Redacción El País
El Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Suinau) expulsó a José Ignacio López, hijo del presidente de la agrupación, José Lorenzo “Joselo” López. Esto luego de una investigación que concluyó que, como coordinador del complejo de vacaciones del sindicato en el balneario Costa Azul, José Ignacio López se quedó con el cobro de cinco alquileres de cabañas, según informó Búsqueda y confirmó El País.

Las irregularidades, detectadas meses atrás, motivaron que López fuera suspendido como coordinador del complejo de vacaciones y se iniciara una investigación, que finalmente determinó que algunos cobros de las cabañas los hacía en su cuenta personal y no en la del sindicato, y que después no transfería el monto.

En diálogo con El País, Joselo López, quien además de presidir el Suinau es secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (Cofe) y vicepresidente del Pit-Cnt, dijo que el Consejo Directivo del sindicato tuvo sobre la mesa dos mociones, luego de la investigación: una proponía expulsar al involucrado y la otra suspenderlo por cuatro meses.

La lista de Joselo López propuso la suspensión, mientras que otras plantearon el cese, pero la corriente del presidente finalmente se inclinó hacia la suspensión para evitar problemas políticos a días de las elecciones, que serán la semana que viene.

“Como estábamos en un proceso eleccionario entendíamos que lo que podía solucionar una situación compleja era votar la expulsión y dar el plazo que corresponde para la apelación”, dijo, por lo que José Ignacio López tiene plazo para argumentar a su favor hasta la realización del próximo Plenario Nacional.

“Si él presenta un recurso al Plenario Nacional va a ser este el que defina si la sanción queda firme o si se modifica”, aclaró el presidente del sindicato.

Ante el pedido de una opinión sobre la situación, Joselo López respondió: “Me cuesta porque en definitiva hay una relación directa, pero está claro que acá hubo una irregularidad que se comprobó y que en función de esa irregularidad había que tomar una decisión”.

La investigación determinó que en total fueron cinco los cobros irregulares que se hicieron “y que no llegaron a las arcas del sindicato”, que totalizaron cerca de $ 32.000.