica que pueda haber un acuerdo a corto plazo.

El problema no es el aumento de sueldo, que el Poder Ejecutivo ya fijó en 7,96% para los funcionarios. Todo se complicó con una cláusula de paz que planteó el gobierno: varios de los gremios que integran la Mesa Coordinadora de Entes entienden que se limita el derecho de huelga y se afecta la autonomía sindical.

“No admitimos que los patrones nos digan cómo parar”, dijo a El País Mariano Pouso, coordinador de la Mesa de Entes y dirigente de la Unión Ferroviaria.

Gonzalo Castelgrande, de la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE), lo explicó así: la preocupación del Poder Ejecutivo radica en que se viene de un año de varios conflictos en el Estado, en particular con reclamos de los sindicatos de los entes contra el recorte de inversiones, privatizaciones y baja de tarifas, todos casos donde “el gobierno es el patrón”.

Pero, además, este convenio se firma en año electoral y con la preocupación del gobierno de que se pueda desarrollar sin problemas ni mayores conflictos la construcción de la planta de UPM, afirmó Castelgrande. Por eso, en su interpretación, el Ejecutivo plantea un “paquete general” de medidas para dar garantías y un control “para que no se desmadre la cosa”.

Lo que dice

¿Qué plantea el Poder Ejecutivo en la cláusula? La idea es intentar evitar la posibilidad de que haya paros en el Estado. Primero, la cláusula dice que si se produce una controversia en la interpretación del convenio, las partes deberán avisar en forma escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según el texto al que accedió El País.

Segundo, que las partes se comprometen a dirimir sus diferencias mediante la negociación colectiva durante un plazo mínimo de diez días y sin aplicar medidas.

Tercero, que si allí no se ponen de acuerdo y siempre antes de decidir un paro, deben convocar a una nueva negociación, esta vez de siete días ante el Consejo Superior de Salarios.

Cuarto, que durante el convenio las partes no aplicarán medidas gremiales o administrativas por los aspectos incluidos en el acuerdo. Si lo hacen, se habilitará a la otra parte a rescindir el convenio.

El quinto y último punto es el más polémico. El Poder Ejecutivo podrá rescindir el convenio si un sindicato adopta medidas gremiales que afecten exclusivamente a sectores o actividades específicas de cada empresa. Es decir, o se para toda la actividad del ente o para un sector y cae el convenio.

El director nacional de Trabajo, Jorge Mesa, dijo a El País que se busca evitar que un conflicto general afecte en particular a un sector. Mesa agregó que ya existen cláusulas similares en otros acuerdos colectivos, por ejemplo en el sector privado. “Se hace porque queremos trabajar más a fondo en los elementos de prevención de conflictos. No es por antojo, es porque recogemos una experiencia y tratamos de ser más eficientes”, indicó.

Opiniones

¿Se afecta el derecho de huelga? “No es una limitación. Cuando un sindica- to firma una cláusula de paz, no se afecta por imposición el derecho de huelga, sino que se autorregula la huelga”, respondió el director de Trabajo.
Pouso, de la Unión Ferroviaria, opina lo contrario: dice que sí se trata de una limitación del derecho de huelga porque la libertad de los trabajadores está en definir el alcance de las medidas. “Es inaceptable, no las puede definir el gobierno; el gobierno no vota en las asambleas”, indicó Pouso.

En la misma línea, la sindicalista de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) Nathalie Barbé, quien participa en las negociaciones como coordinadora de la mesa de entes, dijo que el gobierno quiere discutir la proporcionalidad de los conflictos y eso es “una forma de coartar las libertades de movilización, independencia y estrategia” de los sindicatos. “No lo vamos a permitir”, advirtió. “Es una innovación lo que plantean, cualquier conflicto puede poner en juego el convenio”, indicó Barbé. “Se presenta como una mediación, pero el problema es que si la otra parte no cumple, ¿qué pierde? Nosotros perdemos el convenio”.

La cláusula es “excesiva” a su juicio porque a cambio los trabajadores ganan poco. El Ministerio de Economía otorga una partida de alimentación (que hoy se cobra solo en algunos entes) y unifica un sistema de retribución variable.

Castelgrande coincidió con sus compañeros en que el gobierno “se mete en las decisiones de cada gremio”. Y explicó: “Hay una tendencia a reglamentar el accionar sindical. En UTE tenemos cláusulas de prevención de conflictos des- de 1992, pero no nos pueden decir dónde aplicar las medidas de lucha”. Eso sí, Castelgrande dijo que el sindicato de UTE tiene intención de firmar el convenio y hacen “esfuerzos” para eso.

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