Redacción El País
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) se movilizó ayer ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en reclamo del cese de un jerarca tras el suicidio de un funcionario.

Según un comunicado de los trabajadores, la concentración se hizo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) “para manifestar en forma pacífica” su denuncia al director general de Servicios Administrativos por acoso laboral.

El pasado viernes los funcionarios pararon en reclamo de la renuncia del jerarca, a quien denunciaron por acoso laboral y responsabilizaron del suicidio de un funcionario.

“No puede permitirse que desde el poder garante de la justicia del Estado no se adopten las medidas necesarias para proteger a las víctimas y esclarecer los hechos y responsabilidades”, afirmaron los trabajadores en un comunicado, donde excluyeron a la ministra Doris Morales, presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Morales considera que el jerarca cuestionado debe renunciar a su cargo.

En la jornada de ayer, los trabajadores convocaron a un nuevo paro con el objetivo de solicitar “que en forma inmediata se disponga la remoción” del jerarca.

El comunicado contó con el apoyo de la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay (Adaju); la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu); la Asociación de Informáticos Judiciales del Uruguay (Asiju); la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay (AMFU) y la Asociación de Psicólogos del ITF del Uruguay (Apitfu).

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió ayer otro comunicado a raíz del paro de funcionarios en reclamo de la salida del director general de Servicios Administrativos. “A la fecha las gremiales solo han efectuado una denuncia genérica sin presentar pruebas concretas al respecto”, dijo la Corporación. En tanto, dado que las conductas descritas “son graves y se atribuyen a personas individualizadas que cumplen funciones en la Dirección General de Servicios Administrativos”, la Suprema Corte determinó el inicio de una investigación administrativa urgente al jerarca, “aun cuando en la denuncia no se identifican” cuáles son las personas afectadas. “Toda persona, ante la acusación de haber desarrollado conductas irregulares o ilegítimas, goza del elemental derecho a ser oído y a proponer y producir prueba en su defensa”, aseguró el comunicado del Poder Judicial, enfatizando que, a pesar de que el rol del director general de Servicios Administrativos es un cargo de confianza “en grado alguno le priva de tales derechos fundamentales”.

La investigación administrativa “será llevada a cabo por un instructor absolutamente imparcial, Ministro de Tribunal de Apelaciones, con la jerarquía y experiencia funcional necesarias para llevar adelante la función encomendada, de modo de otorgar las mayores garantías a denunciantes y denunciados”, resaltó la SCJ.

Foto: Francisco Flores

Por el momento, el jerarca denunciado se encuentra de licencia reglamentaria, desde antes de denunciarse estos hechos. “A su reintegro se dispondrá, como medida cautelar, que preste sus funciones en lugar diferente al de la Dirección General, de manera de evitar situaciones de conflicto o interferencias inconvenientes, hasta que culmine la investigación dispuesta”, expresó el Poder Judicial.

Sin embargo, ayer, el jerarca cuestionado por el gremio presentó su renuncia.